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| 3/5/2009 12:00:00 AM

Don Berna tiene 45 días para demostrar seriedad en proceso de justicia y paz



Por
Juan Diego Restrepo E.
Enviado especial

New York, marz. 4 (IPC) Un juez federal norteamericano le ha dado 45 días al confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como alias don Berna, para que comparezca desde Estados Unidos al proceso de Justicia y Paz que se sigue en Colombia con los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

La decisión fue tomada este miércoles por el juez Richard M. Berman, del Distrito Sur de New York, que conoce del proceso penal contra alias don Berna por los delitos de conspiración para importar cocaína y lavado de activos, al responder una solicitud que presentó la madre de un joven desaparecido de manera forzada a finales de noviembre de 2002 por miembros del Cacique Nutibara de las Auc, bajo el mando del jefe paramilitar, semanas después de finalizada la llamada Operación Orión.

“En conclusión, se le dará a la defensa del señor Murillo Bejarano 45 días para que puedan hablar con las autoridades en Colombia y darle un chance para que participe en el proceso de Justicia y Paz que se lleva en ese país”, afirmó el juez Berman al final de la audiencia, a la que compareció el jefe paramilitar, quien escuchó la decisión con ayuda de un traductor y todo el todo tiempo se mostró inquieto. La decisión también incluyó la postergación de la fecha de la audiencia de sentencia, que fue fijada para el 22 de abril a las 10:30 de la mañana.

Si bien negó el carácter de víctima de la peticionaria de la Comuna 13, pues a su juicio no se ajusta a las normas de la Ley conocida como Crime Victims Rights Act (CVRA, por sus siglas en inglés) y por ende cualquier posibilidad de restitución económica, el hecho de que se le den 45 días a alias don Berna para que comparezca ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz es una manera de presionar para que asista y colabore con las autoridades colombianas en el proceso de verdad, justicia y reparación que se sigue en ese país, y de paso se le pueda hacer un seguimiento estricto.

“Nos han dado un plazo hasta el 15 de abril para presentar un escrito. En él vamos a tener la posibilidad de opinar sobre la efectiva participación de alias don Berna durante el tiempo dado por el Juez”, explicó Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica Legal de Derechos Humano Internacionales de la Universidad de California, Berkeley, “eso significa que haremos una especie de veeduría para ver cuán efectiva es”.

Además, se logró que los fiscales que acusan a Murillo Bejarano se comprometieran con los representantes de las víctimas para que su representada fuera consultada y que su testimonio pueda tener un impacto concreto sobre la sentencia en el sentido de que sean incorporados a la pena la gravedad de los crímenes cometidos por alias don Berna y sus hombres.

El juez Berman recortó en 15 días la solicitud hecha por la defensa de Murillo Bejarano de 60 días, lo que fue calificado de salomónica, pues la Fiscalía se opuso a esa petición: “tuvo tres años en Colombia para participar en el proceso de justicia y paz y hacerlo voluntariamente. ¿Por qué está pidiendo más tiempo ahora? Eso no tiene sentido”. De 16 audiencias programadas antes de su extradición el 13 de mayo de 2008, sólo asistió a cinco. Además, no ha comparecido desde que está recluido en las prisiones norteamericanas.

Los fiscales explicaron que en ese tiempo alias don Berna buscará una mayor participación en Justicia y Paz para sensibilizar al juez y lograr una rebaja de la pena, que la parte acusadora tasó en 405 meses.

Aunque los representantes de la víctima consideran que la decisión del juez se convierte en un mecanismo de presión sobre Murillo Bejarano, quien no ha comparecido como se debiera al proceso de Justicia y Paz, su defensa considera que eso no es cierto

“Él no compareció ante Justicia y Paz porque, en parte, el Inpec (Instituto Penitenciario y Carcelario, que depende del Ministerio del Interior y de Justicia) se lo impidió de manera sistemática no brindándole las condiciones médicas necesarias, sobre todo cuando estuvo en las cárceles de Cómbita y La Picota”, explicó Diego Álvarez, coordinador de la defensa del jefe paramilitar y quien, junto a Antonio López, alias Job, fue uno de los invitados a la Casa de Nariño que ingresó por los sótanos para llevar presuntas pruebas de un complot contra el Gobierno fraguado desde la Corte Suprema de Justicia.

Álvarez aseveró que al momento de la extradición de su representado, no había merito para su extradición: “habría que preguntarle al presidente Álvaro Uribe por qué tomó esta decisión”.

Durante la audiencia, la defensa afirmo que Murillo ha entregado de manera voluntaria más de US$ 20 millones en bienes al Fondo de Reparación de Victimas. “Ha entregado a la autoridades colombianas 113 propiedades ubicadas en el departamento de Córdoba y una más en el municipio de San Vicente del Caguán de 14 mil hectáreas. Lo que pasa es que de eso no nos gusta hablar en público”, declaró el abogado.

Pero tal afirmación riñe con la realidad. En sus primeras versiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en julio de 2007, Murillo Bejarano aseveró que sólo tenía “una finca y una casita", lo que fue percibido como una manera de evadir la responsabilidad de reparar a las víctimas. Los bienes que registran las autoridades han sido incautados por las autoridades colombianas en procedimientos policiales y no por la decisión del jefe paramilitar de entregarlos. Incluso, no es seguro que esos bienes pasen al Fondo de Reparación creado en la Ley de Justicia y Paz para compensar a las víctimas de la barbarie paramilitar, pues allí no se admiten propiedades que estén en proceso de extinción de dominio.

El abogado Oscar Correa, de la Corporación Jurídica Libertad, organización que impulsa este proceso en Estados Unidos, sostuvo que lo decidido por el Juez Berman “se constituye en una salida intermedia, toda vez que permite a las víctimas ser escuchadas en procesos judiciales en Estados Unidos, remitiéndolas a los instrumentos previstos en la legislación Colombiana para acceder a la reparación e indemnización”.

Expresó además el escepticismo de las organizaciones no gubernamentales colombianas en relación al aporte eficaz de Diego Fernando Murillo Bejarano a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas del accionar criminal de las organizaciones paraestatales, toda vez que su comparecencia al proceso de justicia y paz ha estado determinada por el único propósito de acceder a una pena de prisión alternativa, llegando al extremo de ufanarse de la desaparición y asesinato de varios pobladores de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, a quienes temerariamente ha señalado de ser auxiliadores de la guerrilla.

Finalmente recordó que mientras los jefes paramilitares y el Gobierno colombiano, contraviniendo el concepto de la Corte Suprema de Justicia, han reclamado su condición de delincuentes políticos motivados por el móvil de redención social para justificar la concesión de los beneficios jurídicos previstos por la Ley de Justicia y Paz, ante la Fiscalía de los Estados Unidos reconocen su calidad de narcotraficantes, con lo que pretenden desvirtuar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y no responder por ellos.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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