Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/11/14 00:00

El riesgo de aprobar una mala ley de víctimas

Si el proyecto que excluye a las víctimas del Estado de la reparación administrativa, pasa así, sería la primera vez en el mundo que una norma califica a los afectados por la guerra, según el calibre de las balas.

El riesgo de aprobar una mala ley de víctimas

La aprobación, por la mayoría del Congreso, de diversas modificaciones al proyecto de Ley de Víctimas, obtenido después de un laborioso proceso legislativo, que incluyó consultas ciudadanas en distintos puntos del país, genera una situación muy negativa tanto para las víctimas, como para el propio Estado colombiano. El proyecto que resultó pone a las víctimas en peores condiciones a la que se encuentran actualmente. Por eso sería mejor que las distintas posiciones en torno a este tema se tomaran un tiempo mayor para reflexionar sobre las implicaciones prácticas de una ley que pondrá a Colombia en el disparadero de acciones judiciales interminables y en cuestionamientos internacionales.

El proyecto de ley que había sido aprobado por unanimidad en el Senado y que se presentó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, requería ser mejorado en varios aspectos, incluyendo algunas propuestas discutibles sobre los procedimientos de restitución de tierras. Sin embargo, avanzaba en una aproximación integral al concepto de reparación y establecía nuevos programas que consolidarían los de asistencia y ayuda humanitaria que venían siendo desarrollados por Acción Social.

El proyecto planteaba la inclusión de todas las víctimas, sin distinción, pero el Gobierno consideró que las víctimas del Estado no podían ser incorporadas debido a que ello implicaba el reconocimiento de la responsabilidad estatal frente a las violaciones producidas. Así mismo, la bancada oficial sostuvo con vehemencia que el principio de solidaridad era éticamente superior al de la responsabilidad. Se plantearon también diversas reservas sobre la viabilidad fiscal del proyecto y sus implicaciones en el erario público.

En lo único que el Gobierno puede tener parcialmente razón es en el último aspecto. A diferencia de otros países en donde se han establecido programas de reparación, en Colombia no hay certeza respecto al número de víctimas y éstas se siguen produciendo debido a que la violencia continua. No obstante, las normas internacionales sobre la materia y la experiencia en otras latitudes demuestra que no es exigible al Estado sufragar de inmediato todos los costos asociados a la reparación, sino que es perfectamente posible el desarrollo de programas en un período relativamente largo a través de pagos individuales, beneficios colectivos y programas sociales especialmente dirigidos a las víctimas.

Por otro lado, si bien corresponde al Estado la principal responsabilidad en la cobertura financiera de las reparaciones, la comunidad internacional puede y debe complementar estos esfuerzos. Hay opciones para cubrir financieramente estos programas, como lo demostró el Perú con el uso de mecanismos de canje de deuda externa por inversión en zonas afectadas por la violencia.

Más difícil de entender es la resistencia del Gobierno y de otras instituciones estatales a incluir a las víctimas de Estado en programas de reparación. El argumento según el cual incluirlas implicaría reconocer automáticamente la responsabilidad jurídica del Estado en la violación y, por tanto, abrir procesos judiciales contra quienes resulten responsables, no es correcto. Los programas de reparación, cuando son administrativos, no implican directamente el reconocimiento de la culpa de un agente estatal en concreto, sino que es consecuencia del deber que tiene cualquier estado de garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin excepción ni discriminación alguna.

Tomando como referencia la experiencia internacional en programas de reparación en Argentina, Chile, Sudáfrica, Camboya, Perú y Guatemala, esta sería la primera vez en el mundo en el que se excluyen a las víctimas del Estado de programas de reparación administrativa. Como se ha indicado, si alguna víctima requiere doble reconocimiento es aquella que fue agraviada por quienes supuestamente estaban para protegerla y defenderla. Discriminar a las víctimas del Estado generaría, por tanto, una doble injusticia y crearía una casta de olvidados, que deben transitar por los largos procesos judiciales para obtener el reconocimiento del Estado.

La respuesta de la mayoría parlamentaria no ha podido ser más inadecuada. Se propone que las víctimas de agentes del Estado sean reparadas sólo si hay un reconocimiento judicial explícito de la responsabilidad y que, además, los jueces deberán someterse a los límites indemnizatorios que el decreto administrativo de reparaciones estableció. Esto pone a las víctimas de agentes del Estado en una situación peor a la actual, pues deberán aguardar el término del procedimiento judicial (que puede durar varios años) para recibir la misma cantidad que obtendrán las víctimas de las organizaciones armadas ilegales en un plazo no mayor de 18 meses. Más allá que difícilmente los jueces pueden someterse a tablas indemnizatorias sin infringir la autonomía que la Constitución les reconoce, la propuesta desnaturaliza el concepto de reparación, vinculándolo a los razonamientos judiciales que exigen certezas plenas que son difíciles de probar.

En la mayor parte de los países mencionados, no se discutió cuál era el fundamento de la reparación. En todo caso, dicha reflexión correspondió a los procedimientos de esclarecimiento histórico que generalmente preceden a los programas específicos. Es importante que en el debate pendiente se analice la manera en que el reconocimiento forma parte de la reparación. Reparar no es sólo ni principalmente girar un dinero, sino reconocer socialmente a la víctima como un sujeto con el que se tiene una deuda, que puede ser pagada progresivamente, pero que inexorablemente habrá que honrar.

El Congreso y el Gobierno deben dilucidar si lo que se quiere es calificar a los muertos y desaparecidos en función del calibre de las balas, o en función de la dignidad de todos ellos.


* Javier Ciurlizza, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización que aporta información comparativa, análisis legal y de políticas, documentación e investigación estratégica en justicia transicional en más de 30 países del mundo.

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