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| 7/9/2010 12:00:00 AM

Ingrid Betancourt y su demanda: ¿prosperará?

La Procuraduría asumió la conciliación de la demanda contra el Estado colombiano presentada por la ex candidata presidencial. Analistas coinciden en que el Estado tiene las de ganar.

Las pretensiones de Íngrid Betancourt y su familia, en su acción jurídica contra el Estado colombiano, por no garantizar su derecho a la libertad, se elevan a más de 15 mil millones de pesos. La acción de conciliación fue asumida por la Procuraduría, y puede ser el primer paso de un proceso jurídico más dilatado.

Las pretensiones acumulan dos solicitudes: la de Betancourt, y la de su madre, Yolanda Pulecio; su hermana, Astrid Betancourt, y sus hijos Melanie Delloye y Lorenzo Delloye, por perjuicios morales y materiales. La suma exacta de su reclamo suma 15.431.351.537 pesos.

El Delegado para la Conciliación Extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, Isnardo Jaimes, explicó que luego de recibirse la solicitud, el trámite establece que “una vez analizados los requisitos de forma se citará a una audiencia pública a los convocados en un término de 30 días”.

El Ministerio Público tendrá entre dos y tres meses para definir si llega o no a la conciliación, en caso de conciliarse precisó que el acuerdo será remitido al juez competente, en este caso el Tribunal, “para que decida si lo aprueba o no”. Si no hay acuerdo, “se entregará una constancia al convocante para que pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a presentar la acción de reparación directa”.

Algunos expertos juristas, al ser consultados por Semana.com, consideraron que Íngrid Betancourt, como ciudadana, tiene todo el derecho de interponer acciones jurídicas por su secuestro. Sin embargo, coinciden en calificar como “muy remoto” que pueda conseguir sus pretensiones.

“Siempre que hay una afectación a un derecho fundamental, en este caso la libertad, se puede interponer una demanda”, le dijo a Semana.com Juan Fernando Jaramillo, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia). Pero otra cosa es que prospere la demanda, escenario que advierte muy poco probable.

Según Jaramillo, si el Estado advirtió los riesgos, y si se tiene en cuenta que otros candidatos a la presidencia se abstuvieron de ir a la antigua zona de distensión, “podría demostrar su diligencia, y fue Ingrid la que se expuso voluntariamente al riesgo”.

Camilo Sánchez León, también investigado de DeJusticia, aseguró que ningún juez en Colombia, ni en el mundo, puede responsabilizar al Estado por el tiempo que duró secuestrada Ingrid Betancourt. “Un juez no le puede decir al Estado cómo debió haber procedido”.

Jairo Libreros, experto en temas de seguridad, acude a dos jurisprudencias del Consejo de Estado para advertir que la demanda de Íngrid Betancourt fracasará en los estrados judiciales.

Libreros dice que la jurisprudencia existente obliga al Estado a garantizar seguridad pública y seguridad personal.

En cuanto a la seguridad pública, el Estado podría ser demandado si no pone todos los medios legales y lo que está a su alcance para garantizar la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio. “En este caso, el Estado puso sus medios, e incluso advirtió los riesgos, por lo que no tendría responsabilidad”, dice el analista.

En lo que respecta de la seguridad personal, el Estado puede ser demandado si no brinda garantías a personas amenazadas y con alto riesgo de seguridad. “En este hecho concreto, Íngrid Betancourt renunció a las recomendaciones del Estado por lo que pierde la posibilidad de reclamar las garantías”, considera Libreros.

El analista también considera que Ingrid puede demandar por la falla en el servicio del Estado que no consiguió su liberación en un tiempo razonable.

Sin embargo, dice Libreros, en este caso la demanda tampoco podría prosperar por la circunstancia de que Yolanda Pulecio, madre de Ingrid, y Juan Carlos Lecompte, su esposo, pidieron por escrito al gobierno no adelantar operativos militares conducentes a su rescate. “Una demanda al Estado solo sería procedente, si, con este antecedente, el gobierno adelanta un operativo y en su desarrollo muere uno de los secuestrados”.

Jairo Libreros califica la postura de Ingrid Betancourt y su familia “de tener tintes oportunistas y de enriquecimiento personal” y que esta intención de demanda “puede ser asumida como su renuncia a la vida pública y a sus aspiraciones políticas”. Además, dijo el analista, “Íngrid debería recordar que el dinero de las indemnizaciones que paga el Estado salen de los impuestos de los ciudadanos, los mismos que se movilizaron siempre en procura de su liberación.

MinDefensa rechaza demanda de Betancourt

A pocas horas de conocer la decisión de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y su familia, de presentar una acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa en la que exige el pago de más de 15.000 millones de pesos, por los perjuicios ocasionados durante su secuestro de más de seis años, se produjo la primera respuesta oficial por parte del Gobierno.

El secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira, confirmó en un comunicado de prensa que el pasado 30 de junio se recibieron de la familia Betancourt dos solicitudes de conciliación extrajudicial por parte de Betancourt, su madre, Yolanda Pulecio, sus dos hijos y su hermana. "Convocan a la nación y al Ministerio de Defensa para conciliar (...) los perjuicios que en opinión de ellos le fueron causados con ocasión del secuestro de la señora Ingrid Betancourt" a manos de la guerrilla de las Farc, señaló el mensaje.

La indemnización que pide la familia Betancourt supera los 15 mil millones de pesos, pues la suma que solicita Ingrid por daños y perjuicios, afectación psicológica y mental es de 5 mil 500; mientras su mamá y sus dos hijos piden una indemnización por 9 mil 609 millones de pesos.

Los procedimientos legales señalan que en caso de no existir una conciliación entre el Ministerio de Defensa y la familia Betancourt, tendrán que pasar a una demanda ante un juez.

La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército, el 23 de febrero de 2002, día de su secuestro por las Farc le garantizaron que nada sucedería y que no corría peligro.

Sin embargo, según el comunicado del Ministerio de Defensa, "Betancourt, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política".

El mensaje puntualizó que el Gobierno colombiano está seguro de que no existe "ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en esos hechos".

Para Camilo Gómez, quien era el comisionado de paz en el momento en que fue secuestrada Betancourt, “no existe ningún tipo de justificación ante la acción de conciliación. El Estado advirtió sobre el peligro que corría. El propio Ministro de Defensa y yo nos encargamos de explicarle que dados los combates que se presentaban en la zona, no era prudente, ni posible, ni conveniente”.

El ex comisionado del gobierno de Andrés Pastrana aseguró que existen documentos firmados por la ex candidata presidencial que evidencian que ella aceptó desplazarle hasta San Vicente del Caguán bajo su propia responsabilidad. Camilo Gómez señaló que después de conocer la decisión de la familia Betancourt tuvo la posibilidad de hablar con el presidente Pastrana quien, desconcertado, dijo que “todo está perfectamente documentado en cuanto a las advertencias, tanto así que los demás candidatos presidenciales no fueron”.

El vicepresidente Francisco Santos se refirió a la acción de Betancourt. Se mostró indignado por la millonaria solicitud y señaló que “como víctima del secuestro, es una puñalada que le clavan a las personas de la fuerza pública, que han muerto rescatando colombianos, a todos los que hicieron esta operación (Jaque) arriesgando sus vidas y a todos los que hemos sufrido el secuestro”.

Mientras tanto, Alán Jara, ex gobernador de Meta y ex secuestrado, apoyó la decisión de Íngrid Betancourt y aseguró que no descarta emprender la misma acción.

Se conoció que la acción de conciliación de Betancourt ya está en manos del procurador delegado, Gabriel Eduardo Herrera. La Procuraduría tendrá 30 días para citar a audiencia a ambas partes.

El secuestro

El 23 de febrero de 2002, la entonces candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, fue secuestrada por las Farc cuando se movilizaba de Florencia a San Vicente del Caguán. Ella estaba empeñada en llegar allí. Al lugar donde tres días antes el Presidente de ese momento, Andrés Pastrana, había roto los diálogos con las Farc, y donde el peligro era inminente.

Pero Íngrid dijo que quería solidarizarse con el pueblo. “Hay que estar en las buenas y en las malas con la gente de San Vicente”, dijo Betancourt, rechazando así las advertencias de la Policía, el DAS, el Ejército y el Gobierno, que señalaban el peligro que podría correr en su intento por llegar a dicha zona. Y se aventuró. Viajó por tierra porque le fue negada su solicitud de hacerlo en los helicópteros militares que llevaban a la comitiva presidencial.

Ella insistió. Acompañada por quien era su jefe de campaña, Clara Rojas; un fotógrafo, un camarógrafo y un ingeniero, emprendió camino, en el que se encontraron con un retén, donde nuevamente le advertían el peligro que corría al seguir con su propósito. Pero siguió. Íngrid y Clara fueron retenidas por las Farc. Un día después la guerrilla informó que el plagio de la candidata era “netamente político” y señaló que permanecería en su poder hasta “por lo menos un año”, antes de ser “canjeada por detenidos”. Andrés Pastrana confirmó entonces el secuestro.

La responsabilidad o no de la ex candidata al desacatar las advertencias sobre el riesgo que corría en su intento por llegar a San Vicente del Caguán es ahora, después de ocho años, el centro del debate, luego de conocerse la acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de 12.500 millones de pesos, unos 6,5 millones de dólares, por los perjuicios ocasionados durante su secuestro de más de seis años. 
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