Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2010/02/22 00:00

Jonny quería ser militar y terminó de ‘falso positivo’

El sábado fue sepultado en Bogotá uno de los jóvenes presentados como muertos en combate con el Ejército en Ocaña. Tenía 22 años y quería ser militar. Su familia pide justicia.

Jonny quería ser militar y terminó de ‘falso positivo’

Jonny Duvián Soto salió de su casa una mañana de julio de 2008 y no regresó. Dos meses después su cuerpo apareció en Ocaña, Norte de Santander y fue presentado a la luz pública como muerto en combate con el Ejército colombiano. ¿Guerrillero? Se preguntan los familiares, mientras aseguran que su hijo y hermano sólo era un vendedor de CD en las calles de Bogotá.

El 23 de septiembre de 2008 investigadores del CTI de la Fiscalía llegaron hasta la casa de la familia Soto Muñoz en Ciudad Bolívar y les enseñaron unas fotografías en un computador portátil. César, el hijo mayor, reconoció instantáneamente a su hermano. Tenía una camisa amarilla, la cara ensangrentada y el lunar cerca de la oreja izquierda que siempre lo caracterizó. Era Jonny y había muerto el 12 de agosto.

¿Por qué lo mataron? Fue la primera pregunta que aún espera respuesta para 24 familias de jóvenes que fueron desaparecidos de sus barrios y presentados como guerrilleros muertos en Combate en una región del Norte de Santander. Año y medio después de su muerte, los restos de Jonny fueron entregados a sus familiares para ser sepultados en un cementerio el sur de la capital colombiana.

Después de prestar el servicio militar obligatorio en San José del Guaviare, Jonny regresó a su casa con la firme intención de continuar con la carrera como soldado profesional. Era una idea que lo trasnochaba cinco meses antes de su desaparición y que su familia le apoyaba, pero la ausencia de recursos económicos impidieron continuar con los trámites, por lo que debió postergar su regreso a las filas del Ejército mientras conseguía un poco de dinero vendiendo CD’s piratas en el Cafam de la Floresta.

-Allá tengo trabajo seguro-, le decía a su hermano César que lo acompañó hasta el aeropuerto militar de Catam, una madrugada de enero de 2008 cuando regresaba al batallón general Joaquín Paris, en el Guaviare, después de un permiso para visitar a su familia. Quería ser militar, pero sólo ingresaría a las listas del Ejército como uno más de sus ‘falsos positivos’.

Culminado su servicio militar, Jonny trabajó en una tintorería y luego se dedicó al mercado informal como vendedor ambulante. Su familia dice que fue desde su lugar de trabajo desde donde se lo llevaron para la región donde lo asesinaron, quizás engañado con promesas de empleo, la misma teoría que sostienen las madres de los desaparecidos de Soacha.

“Su hijo era un guerrillero”, fue la explicación que los agentes de la Fiscalía le dieron a don José Soto y que él refutó inmediatamente porque estaba convencido que esa afirmación era falsa. -Mi hijo era un muchacho normal, trabajador y de su casa-, apuntó el jefe de la familia Soto, de 62 años, quien trabaja vendiendo pinchos en la Plaza de las Américas.

Doña Zoraida Muñoz, de 57 años y líder de su comunidad, guardaba las esperanzas de una confusión y que su hijo entrara pronto por la puerta de su casa. Se aferró a su fe para que el dolor de la noticia de la supuesta muerte de uno de sus seis hijos no opacara su trabajo con los niños de Ciudad Bolívar, a quienes les consiguió zapatos y juguetes en diciembre pasado gracias a una donación de la Fundación Pies Descalzos. Hoy se siente sin fuerzas y afirma que ya no quiere vivir más.

Andrés, de 25 años y el tercer hijo de la familia Soto Muñoz, fue el elegido para ir a presenciar la macabra escena de la exhumación del cadáver de su hermano en Ocaña, quien yacía en una fosa con cuatro cuerpos más. Un capítulo de su vida que prefiere no recordar.

Una vez practicados los respectivos exámenes de ADN se confirmó el parentesco y 17 meses después fueron entregados los restos de Jonny a su familia para darle cristiana sepultura. Un peregrinaje para recuperar los restos que los tenía al borde de la locura y que terminó gracias a que la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá tomó las riendas y asumió los gastos del traslado y sepelio.

-A Jonny lo mató el Ejército y fue publicado como guerrillero por el afán de mostrar resultados-, es la conclusión a la que llega la mayoría de la familia Soto. La única que aún no entiende por qué mataron a su hermano es Johanna, quien en su condición de sordomuda y pese al esfuerzo de sus cercanos por explicarle, no entiende el contexto de este episodio del conflicto armado colombiano. Ella tiene 31 años y es confeccionista, dicen sus vecinos que es la mejor del barrio. Algún día quisiera estudiar diseño de modas mientras ve crecer a su hijo Pablo, de 8 años.

César, el hermano mayor, tiene 34 años y trabaja como panadero. Tiene 4 hijos y son ellos quienes lo han llenado de fortaleza para ser el soporte de la familia en este “infierno de dolor y de martirio que le llaman ‘falso positivo’”.

Yenny tiene 28 años y trabaja como mesera en la cafetería de un centro comercial. Espera que el tiempo pueda regalarles un poco de resignación para afrontar la pérdida de su hermano Jonny y le preocupa el estado de salud física y mental de sus padres. Don José es diabético y la tensión de los últimos días lo llevó a ser internado en un hospital. Doña Zoraida, pese a que lo había abandonado hace muchos años, se refugió de nuevo en el cigarrillo.

Andrés teme por la seguridad de la familia y ya no quiere salir ni a jugar microfútbol en la cancha que está a seis cuadras de la casa. Intenta terminar sus estudios de tecnólogo en sistemas, pero confiesa que le da miedo andar en la calle. Aunque no han recibido amenazas como les sucede a las madres de Soacha, cree que la exposición del caso hace a su familia vulnerable y que podría suceder en cualquier momento, por eso cuida mucho en especial a Karen, su hermana menor, quien a sus 16 años se graduará de bachiller.

Con ayuda de la Alcaldía de Bogotá iniciarán el proceso de demanda porque no estarán tranquilos hasta que los asesinos paguen por lo que hicieron, aunque consideran que están peleando con “un monstruo de siete cabezas”. Dicen que no quieren dinero ni buscan indemnizaciones, sólo piden justicia. Ni siquiera creen que deban limpiar el nombre de Jonny porque consideran que nunca fue manchado porque vivió como un joven decente, honrado y subrayan hasta el cansancio que no era un guerrillero.

En Agosto de 2008 se conoció de las denuncias de la desaparición de jóvenes en la localidad de Soacha, que habrían sido llevados a otras regiones del país con falsas promesas de trabajo y que luego fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en Combate. Inicialmente eran 11 jóvenes, cifra que aumentó cuando en la población de Ocaña, Norte de Santander, hallaron fosas con cuerpos de 24 jóvenes.

Los mandos militares reforzaban su tesis de combates con guerrilleros, pero las pruebas de las denuncias eran tan contundentes, que el gobierno el presidente Álvaro Uribe Vélez aceptó que algunos integrantes de las Fuerzas Militares estaban incursos en asesinatos, por lo que destituyó a 26 oficiales como una muestra de blindaje al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y al propio presidente de la República. A condenas entre 20 y 30 años de cárcel han sido sentenciados algunos soldados, suboficiales y oficiales. Otros continúan en el proceso judicial y han sido excarcelados por vencimiento de términos  en el proceso llamado como ‘falsos positivos’, al que diversos organismos internacionales y analistas han denominado por su nombre: ejecuciones extrajudiciales.

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