Lo que encontró la investigación de los falsos positivos

La explosiva noticia de que el gobierno había resuelto, de un tajo, mandar a 24 oficiales y suboficiales del Ejército a vestir el Everfit, como reacción al escabroso caso de los desaparecidos de Soacha tiene a muchos haciendo una pregunta preocupante ¿Todos esos generales y coroneles tenían que ver con semejante asunto tan oscuro?
La respuesta es: no se sabe aún, y su salida no implica que se haya comprobado que tengan responsabilidades disciplinarias y muchos menos penales en estos macabros casos. Por eso es tan importante explicar por qué se creó la Comisión Especial de Investigación del Ministerio de Defensa, cuál fue su misión, y cuáles sus recomendaciones. Y por qué de ahí, el presidente Álvaro Uribe y su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla de León, resolvieron sacar a estos pesos pesados.

Después de que ya la historia de que los jóvenes que habían desaparecido en Soacha fueron hallados muertos en Ocaña, Norte de Santander y Cimitarra, Santander, y reportados por el Ejército como guerrilleros o paramilitares caídos en combate fuera pública y notoria, a comienzos de octubre, el general Padilla de León había ordenado a las diferentes divisiones y brigadas empezar a investigar lo sucedido.

Además, no sólo estaban estos casos. En Puerto Berrío, donde tenía asiento la Brigada 14, también había bastantes quejas de operaciones irregulares y violaciones a los derechos humanos.

Como la bola de nieve seguía creciendo y las averiguaciones internas regulares no estaban dando mayores resultados, el Ministerio de Defensa resolvió meterse en serio a investigar qué estaba pasando. Las denuncias eran demasiado graves y las pruebas muy sólidas como para dejar pasar más tiempo.

Se creó así una Comisión Especial de Investigación que se adentró en cada una de las unidades militares que podían estar involucradas en las irregularidades, según pudo establecer Semana.com con varios funcionarios que conocieron el proceso de la Comisión. Esta fue presidida por el mayor general Alberto Suárez, y también participó Carlos Franco, director de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

Su objetivo no era encontrar responsables penales, ni señalar culpables, explicó una fuente del Mindefensa a Semana.com. Se le encomendó a esta comisión la tarea de analizar los procesos de cadena de mando, las operaciones, los planes y funcionamiento de la inteligencia para saber dónde estaban fallando los controles, que habían permitido que se hubieran dado violaciones tan contundentes. Es decir, su tarea era estructural, pues el ministro Santos consideró que era más importante identificar los huecos por donde se les estaba escapando el control de sus tropas y los espacios que hacía posible, que cualquier elemento corrupto se saliera con la suya.

Lo que encontró la Comisión

La Comisión encontró fallas de dos tipos en varias de las unidades militares investigadas. Lo primero es que las operaciones militares se estaban llevando a cabo con exceso de informalidad y sin cumplir los requisitos de control y manejo. En el trabajo de inteligencia, la orden de operaciones, el combate, la munición gastada y los resultados, todo debe coincidir. Y de todo ello deben llevarse récords. Eso no fue lo que encontró al Comisión en Ocaña, ni en Puerto Berrío, donde por ejemplo hay registros que dicen que se gastaron 1.500 cartuchos y un solo muerto.

Al contrario, la forma de operar era más bien folklórica, donde los hombres de inteligencia reportaban que tenían a alguien ya identificado, y sin mayores preguntas partía el operativo militar en contra del objetivo. Esa falta de control en las operaciones, se prestaba para unos miembros corruptos, que tenían lazos con organizaciones criminales que estaban reclutando personas en Bogotá y otras ciudades, aprovechara para matar esas víctimas inocentes y así ganar bendiciones con positivos.

Según explicó un oficial retirado del Ejército a Semana.com, la presión que han hecho algunos generales sobre la necesidad de producir bajas a como dé lugar, también ha contribuido a que ese se torne un logro en sí mismo, ya que dependiendo de las bajas hay ascensos y días de descanso; eso contrariando las directivas recientes del Comando General que hacen explícito el valor estratégico que tiene para las Fuerzas Armadas obtener una desmovilización o una captura por encima de una muerte.

El segundo hallazgo de la Comisión Especial tiene que ver con la indolencia de los comandantes de división y de brigada en investigar lo sucedido. Según los protocolos de justicia internacional, cuando un comandante militar conoce de graves violaciones y no hace nada para investigarlas y castigar a los responsables, puede procesársele como mínimo por incumplir su deber. En algunos casos de otros países, esta actitud negligente se ha calificado de complicidad con el delito, pues ha enviado el mensaje a los subalternos de que no hay problema con que violen la ley.

Así por ejemplo, en la División II, el general José Joaquín Cortés, respetado por sus subalternos, había diseñado protocolos especiales para premiar el buen trato a la población civil y a unidades que no tuvieran denuncias por violaciones a los derechos humanos, según dijeron a Semana.com, fuentes que conocían bien su trabajo. El problema fue cuando se le pidió que investigara lo que sucedía bajo su mando en los Santanderes. No fue más allá y se conformó con las explicaciones tibias de sus subalternos.

En el caso de la Brigada 14, comandada por el coronel Juan Carlos Barrera, se le pidió insistentemente desde el Comando en Bogotá que investigara lo que se estaba denunciando en su jurisdicción, pero no hizo mayor cosa.

Por estas razones fueron retirados del servicio los generales, coroneles y demás oficiales del Ejército este martes, y por eso el ministro Santos y el presidente Uribe insistieron en la negligencia y la falta de control con la cual actuaron. Fue ésta la que hizo posible que redes criminales de Bogotá y otras ciudades consiguieran aliados entre miembros de las Fuerzas Armadas para desaparecer inocentes y falsear combates. El caso de los once jóvenes de Soacha es el más conocido, pero hay otros 36 casos más, entre ellos el que hoy denuncia Semana.com de Jaime Castillo.

La Comisión que tenía un tiempo de acción y una tarea específica ya terminó su labor, pero no se descarta que se le pidan nuevas investigaciones en el mismo sentido. Sin embargo, es probable que el remezón militar no termine aquí y que pronto se anuncien nuevos retiros.

Así mismo, la Comisión y demás instituciones involucradas en la investigación de los hechos, han entregado evidencias halladas a la justicia, y serán la Procuraduría y la Fiscalía las que deberán hallar ahí sí, a los culpables.

Se espera que la Junta de Generales programada para el próximo fin de semana, en la que se definirán los ascensos de coroneles y comandantes de las fuerzas militares, también de sorpresas. Aún no está confirmado si en efecto la Junta tendrá lugar en día señalado o si será pospuesta para una fecha próxima.