Los obstáculos a las investigaciones

Problemas para tomar confesiones
Un obstáculo significativo para la efectividad del proceso ha sido no contar con suficiente personal: inicialmente, el gobierno designó a sólo 20 fiscales para la Unidad de Justicia y Paz, todos los cuales provenían de otras unidades de la Fiscalía General de la Nación. Con esto, no se llegaba siquiera a tener un fiscal de Justicia y Paz para cada uno de los 37 bloques paramilitares que participaban del proceso de desmovilización.

Postulados que se retiran del proceso
Según la Fiscalía General, 3.431 personas han postulado para acceder a los beneficios establecidos en la Ley de Justicia y Paz, se han iniciado 1.400 entrevistas de conformidad con la ley y se completaron los procesos de entrevistas de 1.142 solicitantes. Sin embargo, menos de 300 personas han proporcionado activamente confesiones e información a los fiscales.

Declaraciones de los paramilitares sobre cómplices
El informe destaca las confesiones realizadas por algunos jefes paramilitares sobre cómplices en el Ejército y en el gobierno, y sus financiadores. Al 22 de febrero de 2008, estas declaraciones habían permitido a la Fiscalía a compulsar copias de la información a otros fiscales para abrir investigaciones respecto del Vicepresidente, 11 senadores, 8 congresistas, 1 ex congresista, 1 miembro del gabinete, 4 gobernadores, 27 alcaldes, 1 concejal, 1 diputado, 10 líderes políticos, 10 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, 39 miembros del Ejército, 52 miembros de la Policía, 56 civiles y 2 miembros del DAS.

Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes. De acuerdo con los fiscales, las resoluciones del Fiscal General que rigen las confesiones establecen que se supone que los solicitantes deben hablar sobre “otros responsables” en la segunda fase de la confesión. Dado que la mayoría de los solicitantes aún deben completar la primera fase, los fiscales todavía tienen pendiente realizar interrogatorios específicos que se concentren en el tema de los cómplices. Y, como han sido extraditados recientemente a los Estados Unidos, no se sabe si los jefes paramilitares extraditados responderán en algún momento las preguntas restantes.

Respuesta del gobierno de Uribe
En respuesta a los escándalos de la parapolítica, el gobierno de Uribe a menudo se ha pronunciado acerca de la importancia de la verdad y ha asignado fondos adicionales a la Corte Suprema para las investigaciones. Sin embargo, al mismo tiempo y en reiteradas oportunidades, ha tomado medidas que amenazan con frustrar las investigaciones y dejar sin sanción a los políticos vinculados con los paramilitares. En ocasiones ha proferido ataques públicos agresivos y peligrosos contra la Corte Suprema. Y cuando el gobierno tuvo la oportunidad de garantizar una reforma significativa del Congreso para remover o reducir la influencia paramilitar, optó en cambio por trabar la iniciativa de reforma. El gobierno también ha propuesto una reforma a la Constitución que le quitaría a la Corte Suprema la competencia para iniciar investigaciones contra congresistas en ejercicio, lo cual pondría en aun mayor riesgo las investigaciones de la parapolítica.