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| 8/13/2009 12:00:00 AM

Los ‘paras’ silenciados

Envenenados, estrangulados, abaleados… alguien quiere que los paramilitares no hablen.

Comer únicamente enlatados abiertos por mano propia. Esa es la regla de supervivencia por estos días entre varios paramilitares que permanecen en las cárceles del país. El temor entre los ‘paras’ se generalizó luego de que un peritaje de Medicina Legal determinara que Diego José Martínez, más conocido como ‘Daniel Tolima’, no murió en su celda a causa de un infarto sino envenenado con cianuro en la comida.

El crimen ocurrió en la cárcel La Picota de Bogotá y tuvo eco en todo el Tolima donde ‘Daniel’ comandó entre el 2000 y el 2003 un bloque paramilitar que dejó una estela de 770 víctimas según él mismo lo relató a la Fiscalía.

‘Daniel’ fue teniente retirado del Ejército e ingresó a las filas paramilitares en 1999 y se volvió en un lugarteniente y confidente de Carlos Castaño. “Él sabía grandes secretos del paramilitarismo como por ejemplo los nombres de testaferros o de quienes integraron el llamado grupo de los seis, a quienes los ‘paras’ obedecían órdenes”, sostiene un abogado que visitaba regularmente a ‘Daniel’ en prisión.

El crimen de ‘Daniel’ es sólo el más sonado de varios que se han perpetrado contra ‘paras’ postulados a Justicia y Paz o familiares cercanos de estos.

Eliécer Gustavo Guao Arias, conocido en las filas del Bloque Norte como ‘Canario’, fue estrangulado hace dos semanas en la cárcel Modelo de Barranquilla. Allí mismo murió en mayo, con síntomas de intoxicación, Roberto Luis Peinado López, alias ‘El Indio’, otro paramilitar implicado en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.

Afuera de las cárceles la situación parece ser igual de riesgosa para los paramilitares desmovilizados que quieren colaborar con la justicia y la verdad. En abril pasado fue acribillado en La Estrella, Antioquia, Francisco Villalba, el sanguinario paramilitar que participó en la masacre del Aro en 1997. La Fiscalía tiene reportados como muertos a 16 ex combatientes del Bloque Córdoba que comandaba Mancuso y aún no ha establecido cómo fue.

Una docena más de ‘paras’ murieron abaleados en distintas zonas del país entre 2006 y el 2008. Así mismo hay registro de numerosos casos en los que las víctimas son familiares de paramilitares.

Quizá el más afectado sea Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, uno de los jefes paramilitares extraditado y condenado en Estados Unidos. A Vanoy, quien ejerció poder al norte de Antioquia, en la región conocida como Bajo Cauca Antioqueño, le han asesinado un hijo, un hermano, un sobrino y una cuñada. El 23 de junio pasado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró en versión libre desde Estados Unidos que varios de sus familiares habían sido asesinados como represalia por su participación en Justicia y Paz, pero se abstuvo de precisar los nombres de las víctimas.

Y el caso más reciente ocurrió hace diez días frente a la cárcel Bellavista de Medellín. Allí fue abaleada Diana Ester Coronado, esposa de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, un jefe paramilitar recluido en esa penitenciaría.

La directora del Inpec, Teresa Moya, asegura que la institución ha brindado a los desmovilizados las garantías para que permanezcan en la cárcel con seguridad. “Existe un reglamento especial que les permite cocinar sus propios alimentos y sólo ellos pueden autorizar quién puede visitarlos”. No obstante tras el asesinato de la esposa de ‘Sancocho’ el Inpec reubicó en distintas cárceles del país a unos 70 paramilitares que estaban en esa cárcel.

La MAPP-OEA, cuyo mandato es evaluar y apoyar el desarrollo del complejo proceso de Justicia y Paz pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los desmovilizados. El panorama es turbio y efectivamente se requiere de la firmeza del Estado, primero para investigar los casos y castigar rápidamente a los culpables y disuadir así a quienes quieran seguir silenciando a los desmovilizados que quieren hablar. Lo segundo es reforzar los la seguridad en las cárceles y fuera de éstas.

De su vida depende que el país conozca la mayor cantidad de verdad sobre lo sucedido, y que además paguen debidamente sus penas por los atroces crímenes que cometieron. Ambas cosas se las debe el país a las víctimas.


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