Jueves, 19 de enero de 2017

| 2009/05/06 00:00

Nariño se desangra

La violencia se tomó a este departamento que históricamente ha tenido la presencia de guerrillas pero donde ahora confluyen también los paramilitares. La Fuerza Pública lucha por el control. Informe especial.

La violencia en Nariño afecta a los ciudadanos de a pie y a empresarios nacionales y extranjeros en los sectores minero, hidrocarburos, telecomunicaciones, infraestructura, vías y transporte. Foto: Foto: AP

Casi en cualquier punto donde uno ponga el dedo en el mapa de Nariño han ocurrido atroces episodios de violencia: homicidios, desapariciones, secuestros, violaciones a mujeres, heridos por minas antipersonal, amenazas, masacres y cadáveres enterrados en fosas o arrojados a ríos y quebradas. Es como si la vida y la dignidad humanas hubiera perdido todo valor y hay responsables entre todos los grupos: paramilitares, guerrilleros y hasta policías y soldados, según denuncian constantemente los organismos humanitarios del departamento.

¿Por qué la saña? Desde los ochenta están allí las Farc y el ELN, que predican el cambio social, pero practican los negocios ilícitos y la barbarie. “Con el paso de los días, se constituyeron en autoridades de facto, responsables de aplicar justicia, adoctrinar a la población, reclutar combatientes, planear acciones y escapar de las presiones de la Fuerza Pública”, según reseña la Defensoría del Pueblo en un informe sobre el conflicto en los parajes nariñenses.

En la puja por el narcotráfico, negocio que requiere control de amplios territorios, están también los grupos de neo-paramilitares que empezaron a aparecer tras la desmovilización del Frente Libertadores del Sur en 2005. Entre los 677 miembros de este grupo entregaron sus armas no todos eran paras, ni todos los paras estaban entre los desmovilizados. Muchos son los mismos que antes, con diferente nombre. Y también han llegado nuevos con nuevos nombres.

La Organización Nueva Generación (Ong), un nombre que parodia a las organizaciones no gubernamentales; las Águilas Negras, recuerda al ave símbolo del imperio; las Autodefensas Campesinas de Nariño, retomando el nombre originario de los paramilitares; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), otro disfraz político, que apela al nombre del caudillo liberal asesinado hace medio siglo, para un grupo que al parecer envió a la región el recientemente capturado ‘Don Mario’ a finales de 2008. Se supo porque aparecieron amenazas con su firma y sus grafitos en muros de las casas de varios pueblos.

Y por supuesto están los narcos pura sangre, que antes sirvieron de ejército privado a una facción del cartel del Norte del Valle, y ahora conservan su nombre, pero son en su mayoría antioqueños. Son Los Rastrojos con el nombre de la mala hierba que crece indeseable. Ellos son aliados de la Ong y a veces de los ‘elenos’.

Ubicar exactamente dónde se mueve cada grupo de éstos es difícil porque, salvo las Farc, no son organizaciones militares estructuradas, sino que, como amebas, cambian de lugar y de patrón, según quién les ofrezca más dinero. Ellos, a cambio, proveen seguridad en los cultivos y escolta para el tráfico de cocaína que sale a Ecuador o a otros continentes por el Pacífico. Así, si por ejemplo un territorio estaba controlado por Los Rastrojos y llegaba ‘Don Mario’ y les ofrecía buen sustento económico, se convertían en ‘gaitanistas’ y trabajaban para él.

Estos custodios de las plantaciones de coca y de rutas de exportación tienen bastante trabajo, pues en Nariño hay sembradas actualmente más de 20 mil hectáreas de este cultivo.

Los matrimonios entre paras no sólo con narcotraficantes, sino también con las mismas guerrillas no son raros. “El narcotráfico es el gen común de estos grupos y es tan determinante, que se sabe que no tienen problema en pactar maridajes con la guerrilla, siempre y cuando esa convivencia sea lucrativa, olvidando de paso la vocación contrainsurgente que alguna vez proclamaron”, dice un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño. En el mapa que señala aproximadamente cuáles zonas controlan los ‘paras’, cuáles las guerrillas y dónde están los cultivos, se nota que hay territorios sembrados de coca para cada grupo.

La violencia en este departamento afecta no sólo a los ciudadanos de a pie, sino también a empresarios nacionales y extranjeros en los sectores minero, hidrocarburos, telecomunicaciones, infraestructura, vías y transporte.

Actualmente, se desarrolla la Iniciativa de Integración Regional de Infraestructura Suramericana (Iirsa), que propone dos vías troncales nuevas de integración andina: una carretera que pasaría por el valle del Magdalena hacia Norte de Santander para llegar a San Cristóbal, en Venezuela. La otra vendría a ser el eje Multimodal Amazonas o Corredor Vial Multimodal Tumaco-Belem do Pará, que sería una vía para comunicar el Océano Pacífico, desde Tumaco, hasta el Atlántico, en Belem do Pará en Brasil. Tales vías serían cruciales para el comercio.

Con buena infraestructura desarrollada, el gobierno nacional busca atraer los capitales, por ejemplo, para explotar la riqueza minera de Nariño.

Este panorama de futuro cercano, nuevas vías, tierras valorizadas, grandes inversiones, vuelve a la Costa Pacífica nariñense y caucana muy codiciada por los grupos armados que ven nuevas oportunidades de enriquecerse fácilmente.

El Ejército y la Policía deben velar que éstos grupos no tengan éxito, pero a veces sus miembros también caen en la corrupción y terminan trabajando para un lado u otro, o apelan a la violencia contra la población civil como método desesperado de combate.

Como siempre, bajo la disputa armada de los grupos ilegales, y con una fuerza pública que no siempre actúa claramente como su protector, los civiles están poniendo una enorme cuota de sufrimiento en este conflicto. En un debate que hubo en la Asamblea Departamental el pasado 25 de marzo, representantes de ONG, organismos humanitarios y del mismo gobierno departamental, denunciaron que el conflicto se está dando, ahora más que nunca, al pie de las casas de la gente.

Eso es muy peligroso porque cada grupo empieza a señalar a los civiles de ser colaborador de su enemigo y los incluyen en la guerra pidiéndoles información sobre el adversario o haciéndolos víctimas de su violencia. Desafortunadamente la Fuerza Pública, que debería actuar de manera opuesta para ganarse la confianza de la gente, termina haciendo lo mismo que los ilegales: se les mete en sus casas y los pone en riesgo, frente al enemigo.

Precisamente, en el debate en la Asamblea, fueron frecuentes las quejas de que en sitios donde por muchos años no han estado Ejército y la Policía, ahora están instalándose muy cerca de las viviendas, mientras otros grupos armados permanecen en la zona. “La presencia del Ejército se hace violando el Derecho Internacional Humanitario en la medida en que ocupan lugares como escuelas y colegios, zonas de trabajo comunitario, las casas de habitación de los pobladores, poniéndolos en riesgo”, denunció uno de los asistentes al debate.

Por ejemplo, al corregimiento La Victoria, de Ipiales, sólo llegó la Fuerza Pública después de 15 años de ausencia. Ahora, están invitando a los estudiantes a la estación de Policía y están haciéndose novios de las jóvenes del pueblo. No tendría nada de malo, si los militares llegaron para quedarse, o detrás de ellos viene una institucionalidad fuerte, con policía y justicia y servicios públicos. El problema es que el Ejército se queda un tiempo y luego se va, y deja a los pobladores en manos de una guerrilla resentida que retorna para castigarlos por haberle colaborado a la autoridad.

Semana.com pudo notar que había militares adentro de las casas de los campesinos. En un tramo de casi dos horas entre los corregimientos de Junín y Buenavista, del municipio de Barbacoas, había soldados en las viviendas. Algunos, incluso, hablando por la ventana con otros uniformados afuera de la casa.

El coronel José David Vásquez, oficial de enlace de asuntos indígenas en Nariño, le dijo al respecto a Semana.com que desde el comando “se imparten órdenes para que eso no ocurra. Pero los soldados a veces van a las casas a tomar agua o recargar los celulares, pero tienen la orden de no permanecer en las casas de los civiles”.

Dijo el coronel en el recinto de la Asamblea que “en Colombia los buenos somos más. Entonces tenemos que unirnos todos los buenos para acabar con los malos”, refiriéndose a los cuestionamientos que organismos internacionales y ONG le hacían sobre la cercanía de los militares con los civiles y los intentos por pedirles información sobre guerrilla y paramilitares.

El arma más letal de todas contra la población civil son las minas antipersonal. La guerrilla las ha sembrado por doquier, pero también las están usando otros grupos ilegales, paramilitares y narcotraficantes, en su guerra para dominar el territorio.

Pero quienes caen con mayor frecuencia en esas trampas son los civiles, los campesinos, sus mujeres y niños. Ellos suelen usar caminos de atajo para acortar distancias para ir a cazar o encontrar alimentos en sus cultivos. Corren particular peligro los niños, que además de trabajar con sus padres, juegan entre los matorrales y a menudo resultan heridos o muertos.

Es tan grave lo que está pasando, que mientras en el resto del país lo normal es que en un año, haya más militares que civiles víctimas de las minas antipersonal, en Nariño ocurre lo contrario. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en 2008 hubo 27 civiles heridos por estas minas y otros nueve murieron, mientras que los militares heridos fueron 17 y otros cuatro perdieron la vida.

“De estas víctimas, muchas mueren en el lugar por la gravedad de las heridas, otras, por la dificultad de acceder a la atención médica debido a lo intrincado de los caminos, la ausencia de transporte o simplemente, porque están ubicados a tal distancia de los centros urbanos, que difícilmente llegan con vida”, describe el informe del Comité Permanente.

Otra tragedia que recorre a Nariño, quizás más silenciosa pero igualmente demoledora, son las violaciones a las mujeres como arma de dominación de los guerreros. Una fuente que ha recibido bastantes denuncias concretas y que pidió que no se revele su nombre, le contó a Semana.com que son muchos los casos.

Según dijo, las propias víctimas han identificado a los violadores como integrantes de la Fuerza Pública o de grupos paramilitares. De acuerdo con los testimonios, ellos usan estas agresiones contra las mujeres frente a sus esposos o parientes hombres para presionarlos a que den información que les permita ubicar a sus enemigos. Los casos relatados por la fuente sobre esta práctica son supremamente impactantes.

Semana.com le preguntó al coronel Vásquez por estas denuncias y dijo que cuando se presentan este tipo de casos, se inicia una investigación interna, pero que en el caso de los indígenas, no conoce nada que tenga que ver con violación a mujeres.

Realmente, no hay un registro confiable por lo difícil que es denunciar estas agresiones particularmente. Las autoridades suelen pedir un relato minucioso y detallado de los hechos y exámenes médicos que, para una víctima que se siente humillada, son pruebas muy difíciles.

Respecto a los métodos de las Farc para obtener información sobre sus enemigos, las víctimas han denunciado a esa fuente otras atrocidades. Los guerrilleros no suelen usar la violación a las mujeres, pero torturan a los campesinos, hombres y mujeres por igual, para obtener información y luego los matan, como ocurrió con los 11 indígenas awá el pasado 4 de febrero.

Son comunes además las denuncias por amenazas y desaparición. Las cifras de asesinatos se han disparado: en 2007 hubo 778 y en 2008, 723, y los desplazados son muchos también, pues en los dos últimos años suman más de 50 mil en ese solo departamento.

Autoridades locales, organizaciones civiles e Iglesia, están haciendo lo que pueden, pero muchos confiesan que sienten que es poco. El conflicto ha invadido los pueblos, se ha metido en los hogares, ha roto el tejido social de una comunidad que por años había vivido en paz. En medio de ese revuelto armado, donde no se sabe quién es quién, la Fuerza Pública, cuya presencia pasó de 5.375 policías y militares en 2004 a 9.235 hoy, no siempre cumple su tarea primordial de proteger a los civiles. Y tampoco está logrando doblegar a los grupos armados ilegales. Allí siguen, en esa esquina privilegiada al suroccidente de Colombia, con salida al Pacífico y a Ecuador que les facilita sus negocios ilícitos, y donde la gente buena y pacífica es fácil de convertir en carne de cañón para su sangriento negocio.

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