Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2009/09/11 00:00

Once millones de dólares para casas en el aire

Es prematuro y algo folclórico decir que el dineral que le incautaron a los narcos se va a invertir en casas para policías en Buenaventura y proteger a concejales. Vean por qué.

En Buenaventura, escondidos en dos contendedores que guardaban sulfato de amonio, fueron encontrados 11,2 millones de dólares. La embarcación provenía de México. (Foto: Policía Nacional)

“(...) Como reconocimiento a la lucha que ha adelantado la Policía Nacional durante más de 30 años, ...este dinero será destinado a viviendas para nuestros policías en Buenaventura”. Así dio a conocer el general Rafael Parra, subdirector de la Policía Nacional, la noticia de que los 11,2 millones de dólares incautados a narcotraficantes en una embarcación en Buenaventura, proveniente de México, serán invertidos en casas para los uniformados. La decisión se tomó luego de una conversación entre el presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Gabriel Silva.

Además, en la tarde de este viernes, Semana.com conoció que parte de ese dinero (por lo menos 2 millones de dólares) será destinado para la seguridad de los concejales de todo el país. 

La historia ha demostrado que este tipo de anuncios a la carrera rara vez se vuelven realidad. Y en este caso, los procedimientos para pasar del dicho al hecho son especialmente complicados.

Para empezar, cuando las autoridades logran ocupar un bien o decomisar dinero en efectivo, este debe pasar por un proceso legal que puede tardar meses o años en resolverse.

Primero el caso debe quedar en manos de un fiscal, quien lo somete a un proceso de extinción de dominio. Como es plata en moneda internacional, tiene que solicitarse una visita del inspector del Banco de la República para que se haga el conteo de los billetes, se clasifique por denominación y se emita un certificado. Todo debe quedar grabado en un video. El dinero debe enviarse a la Reserva Federal de Estados Unidos para que verifique y certifique la autenticidad de la moneda.

Generalmente, la Fiscalía plantea una tesis sobre ese dinero. Aduce que es plata de un narcotraficante (nunca aparece el dueño que argumente el origen legal de la misma) y, por lo tanto, el dinero le corresponde al Estado. El juez valora los argumentos de la Fiscalía y emite una sentencia. Cuando el dinero queda “libre”, la Dirección Nacional de Estupefacientes  puede disponer  de éste.

Aunque el proceso se puede resumir en dos párrafos, el tiempo que tarda esto puede ser bastante largo. Por ejemplo, hace dos años le incautaron a Juan Carlos Abadía, alias ‘Chupeta’ del Cartel del Norte del Valle, más de 80 millones de dólares repartidos en efectivo y lingotes de oro. La idea era que esta plata se destinara a vivienda en la capital de Valle y Buenaventura (nuevamente por orden presidencial), dos de las zonas más golpeadas por el narcotráfico. Pero hasta el día de hoy, esto no se ha podido hacer porque el proceso sigue en manos de un juez.

Además, la idea de las casas para policías suena bastante folclórica y apresurada. De acuerdo con cifras de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, durante el primer trimestre de 2009, se otorgaron 1.244 subsidios a miembros de la fuerza pública en todo el país, por un valor aproximado de 30 mil millones (alrededor de 15 millones de dólares). Y en el mismo período de 2008, se otorgaron 2.126 subsidios por casi 46 mil millones de pesos. (23 millones de dólares). 

Entonces once millones de dólares alcanzarían para darle vivienda a casi un 50 por ciento más de uniformados que lo logrado en 2008, y no simplemente para darle unas casas a los policias de Buenaventura, Con esta plata, mal contada, se podría subsidiar la vivienda de unas mil personas con sus familias.

“De acuerdo con la Ley 793, estos dineros deben ser invertidos en proyectos de inversión social y en la lucha contra el crimen organizado, y será el Consejo Nacional de Estupefacientes quien diga la última palabra en este tema”, dijo a Semana.com Ómar Figueroa, jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se encarga de administrar dineros y bienes de narcos luego de que han sido incautados.

Si bien los policías de Buenaventura merecen tener vivienda digna y los concejales necesitan medidas urgentes de protección para que no los sigan matando y exiliando, valdría la pena evaluar mejor a dónde podrán ser mejor utilizados estos dineros, para qué proyecto alcanzan y en cuánto tiempo se podrían hacer realidad. Lo demás suena a promesas, que si bien pueden ser populares hoy, no son más que eso promesas típicas de una campaña política que quizás ya empezó. 

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