¿Reclutados o asesinados?

Muchas dudas genera el caso de 11 jóvenes que desaparecieron de Soacha y Bogotá a comienzos de este año y que fueron reportados como muertos en combates por el Ejército en Santander y Norte de Santander.

Las primeras versiones señalaron que los jóvenes habrían sido reclutados por grupos armados en esta zona del país, y luego trasladados a Santander para ser entrenados y engrosar las filas de grupos al margen de la ley.

Sin embargo, el informe científico de Medicina Legal, después de analizar los cadáveres, da cuenta que los muchachos murieron entre uno y cuatro días después de su desaparición.

“Tengo 11 casos. El de Leonardo Torres, 26 años, desaparecido 8 enero y aparece en Medicina Legal el 12 de enero. Elkin Verano Hernández, desaparece el 15 de enero y dos días después está en Medicina Legal. Lo propio le pasó a Joaquín Castro Vásquez, 27 años, desaparece el 13 y aparece el 15 muerto en Medicina Legal. Un menor de edad cuyo nombre omito, desapareció el 27 de enero e ingreso el 28 del mismo mes a Medicina Legal. Julián Oviedo Monroy, desapareció el 2 de marzo y el 3 estaba en Medicina Legal. Eduardo Garzón Paez, 32 años, desapareció 4 marzo e ingresó 5 de marzo muerto en combate a medicina legal”, dijo Clara López, secretaria de Gobierno de Bogotá, citando los informes de Medicina Legal.

Con base en ese informe, López dijo que cree que la desaparición de aquellos muchachos no obedece a reclutamiento forzoso sino más bien a un caso de desaparición forzosa.

“Pienso que es desaparecimiento forzado con fines de homicidio porque algunos muchachos desaparecieron un día y aparecieron al día siguiente en Medicina Legal como muertos en combate. A otros le ocurrió lo mismo, solamente cuatro días después de haber desaparecido. Entonces, más de la mitad, fueron secuestrados en la Capital y en Soacaha y murieron al día siguiente o dos días después ¿Ya estaban en combate? ¿Armados y organizados? ¿En un enfrentamiento? ¿En fechas distintas? Esto es muy preocupante”, asegura López.

El Ministerio de Defensa reaccionó de inmediato. El ministro, Juan Manuel Santos, dijo a atrvés de un comunicado que su ministerio “solicitó a la Fiscalía General de la Nación y dispone que la Inspección del Ejército den prioridad a las investigaciones con el fin de establecer a la mayor brevedad las circunstancias de la desaparición y muerte de estas personas”.

Además, ofreció toda la colaboración para que las investigaciones logren aclarar lo sucedido con el accionar de la Fuerza Pública e indicó esta mañana en la radio que una comisión del ministerio ya se encontraba en la zona para investigar los hechos que podrían comprometer a miembros de la fuerza pública.

Santos reconoció que el informe de Medicina Legal plantea serias dudas sobre las circunstancias en las que los jóvenes murieron.


Varios familiares e incluso algunas madres de estos jóvenes muertos han dicho que estos muchachos salieron de sus casa tras una jugosa propuesta económica.

Por su parte el personero de Bogotá, Francisco Rojas, respaldó esta hipótesis y dijo que los jóvenes desplazados o de escasos recursos de la ciudad, ceden fácilmente a este tipo de ofrecimientos. Y muchas veces lo hacen sin saber exactamente de qué se trata.

Por otra parte, el riesgo de reclutamientos por parte de grupos armados en Soacha y Ciudad Bolívar, donde desaparecieron estos jóvenes, ya había sido alertado por la Defensoría del Pueblo. Ambos sectores habían recibido una alerta el 3 de diciembre de 2007, por parte de la Defensoría. En ella, se advertía sobre un posible reclutamiento de jóvenes.

Ahora son las autoridades las que tienen investigar.