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| 4/28/2009 12:00:00 AM

Tibú se moviliza por un desaparecido

El joven Pablo Emiro González de 24 años, dedicado a la venta informal de gasolina, fue secuestrado el pasado 23 de abril en un sitio conocido como El Tablazo, en Norte de Santander y no se supo más de él. Su pueblo ha salido a a calle a exigir que lo devuelvan.

Pablo Emiro González Monsalve, de 24 años, no gana más de 70 mil pesos a la semana. Tanto él como sus papás, viven de la venta informal de gasolina en Tibú, Norte de Santander, gracias a la cercanía del pueblo con Venezuela que les permite conseguirla más barata. A veces también hace viajes con pasajeros en un carro viejo de placas venezolanas.

Hace unos dos meses, cuando llegaba a su casa del barrio Santander, al norte del municipio, un grupo de desconocidos lo abordaron y le pidieron una especie de “vacuna” por su negocio de la gasolina.

- “¡No me gano yo los 50 mil a la semana y sí se los voy a dar a ustedes!”, les gritó Pablo Emiro a quienes lo estaban extorsionando que son, al parecer, miembros de las Águilas Negras. Los desconocidos lo botaron al piso y lo golpearon. El joven denunció el caso ante la Sijín.

Seguramente esa fue la razón por la que el pasado jueves 23 de abril, Pablo Emiro desapareció:

Pasadas las 2 de la tarde, el joven tomó un taxi en Tibú, rumbo a Cúcuta, para practicarse unos exámenes a causa de una úlcera gástrica que padecía. Se subió al vehículo, que llevaba más pasajeros, y a la altura de El Tablazo, corregimiento del estado de El Zulia, el taxi se detuvo luego de que un grupo de hombres vestidos de civil le hiciera el pare. Según los viajantes, a Pablo lo hicieron bajar del carro y le dieron la orden al conductor para que siguieran sin él. Vestía una camiseta rosada a rayas, jeans, sandalias negras y llevaba una mochila.

El viernes, cuando la familia no supo más del muchacho, pusieron en alerta a las autoridades. “Hacía rato muchos pimpineros (vendedores de gasolina) se habían quejado ante la Policía y ante el Ejército por la extorsión a la que estaban sometidos”, dijo a Semana.com un líder cívico de la región.

Una comisión conformada por familiares y habitantes de Tibú fue personalmente a buscar a Pablo Emiro González, pero no encontró pistas de su paradero. Según el mayor Miguel Alvarado, comandante de la Policía en el municipio, ya se activaron unidades especiales para que busquen al joven, pero no tienen la certeza de que los autores de su secuestro sean integrantes de las Águilas Negras.

Sin embargo, la población en general sospecha seriamente de esta banda emergente que se apoderó de la región, luego la desmovilización del Bloque Catatumbo de los paramilitares. Por eso este lunes Tibú prácticamente se paralizó para protestar por la desaparición de Pablo Emilio. “¡Preferimos vivir un día de libertad que mil encadenados!”, decía uno de los carteles que pendían de los camioncitos que transportan gente y que bloquearon la principal vía de acceso al municipio como mecanismo de presión para que las autoridades investiguen y esclarezcan los casos de desaparición, extorsiones y amenazas que se vienen presentando en el pueblo.

Rosario de amenazas

Pero tal parece que esta situación de intimidación no es nueva. La Defensoría del Pueblo, en forma reiterada, venía advirtiendo a través del Sistema de Alertas Tempranas los factores de amenaza y vulnerabilidad en la que se encontraban los habitantes de Tibú.

En la segunda Nota de Seguimiento emitida el 18 de noviembre pasado se advirtió que los escenarios de riesgo en el municipio estaban relacionados con las amenazas de muerte contra pobladores de la cabecera municipal, al parecer, por parte de las “Águilas Negras”, que los señala como auxiliadores de la guerrilla o porque se niegan a pagar las extorsiones.

“En el área rural de este municipio, los factores de riesgo que se derivan de la presencia de este grupo armado ilegal se focalizan en el corregimiento de Campo Dos, donde se han presentado homicidios, extorsiones a vendedores informales de gasolina, comerciantes y transportadores de madera por el río Sardinata y se estarían regulando y restringiendo el tránsito nocturno y la movilización de los habitantes de dicho corregimiento”, dijo la Defensoría en el informe.
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