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| 6/16/2009 12:00:00 AM

"Una salvajada legislativa": Rivera

Así describió el representante ponente del proyecto de Ley de Víctimas, Guillermo Rivera, el pupitrazo con el que la Cámara aprobó la versión uribista de la norma. Ahora pasa a conciliación con Senado.

La plenaria de la Cámara aprobó la propuesta que más le gustaba al gobierno y que las víctimas habían rechazado. Básicamente, la Cámara de Representantes le dio el sí a una ley que diferencia entre las víctimas de la Fuerza Pública y las de grupos armados ilegales. Quienes han perdido familiares o han sido desplazados por cuenta de las guerrillas o los paramilitares pueden acceder más fácil a una reparación que quienes han sido blancos de abusos soldados, policías u otros agentes del Estado, que deben esperar una sentencia judicial.
 
Para las víctimas, sus organizaciones y los senadores que impulsaron esta ley, este no es un punto menor. Consideran que precisamente cuando el Estado es el responsable directo porque uno de sus agentes le violó los derechos a uno ciudadano a quien a debido proteger, con más razón es cuando debería reconocer esos derechos de la víctimas sin traba alguna, y no como quedó en la Ley, sólo si hay un fallo judicial.
 
Los opositores a la norma aprobada consideran que esto sólo empujará a más colombianos víctimas de soldados o policías a buscar justicia y reparación en las cortes internacionales, como ya ha venido sucediendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha fallado múltiples casos en contra del país por víctimas de organizaciones ilegales que cometieron las violaciones en connivencia con agentes del Estado y lo ha condenado por sumas millonarias.

El debate de este martes estuvo caliente por cuenta de las dilaciones que tuvo este proyecto. Más aún, cuando este lunes festivo se esperaba iniciar la discusión definitiva y no se dio porque una comisión designada por el presidente de la Cámara no presentó un informe, por lo que quedó aplazada hasta este martes.

Sin embargo, este martes no se hizo un debate a fondo sobre cada uno de los puntos críticos del proyecto de Ley de Víctimas, sino que la comisión presentó su informe con tres propuestas:  Una, votar en bloque 50 artículos de la norma impulsada por el gobierno sin discusión alguna. Dos, negar las proposiciones del representante Guillermo Rivera, que buscaban la discusión de los 161 artículos. Y tres, votar las proposiciones del representante Conservador, Humberto Mantilla, que reflejaba los intereses del gobierno y aún no se conoce su contenido.

Del total de representantes, 81 uribistas votaron en bloque los 50 artículos de la propuesta del gobierno sin mayor discusión ni análisis. Es más, se puede decir que a esta hora, pocos saben qué fue lo que votaron.
 
Por esta razón, el representante Guillermo Rivera, dijo que este debate fue "una salvajada legislativa".
 
Pero no solo la oposición reparó en la forma como se aprobó la iniciativa, hubo quien de la coalición del gobierno dijera que si aprobaban de esa manera los proyectos era mejor "no asistir a las plenarias".
 
En ese momento presidió la sesión el representante de La U, Odin Sánchez, y el presidente de la Cámara, Germán Varón se sentó entre los asistentes. Corre el rumor de que Varón asumió esa posición pues no quería quedar mal con el Partido Liberal y prefirió que fuera Pacheco quien lidiara con las tensiones.
 
Nuevamente se notó el afán por salir del proyecto, demostrado en los intentos de debate anteriores. La razón: en el segundo punto de la agenda estaba la votación de la apelación que hizo el representante del Polo, Venus Albeiro Silva a la manera como la Comisión de Ética liberó a Varón de una recusación. La apelación de Venus Albeiro impedía que Varón nombrara los conciliadores del proyecto de referendo reeleccionista.
 
Además, por estos días en la Mesa Directiva de la Cámara hay urgencia porque el tiempo se acorta y ésta tiene varias decenas de proyectos represadas sin discusión. La legislatura termina este viernes y varios de estos proyectos podrían hundirse por vencimiento de términos. 

La mayoría uribista en la Cámara de Representantes votó sin discusión el informe y de paso aprobó el proyecto de ley que ahora tendrá que ir a conciliación.
 
El Partido Liberal, en cabeza del creador del proyecto inicial, el senador Juan Fernando Cristo programó una cita con periodistas y víctimas con el objetivo de anunciar por qué va a promover el hundimiento del proyecto en la conciliación. 

Los puntos más polémicos

Con la Ley, cuando el Estado tenga que reparar a alguien que ha sido víctima de un agente del Estado, lo hará por un principio de solidaridad, mas no porque le esté garantizando sus derechos. Es decir, no paga por no haber cumplido su responsabilidad de proteger a las víctimas, sino como un gesto solidario.

Y cuando haya dudas en el proceso, la Ley no contempla la interpretación a favor de ellas en los estrados judiciales. Cuando los fallos judiciales sean a favor de quienes han sufrido los vejámenes de la violencia, los jueces deberán establecer los montos de las reparaciones con base en las escalas que ya fijó el gobierno, lo que para las víctimas es un monto definido de manera arbitraria que no reconoce la situación de cada caso. 
 
Sin embargo hay quienes ven en el tope a las reparaciones individuales un seguro para evitar que haya jueces que arbitrariamente y en forma fraudulenta otorguen reparaciones enormes que finalmente no llegan a las víctimas como pasó con los pensionados del Foncolpuertos, a quienes los jueces les adjudicaron millonarias indemnizaciones que iban a parar más a los bolsillos de sus abogados y sus propios jueces que a los de los pensionados.

En el Senado había sido aprobado un texto que difiere en algunos puntos. Ahora, las cámaras legislativas deberán ser conciliarlos y si lo logran, la ley pasará a sanción presidencial.
 
Como con seguridad la Ley será demandada, esta pasará a revisión de la Corte Constitucional. Expertos en la materia han dicho que es muy probable que la Corte declare inconstitucionales los artículos que establecen diferencias entre víctimas de soldados o policías, y víctimas de guerrilleros o paramilitares, y que privilegie el tratamiento a estas últimas.
 




 
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