Una tesis macabra

La clave para resolver el misterio de lo que pasó a los 11 muchachos que desaparecieron del sur de Bogotá y que fueron supuestamente muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander, puede estar en otros dos casos similares que ya investiga la Fiscalía desde hace unos meses y en los cuales están detenidos los responsables de reclutar a los jóvenes. Los reclutadores, en estos dos casos, han confesado a los fiscales que ellos les entregaron los muchachos a miembros del Ejército y estos, posteriormente, los presentaron como muertos en combate.

El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en Barranquilla hace dos años, cuando un hombre que se identificó como informante del Ejército convenció a cuatro muchachos humildes que vivían del rebusque, para que viajaran con él a Córdoba, donde les prometió un buen trabajo. Tres de ellos aparecieron muertos en combate uno o dos días después de que el informante se los entregó a un oficial del Ejército. Un desmovilizado de las autodefensas que había sido contactado por el reclutador, y que después decidió no viajar, denunció lo ocurrido y gracias a su testimonio fue capturado el hombre que había sonsacado a los muchachos, quien confesó que un oficial del Gaula del Ejército, de la Brigada XI de Córdoba, le pagó por llevar a los jóvenes como carne de cañón.

Ese mismo Gaula se vio involucrado el año pasado en un hecho idéntico que encendió las alarmas de las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, y de la propia vicepresidencia de la República. Entre julio y agosto del año pasado desaparecieron en Toluviejo, Sucre, 11 jóvenes de entre 16 y 22 años, cuatro de los cuales eran desmovilizados de las AUC. En algunos casos los incautos recibieron una propuesta para trabajar en una finca en otro municipio de Sucre; en otros casos se les habló de que harían parte de un grupo de las Águilas Negras. Todos aparecieron como muertos en combates con la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre o con el Gaula del Ejército de Córdoba, uno o dos días después de su desaparición, y fueron enterrados como N. N. en los cementerios de Chinú y Sincé. Por estas muertes ya fue capturado Robinson Eustaquio Barbosa, que era el reclutador, y hay detenido un capitán del Ejército, y este lunes se exhumarán los cadáveres para buscar nuevas evidencias que ayuden a esclarecer exactamente qué pasó con estas personas.

A la Fiscalía le preocupa además que hay por lo menos 100 jóvenes más desaparecidos en todo el país, en particular en las zonas donde están operando las bandas emergentes del narcotráfico, como el Eje Cafetero, Antioquia y los Llanos.
Las similitudes entre estos casos y el de los 11 muchachos de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar que murieron en Ocaña preocupan porque las autoridades y los observadores internacionales empiezan a ver tantos elementos comunes, que se descartaría que se trate de casos aislados, y le daría fuerza a la teoría de que se trata de un modo de operar de una red u organización criminal.

¿Cuáles son los elementos comunes? Por un lado, el perfil de las víctimas. Son personas jóvenes que viven en la marginalidad, pero no indigentes ni necesariamente delincuentes. Más bien se trata de muchachos que buscan desesperadamente un ingreso, como los desmovilizados, y que están dispuestos a viajar a donde sea para conseguirlo. En segundo lugar, son reclutados para irse lejos. Nunca les ofrecen trabajar o participar en grupos en su propia región. Esto hace pensar que la intención es que ni ellos conozcan la zona a la que van, ni que allí sean reconocidos. En tercer lugar, a los investigadores judiciales les ha llamado poderosamente la atención que en los supuestos combates no suelen participar grupos grandes, pues los muertos son casi siempre uno o dos muchachos, a los que se les encuentran sobre todo armas cortas. Es decir, si es que se presentó combate, este suele ser desigual y extraña que asociados a estas muertes no se encuentren por ejemplo campamentos u otros elementos de guerra, como sí suele ocurrir cuando las Fuerzas Armadas combaten con la guerrilla. Adicionalmente, resulta por lo menos curioso que cerca del 80 por ciento de las bajas en combate reportadas contra las bandas criminales sean N. N., personas sin identidad, de las que no se conoce exactamente grupo de pertenencia, ni antecedentes, a pesar de que muchos de ellos fueron enterrados con sus documentos. Si se tiene en cuenta que en el último año han muerto 500 miembros de las bandas criminales en combate, la cifra de muertos anónimos es preocupantemente alta.

Por todo lo anterior es que tanto el vicepresidente, Francisco Santos, como el Ministro de Defensa y el Fiscal General han decidido que se cree un grupo elite que aclare lo que está pasando. Javier Fernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha sido enfático: “Esto no se puede tratar como casos aislados porque lo que estamos viendo posiblemente es la actuación de una macabra red criminal”. El llamado de la ONU es a que no sólo se agoten los recursos jurídicos, sino los controles internos dentro de las Fuerzas Armadas para que se descubra si hay miembros de la Fuerza Pública vinculados con esta red, cómo y por qué estarían operando en ella.

Aunque muchos indicios apuntan a que existe esta red criminal de trata de personas, también quedan muchos interrogantes sin resolver. Por ejemplo, quién paga para que los muchachos sean reclutados y trasladados hasta los lugares donde encontrarán la muerte, y por qué a lo largo de los dos últimos años esta modalidad de reclutamiento se ha extendido de una región a otra. No se sabe exactamente qué ganan los militares que presuntamente actúan en ella. ¿Mejorar aparentemente sus resultados operacionales? ¿Dinero? ¿O simplemente es un pacto con verdaderas bandas criminales que siguen actuando impunemente mientras mueren muchachos recogidos al azar?

Hasta ahora hay sospechas, pero no evidencias, de que el caso de los 11 jóvenes del sur de Bogotá haga parte del mismo patrón. Por ahora se está analizando cada caso. SEMANA tuvo acceso a las necropsias y encontró que casi todos los cadáveres recibieron seis o siete impactos de bala, que en la mayoría de los casos se reportó el hallazgo de armas cortas y en dos de ellos se trataba de fusiles. Pero todavía no se puede establecer si hubo o no combate.

El Ejército es sin duda el principal interesado en que estas muertes se aclaren, pues hay un manto de duda tendido sobre varias de sus unidades. Y sobre todo porque, de confirmarse la tesis macabra, el país estaría ante uno de los más aterradores casos de corrupción militar. Por eso lo importante es llegar hasta el fondo y si es que hay una red criminal, de la que participan soldados u oficiales, denunciarla antes de que sean las Fuerzas Armadas las que pierdan la legitimidad que han ganado en las batallas recientes contra las Farc y con los esfuerzos enormes que se han hecho en derechos humanos.