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Ni la crisis económica mundial que tiene a todos los gobernantes del planeta con los pelos de punta, ni las Farc con sus secuestros y atentados, ni las bandas de narcos que trafican coca sin parar y dejan por el camino estelas interminables de muertos, ni las confesiones de los miles de asesinatos de los paramilitares, fueron los motivos para que el gobierno de la seguridad democrática decretara un estado excepcional como la conmoción interior. En cambio, sí lo fue el paro de jueces, fiscales y trabajadores de la justicia que completó 38 días.
No le había pasado inicialmente por la cabeza al gobierno y tampoco a los mismos trabajadores que una medida tan radical como esta fuera el camino que el presidente Álvaro Uribe podría adoptar para paliar la crítica situación de la justicia. Pero sí se le ocurrió a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mayor banquero del país.
El martes 7 de octubre, en la Asamblea anual de la Anif, Sarmiento, quien tenía como invitado especial al presidente Uribe, dedicó una buena parte de su discurso para exponer los resultados de un estudio sobre el funcionamiento de la justicia en el país, que a todas luces, incluso sin el paro de por medio, pintaba un escenario caótico: "Cualquier causa laboral ordinaria, en más del 50 por ciento, será decidida en un período superior a los tres años" Y agregó. "Una justicia tardía es un remedo de justicia.". Los argumentos mencionados por el magnate fueron pintando el panorama que, según él, obligaba a un plan de choque: "...lo que debería llevar a pensar en hacer uso de la conmoción, como ha ocurrido en el pasado ..." .
Uribe no le contestó ni una palabra en su discurso a Sarmiento, pero al término del evento le aseguró a la prensa que la idea se podía pensar. Dos días después, el Presidente, desde la Casa de Nariño, anunció el Decreto 3929 que declaraba la conmoción interior por 90 días. "Sarmiento sirvió de inspirador", dicen algunas fuentes del Ministerio del Interior y de Justicia. Para fuentes de las centrales obreras, la preocupación del banquero tiene que ver especialmente con los miles de fallos judiciales que afectan el funcionamiento de la banca.
Como sea, la decisión está tomada y es la medida más extraordinaria que ha implementado este gobierno para manejar una crisis que, según las cifras de los procesos en ciernes, sin duda es grave, pero extrañamente no es percibida de esa manera por la opinión. De hecho, el paro judicial no ha sido la noticia de primera página en los diarios más que un par de veces, durante el mes que lleva la parálisis.
El gobierno está tranquilo sobre el anuncio del jueves por la noche. "Se trata de darle poderes a la Justicia para que sea la misma justicia la que resuelva la crisis", dijo Uribe el viernes en Cartagena. Los decretos facultan al Consejo Superior de la Judicatura para actuar frente al paro y autorizan a los notarios a decidir en procesos de propiedad de familia, de menores de edad o adopciones. El mismo Presidente dijo que algunos de los decretos expedidos bajo el estado de conmoción serán presentados al Congreso, para que se conviertan en leyes permanentes. Desde la Casa de Nariño aseguran que la medida no se sustenta solamente en el paro de los trabajadores, sino en el sistemático atraso, la congestión y la debilidad del ejercicio de la justicia, es decir, en temas estructurales que no han sido resueltos por décadas.
Lo que llama la atención es que la reforma a la justicia que impulsa el ministro Fabio Valencia en el Congreso y que tiene la estatura de un cambio constitucional, no tiene ese altruista propósito, sino que privilegia modificaciones, por ejemplo, como la edad de jubilación de los magistrados, o los nombramientos por cooptación.
Para el ex ministro del Interior Armando Estrada Villa, el paro judicial no ameritaba una medida de tal magnitud. Estrada asegura que las peticiones del sindicato son justas y que el gobierno debió privilegiar otros mecanismos distintos a la conmoción. "Es un asunto laboral, no de orden público, que debió resolver el gobierno con los trabajadores. No es muy ortodoxo recurrir a esta vía, que es más policial, para arreglar una protesta".
El mayor respaldo a la decisión gubernamental ha provenido del fiscal general, Mario Iguarán, quien fue el primero en hablar de "calamidad" al referirse a los efectos del paro en procesos de la Fiscalía. Entre el jueves por la noche y el viernes pasado, el Presidente y el Fiscal hablaron al menos cuatro veces por teléfono para ajustar los detalles de las medidas. Aun así, fuentes de la Fiscalía aclararon que Iguarán apoya la conmoción exclusivamente para sobrellevar la parálisis en la justicia.
Por norma constitucional, los decretos de conmoción interior tienen control por parte de la Corte. Y ya los primeros dos decretos expedidos por el gobierno van a ser estudiados por ella. Algunos ex magistrados aseguran que hay jurisprudencia que avala la declaratoria de esta medida para asuntos relacionados con la justicia. No obstante, la conmoción debe estar sustentada sobre todas las consideraciones en los hechos de la coyuntura. Es decir, en su revisión, la Corte tendrá que analizar si el orden público estaba alterado en el momento de su decreto y la estabilidad institucional en riesgo, como lo argumentó el presidente Uribe. Existen antecedentes de medidas de excepción como ésta que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte, aunque sus decretos ya se hayan aplicado.
Mientras la Corte estudia la exequibilidad de la norma y los efectos de los decretos siguen su curso, los trabajadores están en asamblea permanente. Al cierre de esta edición, las centrales obreras avanzaban en la convocatoria de una protesta nacional para el jueves 16 de octubre y un paro nacional para el 26. Tarcisio Mora, presidente de la CUT, cree que el gobierno agudizó aun más el conflicto y teme que las medidas adquieran carácter policivo. "¿Acaso unos decretos van a resolver el problema de la justicia que lleva décadas?", dijo.
Los sindicatos enviaron cartas y comunicados a organizaciones sindicales en el mundo entero y hablaron telefónicamente con algunos asesores de congresistas demócratas en Estados Unidos. Están convencidos de que esta medida es un argumento más contra la conveniencia de la aprobación del TLC.
El hilo de esta madeja apenas se empieza a desenrrollar. El gobierno seguirá expidiendo decretos y seguramente los trabajadores insistirán en su protesta. Algunos vaticinan que el Presidente ganará el pulso y que el paro se extinguirá. Como sea, lo cierto es que ahora hay que sumarle a la compleja coyuntura política del país una nueva conmoción. n
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