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Abogados de derechos humanos enviaron al Fiscal General, Guillermo Mendoza, un documento en el que le piden explicaciones por la salida de la fiscal Ángela María Buitrago, quien hace cinco años se dio a la tarea de investigar qué pasó con un grupo de al menos 11 civiles que al parecer salió vivo del Palacio de Justicia, pero que después nunca apareció.
Buitrago era fiscal delegada ante la Corte Suprema desde 2005 y, según la Fiscalía, tenía 186 expedientes en su despacho.
Mendoza ha insistido en que si bien Buitrago se destacó en algunos procesos, como el del Palacio de Justicia, estaba retrasada en tomar decisiones en casos como las que la Fiscalía sigue en contra de gobernadores regionales por distintos cargos, la mayoría por corrupción.
Tras un lustro de pesquisas, Buitrago logró el procesamiento de cuatro generales retirados del ejército y la condena a 30 años de cárcel del coronel Alfonso Plazas, uno de los oficiales que encabezó la sangrienta retoma que provocó la muerte de más de 100 personas, entre ellas todos los guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) que asaltaron la sede judicial en el centro de Bogotá y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema.
Los activistas le pidieron a Mendoza que explique por qué argumentó ante la prensa que la salida de Buitrago obedeció a que, con contadas excepciones, casi todos los expedientes adscritos a su oficina estaban represados.
Jorge Molano, abogado de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, manifestó que si faltó celeridad en otros casos fue porque la hoy ex funcionaria dedicó gran parte de su tiempo "a acelerar procesos mucho más importantes y relacionados con temas de derechos humanos".
Pero el tema de la supuesta ineficacia de Buitrago no parece estar del todo clara, como lo adujo Mendoza.
Aunque Buitrago sólo atina a decir que su salida obedeció a un tema discrecional del Fiscal, lo cierto es que en las horas previas a su adiós a la Fiscalía tomó dos decisiones de gran peso político y judicial.
Buitrago vinculó formalmente a un proceso penal a tres generales retirados del ejército por la "desaparición forzada" de un magistrado durante la retoma del Palacio de Justicia, y citó a rendir testimonio al ex vicepresidente de la República Francisco Santos y al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria porque habrían incurrido en calumnia e injuria al señalar a un grupo de sindicalistas como proclive a la guerrilla.
"La verdad sería mucho más duro y grave para mí pensar que tuvo alguna relación" su salida con las decisiones que tomó la semana pasada, dijo en entrevista telefónica Buitrago, quien por su arrojo a la hora de tomar decisiones judiciales se ganó el apelativo de la 'Fiscal de Hierro'.
AP.
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