La Corte se avecina

El presidente Álvaro Uribe mandó una buena señal a la justicia internacional. El jueves pasado anunció que su gobierno estudiará la posibilidad de levantar la salvedad de siete años que tiene la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos por colombianos. La Corte, como se sabe, fue creada en 2002, cuando se aprobó el Estatuto de Roma. Colombia es uno de los 78 países que suscribieron su creación, pero pidió esta salvedad, pensando en que la Corte no se convirtiera en un obstáculo, en la eventualidad de que se abriera una negociación política con los grupos armados.

Uribe eligió un momento clave para hacer el anuncio, justo una semana después de su tormentosa confrontación con la Corte Suprema de Justicia a causa de la para-política y que dejó en el escenario internacional la sensación de que el Presidente está interfiriendo en las labores de la justicia. Uribe le hizo la sorpresiva propuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, quien estaba de visita en el país. Como si fuera poco, estaba sesionando en Bogotá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por invitación del propio gobierno. Una Corte que ha condenado en más de una veintena de casos de masacres, torturas y desaparición forzada, al Estado colombiano

La propuesta del Presidente tiene más valor político que efectos prácticos. La Corte Penal Internacional no sólo observa crímenes de guerra -toma de rehenes, tortura, destrucción de bienes protegidos por el derecho internacional-, sino también crímenes de lesa humanidad -desaparición forzada, masacres, desplazamiento- y genocidio. La salvedad es sólo para los crímenes de guerra. O sea que los paramilitares y los guerrilleros, con salvedad o sin ella, siempre han estado bajo jurisdicción de esta Corte, por las atrocidades cometidas contra los civiles, que son la mayoría de sus crímenes. En la práctica, quienes más se verían afectadas, paradójicamente, son las Fuerzas Militares, pues ellos sí que pueden incurrir, y de hecho lo hacen con frecuencia, en violaciones al derecho internacional humanitario. Y es claro que cuando el Estado colombiano pidió la salvedad a la Corte, buscaba protegerlas sobre todo a ellas, en un contexto de conflicto prolongado y degradado, donde el récord de violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública ha sido tan alto. La propuesta de Uribe obliga a incrementar los controles y las sanciones dentro del estamento castrense. Y seguramente el mayor debate sobre la conveniencia o no de levantar la salvedad, vendrá de este sector.

Aunque muchos observadores creen que la propuesta de Uribe hace más difícil la posibilidad de una negociación con la guerrilla, esto no necesariamente es cierto. En un país donde la impunidad ha sido un fuerte incentivo para cometer los peores crímenes, la vigencia plena de la Corte Penal Internacional se puede convertir en todo lo contrario: un incentivo para dejar de cometer atrocidades. Es el caso del ELN, que podría acelerar su lentísimo proceso de diálogo para no quedar sometido a la Corte, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con los crímenes de guerra. En el caso de las Farc es diferente. En el horizonte del próximo año y medio, en que la salvedad de todas maneras se vence, no se avizora una negociación ni un desarme. Entonces mal podría decirse que la decisión del gobierno podría ser un palo en la rueda de un eventual proceso de paz.

Por donde se mire, la propuesta de Uribe es sana para el país, independientemente de las motivaciones que tenga el Presidente para hacerla. Lo que sí es importante es que salga adelante y no se quede apenas en un anuncio efectista para salvar la imagen internacional del Ejecutivo, que quedó tan maltrecha después de su agarrón con la Corte.

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