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Durante la reunión de Acuerdo para la Prosperidad que se adelanta este sábado en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos manifestó su total respaldo a los seis miembros de la cúpula militar y policial que ocupaban posiciones de mando durante la llamada operación 'Fénix', en 2008.
"Todos los oficiales, los suboficiales, los soldados de tierra, mar y aire, y los policías que participaron en la operación lo que merecen es el aplauso, el apoyo y la admiración no solamente del pueblo colombiano, sino del mundo entero", expresó el mandatario.
Santos Calderón manifestó que él, junto con el entonces presidente Álvaro Uribe, ordenaron el ataque a las FARC que tuvo lugar en territorio ecuatoriano y donde murió el jefe de las FARC alias 'Raúl Reyes'. "O sea que si hay algún responsable soy yo", dijo Santos refiriéndose a su papel durante la operación militar.
En la mañana del sábado, el vicepresidente Angelino Garzón se sumó también a las voces que desde el Gobierno colombiano rechazaron las acusaciones desde el otro lado de la frontera.
En su cuenta de Twitter, manifestó que la "acción contra las FARC donde cayó 'Reyes' fue una decisión de Estado, por lo tanto la defensa de nuestros Generales es un deber de Estado".
Ya en la tarde, dijo a medios de prensa en Cali que “la decisión de la Corte de Sucumbíos no tiene sentido común”. Advirtió así mismo que lo mejor que se puede hacer es archivar el proceso judicial. Garzón destacó también la posición de apoyo a las Fuerzas Militares expresada por el presidente Santos.
En comunicado leído la noche del viernes por la canciller María Ángela Holguín, el gobierno nacional "rechazó categóricamente" el llamamiento a juicio por la Sala Única de la Corte de Justicia de la Provincia de Sucumbíos, bajo el cargo de asesinato.
"El Gobierno de Colombia rechaza categóricamente esa decisión y desestima las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil", manifestó Holguín en la nota.
Agregó la canciller que "el Estado colombiano con sujeción al Derecho Internacional Humanitario adelantó la operación Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana. Esa operación reiteramos constituye un acto de Estado contra reconocidos terroristas internacionales".
El viernes, el señalado tribunal del vecino país convocó a juicio a altos mandos militares y de policía por el caso del bombardeo en la región de Angostura, operación en la que murió el jefe guerrillero 'Raúl Reyes', en marzo de 2008.
El llamamiento a juicio incluye al excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia general (r.) Freddy Padilla de León; al director de la Policía, general Óscar Naranjo; al excomandante del Ejército general (r.) Mario Montoya; al excomandante de la Fuerza Aérea general (r.) Jorge Ballesteros; al excomandante de la Armada almirante (r.) Guillermo Barrera y al teniente coronel Camilo Álvarez.
La primera reacción fue del expresidente Álvaro Uribe, mandatario durante la época de la operación, quien advirtió desde su cuenta de Twitter que "Colombia no puede aceptar acusación ecuatoriana a nuestros generales".
A ello se sumó la declaración del presidente del Partido de La U, Juan Lozano, quien manifestó que “rechazamos esta medida porque aquí lo que hubo fue una operación de Estado para enfrentar una organización criminal que ha causado dolor, tragedia y muerte en Colombia".
"Respaldamos plenamente la postura que ha asumido el Gobierno de Colombia y respaldamos plenamente a nuestros oficiales, a nuestros soldados y a los comandantes", puntualizó Lozano.
La acusación
Los magistrados del tribunal de Sucumbíos acogieron la alegación planteada por la Fiscalía General del Estado, que determinó que "existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito" de asesinato, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
En la operación militar, además de 'Reyes', murieron unas 25 personas, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos.
Las presunciones apuntan a los imputados como "autores" del delito tipificado en el código penal ecuatoriano, en uno de cuyos artículos implica esa figura "cuando se ha imposibilitado a la víctima a defenderse, por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos, buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio".
Según el texto de la Fiscalía General, la Sala de la Corte de Sucumbíos confirmó las alegaciones y dictó el auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados.
El pasado 30 de marzo, la Corte de Sucumbíos sacó del caso al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que en la época de la operación se desempeñaba como ministro de Defensa.
Con EFE