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Para Naciones Unidas, Colombia, continúa seriamente afectada por un conflicto armado interno que se remonta a más de cuatro décadas y sobre ese panorama, lo avances en materia de derechos humanos son aún insuficientes.
El informe recuerda que en 2007, un informe del ACNUR- la agencia de Naciones Unidas para el tema del desplazamiento- decía que en los últimos diez años el conflicto se había propagado desde las regiones centrales, como las capitales, hacia zonas remotas y fronterizas con otros países. En esas zonas y en otras del país, el informe sostiene que los grupos armados ilegales tienen que ver, directa o indirectamente, en actividades de narcotráfico y en redes de crimen organizado y corrupción.
Todos esos factores, más “la persistencia de problemas estructurales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación, continúan afectando de manera negativa la situación de los derechos humanos”, dice la Alta Comisionada en su informe.
El informe de la Alta Comisionada, Navi Pillay, quien visitó el mes pasado el país, encontró que otro problema sin resolver aún es la seguridad de las víctimas para participar en los procesos judiciales y recibir reparaciones de los desmovilizados.
Precisamente el informe toma en cuenta los reportes de varios observadores de Naciones Unidas que han encontrado que en los últimos meses se ha intensificado la violencia contra los defensores de derechos humanos. Por eso, “recomendaron que, con carácter urgente, se adoptara medidas para proteger con eficacia a los defensores que se encontraban en peligro, se investigara con eficacia a los responsables de las violaciones y los procesara con decisión”.
No obstante, Naciones Unidas reconoce que últimamente se han alcanzado progresos en seguridad, lo cual beneficia la protección de los derechos humanos a lo largo de todo el país. Igualmente destaca que los derechos humanos se establecieron como prioridades de los organismos públicos.
Una muestra es que la Corte Suprema de Justicia ha actuado de manera independiente en los procesos que lleva de los vínculos de políticos con paramilitares. “Todas esas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas”, dice. El informe es claro en señalar que por esto se, “requiere el desmonte de las estructuras económicas y política de los grupos paramilitares desmovilizados”.
El cumplimiento de esas, y otras recomendaciones, serán analizados durante la sustentación del panorama de derechos humanos en Colombia este 10 de diciembre en Ginebra, sede muchas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos.
Vea el informe completo
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