¿Puede una playa pública terminar en manos de un hotel?

El fiscal 16 seccional de Cartagena ordenó a la administración distrital mediante tutela entregar 25 mil metros de playa a una sociedad comercial para que el tutelante pueda construir un complejo turístico.

La decisión fue calificada como insólita por la alcaldesa Judith Pinedo Flórez, quien además presentó denuncia contra el Fiscal 16 por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública. Las playas que ordenó entregar el fiscal en concesión son de uso público.

La playa se encuentra en el sector de Castillogrande, una zona residencial a orillas de la bahía frente a la isla de Tierrabomba y al lado del Hospital Bocagrande, en un tramo de dos cuadras.

El inversionista, de nombre Peter Kreill, pretende construir, comprometiendo unos 25.598 metros cuadrados de playa, un complejo turístico que llevaría por nombre “Ibiza Beach”, proyecto que incluye la construcción de un beach resort, un restaurante, un chiringuito - un establecimiento comercial-, y al final, una plataforma marítima, que se asemeja a un muelle. La concesión fue solicitada por la firma Witri Ltda..

Según la mandataria, el Fiscal ordenó al Distrito otorgar la concesión de estas playas, sin tener en cuenta el concepto técnico emitido por la secretaría de Planeación Distrital, entidad a la que le compete el tema de concesiones en playas, que conceptuó, basada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que la vocación o uso de estas playas era familiar, y que están ubicadas en zona residencial, por lo que resulta inviable levantar este tipo de construcciones en esta zona.

“El concepto que dieron los expertos de Planeación fue desfavorable para el proyecto en esa zona, al considerar inviable su construcción en unas playas de uso colectivo, y que meter una carga de restaurantes, resort, en un bien de uso público, no era viable”, dijo Pinedo Flórez.

“El Fiscal delegó la función de considerar si el proyecto era viable o no en estas playas, a un técnico del CTI, obviando completamente el concepto técnico de Planeación Distrital. Y, con base en el concepto emitido por este técnico, fue que nos ordenaron entregar esta playa en concesión”, explicó Pinedo Flórez en declaraciones a los medios.

Según explicó la Alcaldesa, determinar si una playa es apta o no para una concesión es una competencia netamente administrativa.

“Estimamos que un Fiscal no puede dar una orden de esta naturaleza, además, un técnico del CTI no tiene la especialidad ni la función legal para emitir un concepto sobre este tema, esta competencia en este caso le correspondía a Planeación Distrital, por lo que decidimos demandar al Fiscal por usurpación y abuso de funciones públicas, y además advertir a Capitanía de Puerto y a la Dimar, solicitando que se abstenga de tomar decisiones en este caso”, dijo la Mandataria.

La Alcaldesa dijo además que es un caso sin precedentes en la ciudad y, tal vez, en el país.

“Es un caso insólito en Cartagena, y creo que hasta en el país, la Fiscalía 16 de Cartagena ordenó al Distrito la entrega de las playas de Castillogrande, orden basada en el concepto de un Técnico del CTI y no de la autoridad competente en este caso. No podemos estar sujetos a las decisiones de una entidad no competente, que no consulta el interés general y viola totalmente la legislación de Planeación de Cartagena”, dijo la Mandataria.