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| 4/23/2009 12:00:00 AM

Escándalo por licitación de refrigerios ronda al Distrito

La Secretaría de Educación asignará hoy una licitación por 200 mil millones de pesos para los refrigerios escolares, pero la Contraloría pide al Secretario, Abel Rodriguez, suspender el proceso por presuntas irregularidades.

En menos de 24 horas el secretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez, sufrió dos duros golpes que pueden afectar no solo su futuro como uno de los funcionarios más destacados de las dos administraciones del Polo Democrático en la capital, sino que puede enredar al alcalde Samuel Moreno.

Además del anuncio que hizo ayer el Procurador General de abrirle investigación disciplinaria a Rodríguez y a la entidad por las supuestas irregularidades en la compra de un lote para la construcción de un colegio que todavía no se ha edificado y en la que presuntamente hubo falsedad de documentos y millonarios sobrecostos, ahora el funcionario está de nuevo en la mira de un gigantesco escándalo.

Esta mañana el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, le envió un contundente control de advertencia a Rodríguez para que considere suspender la licitación que se debe adjudicar hoy por 200.000 millones de pesos para el suministro de los refrigerios escolares de los colegios públicos de la capital.

En febrero pasado la Secretaría abrió la millonaria licitación para escoger a 10 empresas o consorcios que provean los refrigerios en las 20 localidades de Bogotá, pero durante el proceso, según la Contraloría, fueron retirados los nuevos proponentes y sólo quedaron habilitados para quedarse con los millonarios contratos, las mismas empresas que vienen prestando ese servicios desde hace varios años.

Según el Contralor, los nuevos proveedores y los actuales debían obtener un concepto higiénico sanitario favorable o pendiente del Hospital de Fontibón, para entrar a la licitación.
 
Las plantas de alimentos de los actuales contratistas de la Secretaria de Educación para proveer los refrigerios fueron habilitados, según dice el Contralor,  de forma poco clara por el Hospital, mientras que a las nuevas empresas no se les expidió ningún concepto.

Por este hecho, los nuevos proponentes fueron descalificados, a pesar de que la mayoría cumplieron con los demás requisitos del proceso, desconociendo, según el Contralor, la Ley 1150 de 2007 que advierte que “la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”.
 
Y como estos requisitos no afectan el puntaje ni las ofertas, podían ser solicitados en cualquier momento, cosa que no se hizo.

Según el organismo de control, no es claro por qué a los nuevos proponentes se les evaluó, a unos con el formato del Invima, y a otros con uno diseñado por el Hospital de Fontibón, violando el principio de igualdad.
 
Además, “el equipo auditor encontró una ostensible contradicción, toda vez que se pudo verificar el concepto higiénico sanitario emitido para proceso contractual adelantado en la licitación de 2008, encontrando que en observaciones similares a los actuales nuevos proponentes, sí se emitió el concepto de “pendiente”, y ahora para el proceso licitatorio de 2009, se abstiene de emitir dicho concepto con lo cual y como consecuencia de ello, se rechazó a seis proponentes..."
 
Continúa la carta del Contralor al secretario de Educación diciendo que "Lo anterior permite concluir que no existe un criterio técnico unificado del Hospital de Fontibón frente a la expedición de dicho concepto, lo que con mayor razón deja en entredicho el dictamen de las condiciones higiénico sanitarias indispensables para la evaluación técnica de la actual licitación, lo que genera dudas que no podrían ser admisibles en este proceso”.

Frente a estas y otras supuestas irregularidades, el Contralor le dice al secretario de Educación que “siendo conocedor de su mejor deseo de acertar en este proceso contractual, le solicito comedidamente con carácter urgente, considere de manera seria la posibilidad de suspender la adjudicación de dicha licitación pública, hasta tanto no tenga absoluta seguridad y certeza del cumplimiento de los requisitos técnicos consagrados en los respectivos pliegos de condiciones”.
 
Frente a la magnitud del contrato, al peligro de ‘cartelizar’ los refrigerios y a los continuos rumores que hay por la falta de transparencia en la administración Moreno, es de vital importancia que Abel Rodríguez aclare todas las dudas y dé muestras de transparencia y pulcritud, porque como lo advierte la misma Contraloría, “estos procesos no deben admitir ningún manto de duda sobre la transparencia y respeto por la libre competencia en condiciones de igualdad, oportunidad y objetividad que de manera evidente se están cuestionando en esta licitación”.


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