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| 1/25/2014 2:00:00 AM

Campaña política al Congreso está más costosa que nunca

¿A qué se debe ese fenómeno que corrompe la democracia?

Por estos días en los corrillos políticos no falta el comentario sobre lo costosa que está la campaña política. En voz baja hay candidatos al Congreso que advierten que su curul les va a costar entre 2.000 y 5.000 millones de pesos. Otros hacen el cálculo por voto: cada sufragio podría costar 100.000 pesos. Así, un aspirante al Senado –que no tenga voto de opinión– debería desembolsillar casi 10.000 millones de pesos si aspira a sacar 100.000 votos. Las astronómicas cifras, que nunca entrarán en las cuentas de campaña, rayan en lo absurdo. Aunque hay topes del dinero que se puede gastar en las campañas, solo unos cuantos los respetan. ¿A qué se debe esa inflación de la política?

Según una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de enero del año pasado, la campaña al Senado de un partido solo puede gastar 30.188.000 millones de pesos. Eso significa que si la lista de ese partido tiene 100 candidatos, un candidato solo puede requerir 301 millones de pesos. La suma suena ridícula si se le compara con lo que están diciendo en voz baja algunos candidatos. Curiosamente, cuando salió la resolución hace un año nadie advirtió que el tope para las campañas al Congreso era tan desproporcionado. Solo cuando arrancó la campaña, en noviembre pasado, algunos candidatos cayeron en la cuenta de que tienen un límite de gastos por lo bajo. “Esto no le importa sino a los que buscamos el voto de opinión y respetamos los topes, porque al que lo tiene amarrado le importa un comino”, dijo el candidato al Senado Carlos Galán.

Por esta razón el abogado Carlos Mario Isaza, experto en asuntos electorales, demandó la resolución con un poderoso argumento. El CNE no solo se sacó el tope del sombrero, sino que creó un escenario de financiación aún más absurdo: mientras que una campaña al Senado tiene un techo aproximado de 300 millones de pesos, en departamentos como Córdoba el límite de gastos de campaña a la Cámara es de 806 millones de pesos y en Antioquia, de 237 millones. Esto se debe a que el CNE hizo el cálculo sin tener en cuenta el potencial electoral de los departamentos sino el número de curules por asignar. Mientras que el Consejo de Estado resuelve la demanda, los candidatos esperan a que el CNE suspenda los efectos de la resolución o expida una nueva con condiciones más equilibradas. “La idea con esta intervención –dice el abogado Isaza– es que no se gaste más de lo que se autorice y las campañas tengan holgura económica, porque la limitación lo puede ahogar”.

La preocupación no es infundada. Los candidatos que quieren cumplir la ley tienen poco margen de maniobra para gastar. Ellos saben que compiten con candidatos que tradicionalmente mueven exorbitantes sumas de dinero por debajo de la mesa y que amarran los votos. Ese fenómeno, aunque indignante, no es nuevo; la novedad es que esta vez el gasto podría ser mucho mayor. Asesores políticos, congresistas y candidatos consultados por SEMANA consideran que en esta campaña hay una inflación del voto que pone en riesgo la transparencia del proceso electoral.

Los expertos con los que habló esta revista concluyen que el encarecimiento del voto de estas elecciones se debe a un fenómeno inusitado en las elecciones recientes: el retorno de Álvaro Uribe a la lid política. El anuncio de su aspiración activó el interés de figuras prominentes como Horacio Serpa, Antonio Navarro y otros presidenciables de ir al Senado. Con ellos, la proporción de candidatos de voto de opinión que se sumó a sus filas aumentó. Estos candidatos son reconocidos en el espectro nacional, para ellos conseguir recursos y persuadir al elector es más fácil. El efecto inmediato es que los demás arpirantes, para contrarrestar las fortalezas de sus competidores que buscan la opinión, deben invertir cuantiosas sumas de dinero ya sea para que los identifiquen o para movilizar a los votantes el día de la elección.

Los gastos

Instalar una sola valla por un mes puede costar entre 7 y 15 millones de pesos, dependiendo del sitio donde se ponga. En 20 vallas, instaladas dos meses, se le podría ir la plata a un candidato. Emitir una cuña de 22 segundos en una radio de alcance nacional podría costar entre 1 y 3 millones de pesos; un spot (propaganda televisiva) podría valer entre 2 y 7 millones de pesos, de acuerdo con el horario en el que se emita, y un aviso publicitario en una revista podría costar entre 12 y 20 millones. Eso sin contar con gastos como el transporte, la nómina y otros. Así las cosas, según los cálculos que ha hecho la candidata al Senado Viviane Morales, el costo de una campaña con algunos de estos ingredientes podría ascender a 2.000 millones de pesos.

Pero esas cuentas son de quienes hacen públicos sus gastos, que en la mayoría de los casos son los candidatos con voto de opinión. Estos hacen unos planes de comunicación para tratar de optimizar los recursos; su campaña consiste en repartir volantes, buscar figurar en los medios y tratar de montarse en la ola de los debates importantes. Una campaña que ha tratado de impactar con la austeridad es la del profesor Rodolfo Arango, quien dice que buscará llegar al Senado con 20 millones de pesos de un préstamo familiar. Sin embargo, se pueden contar con la mano quienes acceden al Senado con estas quijotescas características. Tradicionalmente corresponden al 10 por ciento del total del Senado. O sea de 102 senadores, solo diez llegan por esa vía.

Los demás acuden a la ‘clientela’, al voto amarrado. Para ellos las cuentas son de otro orden. La mayor parte del gasto se les va en comprar líderes, movilizar al electorado el día de la elección y, en algunos casos, comprar el voto. Como nada de eso entra en una cuenta de campaña, conocer a ciencia cierta la verdad sobre el gasto es imposible. Sus gastos no dejan ninguna huella pues el efectivo es el rey. “Los topes de campaña son la mayor hipocresía de esta democracia”, dijo el consultor Germán Medina, quien ha gerenciado varias campañas.

¿De dónde sale la plata? Es muy fácil: de la mermelada del propio Estado y en algunos casos puntuales de los grupos ilegales que quieren incidir en la política. Un asesor de campañas, que prefirió la reserva de su nombre, explicó a SEMANA cómo funciona: “El gobierno destina unos recursos a una región. Los gestiona un congresista con incidencia política en ese lugar, que después pone al contratista para hacer la obra, pero a cambio este le debe dar un porcentaje del contrato. La excusa es la campaña”. En muchos casos los elegidos no son el fruto de una gestión política, sino de la suma de todos los mecanismos de convencimiento –desde la invasión publicitaria que hace pensar en algunas regiones que no hubiera más candidatos, hasta la tradicional compra de votos en efectivo o en especie–.

Para el director del Grupo de Investigación de Partidos de la Universidad Nacional, David Roll, este fenómeno de la democracia colombiana se remonta al diseño institucional de la Constitución de 1991. “Entonces se pensó que la circunscripción nacional de Senado rompería con el clientelismo local y los candidatos saldrían a buscar los votos por todo el país. Pero ese intento falló y lo que ocurrió fue que se encareció la política”. En su criterio, además de vigilar la infiltración de dinero mafioso en las campañas, los partidos deberían hacer pactos de transparencia. Otros analistas sugieren que el voto debería ser obligatorio, lo cual disminuiría los costos y la corrupción. (Se pueden comprar los votos de una región, pero no los de todo un país). Y otros consideran que los topes de financiación deberían aumentarse, porque de lo contrario nunca se sabrá cuánto cuesta una campaña. En todo caso, se requieren ajustes.

La llegada de Uribe y otras figuras de opinión a la campaña, las débiles reglas de juego y las razones estructurales del sistema explican la onerosa campaña en ciernes. Las autoridades tienen un desafío enorme: identificar en dónde el poder corruptor del dinero está haciendo mella y castigar a los responsables si los encuentra. La otra pata de la mesa de la responsabilidad recae en el ciudadano. Su deber es informarse, apropiarse de sus derechos y votar a conciencia.
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