Comisión impedida para investigar ‘mermelada’

Las denuncia por la repartición burocrática de cargos del Estado a recomendados de congresistas, y la distribución de auxilios parlamentarios, está en manos de la Comisión de Acusaciones, que tendrá que determinar si la tesis del uribismo de que los puestos y los cupos indicativos para el desarrollo de las regiones fueron repartidos entre congresistas a cambio de apoyo a proyectos de ley del Gobierno.

Muchos advierten que esta denuncia no es más que una estrategia electoral del uribismo para hacerse publicidad. Y también cuestionan que se trate del movimiento político del expresidente Álvaro Uribe, que, según lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, ofreció dádivas a congresistas a cambio del voto a favor de la reforma constitucional que permitió su reelección inmediata. Por ese caso fueron condenados los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Sin embargo, Ernesto Macías, el denunciante, pretende que este caso llegue hasta las últimas consecuencias. Busca que la Comisión establezca la responsabilidad del Gobierno en la repartición burocrática, presuntamente a cambio de votos para sus proyectos, y la distribución ilegal de “auxilios parlamentarios”, disfrazados, según su tesis, en cupos indicativos.

Pero la investigación enfrenta varios obstáculos. La Comisión de Acusaciones, hoy integrada por 14 parlamentarios, estaría prácticamente impedida para adelantar el proceso por cuenta de que 12 representantes aparecen mencionados en la información que, según Macías, está contenida en los computadores de Casa de Nariño.

Para empezar, el presidente de la Comisión, representante Carlos Édward Osorio (La U), quien tiene que ordenar el reparto del proceso, no estaría habilitado para hacerlo, toda vez que su nombre aparece relacionado en la asignación de cupos indicativos para obras terciarias en el departamento de Tolima. Además Osorio pertenece al mismo partido del presidente Santos, circunstancia que podría constituir en un nuevo impedimento para que asumiera el trámite de la investigación.

En situación similar estaría el vicepresidente de esta comisión, el representante José Rodolfo Pérez (Apertura Liberal), que aparece relacionado con la adjudicación de cupos indicativos.

La comisión está obligada a nombrar un presidente ad-hoc para determinar la suerte de esta queja. Toda vez que los congresistas Yahir Acuña (negritudes), Hernando José Padaui (Cambio Radical), Germán Blanco (P. Conservador), Javier Tato Álvarez (P. Liberal), Constantino Rodríguez (P. Conservador), Orlando Clavijo (P. Conservador), Orlando Velandia (P. Liberal) Manuel Carebilla (Cambio Radical), Heriberto Escobar (PIN) y Elkin Ospina (La U), también aparecen relacionados en la información que se desprende del computador de Casa de Nariño.

Los únicos dos representantes que hasta el momento no aparecen en los archivos del mencionado computador son Jorge Gómez Villamizar, del Partido Liberal, y Nicolás Guerrero de La U, sin embargo, los dos pertenecen a la coalición de la Unidad Nacional, lo cual los podría inhabilitar para conocer la investigación.

Pero quizá lo que podría enredar a los miembros de la Comisión, empezando por su presidente, es que, según el artículo 331 de la Constitución, el parlamentario está en la obligación de repartir el proceso durante los tres días hábiles siguientes al recibo de la queja o la denuncia. De lo contrario, podría verse vulnerable a cualquier demanda por presunto prevaricato por omisión.

Otro dilema de los miembros de la Comisión es si procede o no el envío de copias a la Corte Suprema de Justicia. Toda vez que en la queja y las pruebas que la sustentan están comprometidos 164 congresistas, y es este alto tribunal el encargado de investigar a los parlamentarios.

Este es el nuevo enredo con el que inició el año la Comisión de Acusaciones, una corporación señalada de inoperante y que ahora, probablemente, fracase en una investigación en la cual están comprometidos más del 90 % de sus integrantes.

“La mermelada de Santos ascendió a tres billones de pesos”

Por segunda vez en menos de un mes el candidato al Senado por el Centro Democrático Ernesto Macías fue a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para pedir que se abra investigación contra el presidente Juan Manuel Santos, la razón, la denominada ‘mermelada’ que durante su gobierno ha repartido entre los congresistas de la Unidad Nacional.

El pasado mes de diciembre había pedido investigar a Santos por haber, según su tesis, repartido 1.975 cargos directivos de entidades del Estado y 597 contratos de prestación de servicios, todo ello entre los llamados congresistas amigos del Gobierno.

Ahora, la petición de este integrante del uribismo es que se investigue al mandatario por haber otorgado “auxilios parlamentarios”, los cuales están prohibidos en la Constitución, ahora denominados “cupos indicativos” para el desarrollo de las regiones.

Según Macías, los cupos indicativos otorgados en el actual gobierno se elevan a tres billones de pesos. La investigación se desprende de la información contenida en los computadores de Casa de Nariño, se repartieron a 164 congresistas, la mayoría de ellos integrantes de los partidos políticos que hacen parte de la Unidad Nacional.

Para Macías, las asignaciones presupuestales destinadas al desarrollo de las regiones son legales siempre y cuando estén sustentadas en fines constitucionales. Pero lo que pide es que la Comisión de Acusaciones indague a profundidad los motivos y repercusiones que sustentaron la distribución de estos cupos indicativos. La tesis del uribismo es que tales auxilios podrían configurar un caso de “favorecimiento político” en el que se estaría dejando de lado el interés común del gasto público para beneficiar de forma particular a determinado congresista.

“Solicito se verifique si durante este gobierno se están utilizando las partidas presupuestales para dar apariencia de legalidad a lo que en realidad constituye auxilios parlamentarios prohibidos por el artículo 355 de la Constitución”, se lee en uno de los apartes de la querella.   

En la petición de investigación, Macías considera que la repartición de tres billones de pesos del presupuesto podría configurar una presunta conducta de desviación de poder del presidente Santos al “disfrazar” auxilios parlamentarios en “cupos indicativos”.

El denunciante también le pide a la Comisión que determine si esta información es prueba de un posible cohecho al señalar que presuntamente se trataría de un intercambio de auxilios por votos a favor de los proyectos de ley presentados por el Gobierno. Para ello, relacionó una documentación sobre la forma como los congresistas mencionados habrían votado favorablemente algunas iniciativas del Gobierno, una de ellas el controvertido marco legal para la paz.

En el documento Macías señala que la Corte constitucional fijó en 800 millones de pesos el tope los cupos indicativos. Pero que, según la información del computador de Casa de Nariño, hay congresistas que gestionaron hasta 1.500 millones.

“Estamos ante un caso grave del manejo de los recursos. Los congresistas están estratificados dependiendo su comportamiento en las plenarias. Esto significa que si una región no tiene un congresista amigo, no tendrá acceso a los recursos para obras de desarrollo”, explica Macías.

La petición de investigación está sustentada en 266 folios que corresponden a documentos en formato excel que están identificados como Obras para la Prosperidad y recursos de la Ola Invernal.

Esta es la segunda denuncia con la que el uribismo pretende que las autoridades inicien la investigación del denominado caso de la mermelada burocrática.