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| 5/14/2014 12:00:00 AM

El estudiante que sueña con tumbar a Vargas Lleras

La tutela del joven contra la llave de Santos será estudiada por el cuestionado José María Armenta.

Los colombianos se sorprendieron al ver que Ferleyn Espinosa Benavides, un estudiante de derecho de la Universidad Republicana, secretario de un bufete de abogados del centro de Bogotá y quien servía café y llevaba documentos a los juzgados, había logrado tumbar a la entonces fiscal, Viviane Morales. Corría el 29 de febrero del 2012 y lo hizo con una magistral demanda de nulidad de la elección de la funcionaria por considerar que tenía vicios de forma.

Pronto se descubrió que detrás de ese anónimo estudiante de 34 años estaban su tío Hernando Benavides y otros dos experimentados abogados: Miguel Cuesta y Rafael Toncel. Se trata de tres especialistas en derecho civil y administrativo que han dedicado sus vidas al estudio de demandas contra el Estado. Conocen la letra pequeña de los códigos y pueden durar años a la espera de que un Tribunal o el mismo Consejo de Estado fallen un caso.

Ahora quieren volver a sonar con otro llamativo proceso. Frey Ernesto Benavides, otro sobrino de Hernando Benavides, quien cursa último semestre de derecho en la Universidad Republicana, puso una tutela para tumbar la llave a la presidencia de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras.

El estudiante de 33 años y quien también se ocupó de labores secretariales en el bufete de su tío y ahora maneja pequeños casos, alega que tanto Santos como Vargas están incursos en doble militancia puesto que el candidato-presidente y su fórmula vicepresidencial no son del mismo partido.

En apariencia se trata de una leguleyada. El vicepresidente actual, Angelino Garzón, es de otro partido del presidente Santos. Álvaro Uribe fue elegido y reelegido con Pacho Santos, que tampoco militó en el movimiento con el que se inscribieron. El periodista liberal Gustavo Bell fue la fórmula vicepresidencial del conservador Andrés Pastrana. Así las cosas, la historia se puede ver como el propósito de unos abogados en busca de fama en el período electoral.

Otros, sin embargo, sugieren que no se puede menospreciar el caso como se hizo en su momento con la historia de la fiscal Morales.

¿Y en este caso en qué se basa el demandante? En primer lugar, Benavides Lozano pide al Tribunal que proteja sus derechos fundamentales a la participación en la conformación, el ejercicio y el control del poder político y dice que tiene derecho a que la organización electoral garantice la transparencia de la contienda que se avecina.

En ese sentido asegura: “que se deje sin efectos, revoque o anule, por ser contrario a la Constitución y la ley el acto de inscripción de la fórmula o candidato a la Vicepresidencia de la República que acompaña el nombre del candidato presidente Juan Manuel Santos, es decir, del doctor Germán Vargas Lleras”.

“Siendo la fórmula del candidato-presidente de reelección, su candidato a la Vicepresidencia debe corresponder al mismo partido que lo llevó a la Presidencia, pues no le es dable cambiar de partido, ni usar fórmula de coalición que no haya cumplido los requisitos que Constitucional y legalmente imponen las normas que regulan la materia electoral”, reza la tutela.

Más adelante, argumenta una evidente transgresión al orden jurídico porque es evidente que Santos fue elegido Presidente 2010-2014 por el Partido de la U, y Vargas Lleras es miembro fundador del partido Cambio Radical, a través del cual participó como candidato en la contienda para el período constitucional 2010-2014.

“La candidatura de los dos miembros de fórmula pertenecientes a distintos partidos políticos, se dice que es consecuencia de una coalición o pacto electoral consumada por el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Cambio Radical. (…) Sin embargo, tal coalición no es legal en tanto no se encuentra acreditado ningún acuerdo de coalición. (…) No está presente ni se tiene noticia de que en los mencionados partidos se haya celebrado reunión estatutaria para tomar consentimiento de las militancias. No se debe perder de vista que el acuerdo tiene como finalidad establecer las reglas generales de la coalición, la forma como previamente se escoge el candidato, el programa de gobierno, cómo se administran y distribuyen los recursos de reposición estatal, las auditorías internas, la publicidad, etc. Es decir, sin este documento no existe la coalición electoral, y estamos en presencia de una doble o múltiple militancia”.

El estudiante instauró la tutela en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y esta, por reparto, le correspondió al cuestionado magistrado José María Armenta, quien saltó a la fama por decretar medidas cautelares a favor del alcalde Gustavo Petro. El 13 de mayo pasado, el magistrado aceptó la tutela y en 10 días hábiles deberá fallarla.

El togado ha sido cuestionado en dos columnas escritas e investigadas por el periodista Daniel Coronell, quien descubrió que Armenta y su esposa, una alta funcionaria del Acueducto de Bogotá, son propietarios de 35 codiciadas hectáreas en la frontera colombo-panameña.

El periodista descubrió que cada hectárea de esa propiedad se ha ofrecido en venta en el pasado por un millón de dólares, pero lo más sorprendente es que fueron adquiridas, presuntamente, con “títulos burlados, malabares jurídicos, escrituras que no son lo que dicen ser y procedimientos que rondan el código penal”. Armenta, quien no ha explicado por ahora la forma como obtuvo esas tierras, tiene en sus manos esta controversial tutela.

En conversación con Semana.com el joven estudiante aseguró: “Yo espero que Vargas Lleras no sea vicepresidente, ya que no puede serlo porque está incursionando en doble militancia al pertenecer al partido Cambio Radical y al Partido Liberal. Es la primera vez que instauro una demanda de este tipo, porque, como ciudadano, quiero hacer respetar mis derechos de elegir y ser elegido. No pretendo torpedear el proceso electoral, simplemente es una acción académica”.

Semana.com consultó también a especialistas en derecho electoral quienes aseguran que la tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la validez de una inscripción, pues no existe la violación de un derecho fundamental particular.

De otro lado, no hay una norma que otorgue al acuerdo de coalición, la categoría de requisito de inscripción. El magistrado tiene la palabra.
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