Las elecciones más caras de la historia

Las elecciones de este año podrían pasar a la historia por ser las más caras. No solo por la cantidad de dinero que gastará el Estado en convocarlas, sino por el costo de movilizar a los ciudadanos.

En una entrevista con Blu Radio, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que estas elecciones al Congreso y a la Presidencia -incluida la segunda vuelta- costarían 900.000 millones de pesos. La cifra es tres veces la de hace cuatro años.

El ministro Cárdenas explicó que convocar la consulta que busca revocar al alcalde Gustavo Petro podría costar cerca de “50.000 millones (de pesos) porque son cerca de 11.000 mesas de votación a cuatro millones y medio de pesos cada una”. Ese gasto, dijo, aún no está presupuestado.

El gasto electoral, sin embargo, no solo le corresponde al Estado. Los candidatos también incurren en onerosos gastos que inflan el precio de un voto. Hace pocos días, Semana.com investigó cuánto cuestan y reveló que estas oscilan entre 2.000 y 10.000 millones de pesos. ¿A qué se debe este fenómeno?

Según una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de enero del año pasado, la campaña al Senado de un partido solo puede gastar 30.188.000 millones de pesos. Eso significa que si la lista de ese partido tiene 100 candidatos, un candidato solo puede requerir 301 millones de pesos. La suma suena ridícula si se le compara con lo que están diciendo en voz baja algunos candidatos.

Curiosamente, cuando salió la resolución hace un año nadie advirtió que el tope para las campañas al Congreso era tan desproporcionado. Solo cuando arrancó la campaña, en noviembre pasado, algunos candidatos cayeron en la cuenta de que tienen un límite de gastos por lo bajo. “Esto no le importa sino a los que buscamos el voto de opinión y respetamos los topes, porque al que lo tiene amarrado le importa un comino”, dijo el candidato al Senado Carlos Galán.

Los candidatos que quieren cumplir la ley tienen poco margen de maniobra para gastar. Ellos saben que compiten con candidatos que tradicionalmente mueven exorbitantes sumas de dinero por debajo de la mesa y que amarran los votos. Ese fenómeno, aunque indignante, no es nuevo; la novedad es que esta vez el gasto podría ser mucho mayor.

Los expertos con los que habló este portal concluyen que el encarecimiento del voto de estas elecciones se debe a un fenómeno inusitado en las elecciones recientes: el retorno de Álvaro Uribe a la lid política. El anuncio de su aspiración activó el interés de figuras prominentes como Horacio Serpa, Antonio Navarro y otros presidenciables de ir al Senado. Con ellos, la proporción de candidatos de voto de opinión que se sumó a sus filas aumentó.

Todos estos candidatos son reconocidos en el espectro nacional, para ellos conseguir recursos y persuadir al elector es más fácil. El efecto inmediato es que los demás arpirantes, para contrarrestar las fortalezas de sus competidores que buscan la opinión, deben invertir cuantiosas sumas de dinero ya sea para que los identifiquen o para movilizar a los votantes el día de la elección.

Los gastos

Instalar una sola valla por un mes puede costar entre 7 y 15 millones de pesos, dependiendo del sitio donde se ponga. En 20 vallas, instaladas dos meses, se le podría ir la plata a un candidato. Emitir una cuña de 22 segundos en una radio de alcance nacional podría costar entre 1 y 3 millones de pesos; un spot (propaganda televisiva) podría valer entre 2 y 7 millones de pesos, de acuerdo con el horario en el que se emita, y un aviso publicitario en una revista podría costar entre 12 y 20 millones. Eso sin contar con gastos como el transporte, la nómina y otros.

Pero esas cuentas son de quienes hacen públicos sus gastos, que en la mayoría de los casos son los candidatos con voto de opinión. Estos hacen unos planes de comunicación para tratar de optimizar los recursos; su campaña consiste en repartir volantes, buscar figurar en los medios y tratar de montarse en la ola de los debates importantes.

Los demás acuden a la ‘clientela’, al voto amarrado. Para ellos las cuentas son de otro orden. La mayor parte del gasto se les va en comprar líderes, movilizar al electorado el día de la elección y, en algunos casos, comprar el voto. Como nada de eso entra en una cuenta de campaña, conocer a ciencia cierta la verdad sobre el gasto es imposible. Sus gastos no dejan ninguna huella pues el efectivo es el rey. “Los topes de campaña son la mayor hipocresía de esta democracia”, dijo el consultor Germán Medina, quien ha gerenciado varias campañas.

¿De dónde sale la plata? Es muy fácil: de la mermelada del propio Estado y en algunos casos puntuales de los grupos ilegales que quieren incidir en la política. Un asesor de campañas, que prefirió la reserva de su nombre, explicó a Semana.com cómo funciona: “El gobierno destina unos recursos a una región. Los gestiona un congresista con incidencia política en ese lugar, que después pone al contratista para hacer la obra, pero a cambio este le debe dar un porcentaje del contrato. La excusa es la campaña”.

Algunos analistas sugieren que para contrarrestar este fenómeno el voto debería ser obligatorio, así disminuirían los costos y la corrupción. La llegada de Uribe y otras figuras de opinión a la campaña, las débiles reglas de juego y las razones estructurales del sistema explican la onerosa campaña en ciernes. Las autoridades tienen un desafío enorme: identificar en dónde el poder corruptor del dinero está haciendo mella y castigar a los responsables si los encuentra.