Las FARC ponen en riesgo elecciones en 181 municipios

A pesar de que la guerrilla de las FARC adelanta conversaciones de paz y busca acuerdos para poner fin al conflicto, esta organización armada ilegal se mantiene como uno de los mayores factores que ponen en riesgo el normal desarrollo de las elecciones en el país.

Así lo concluyó la Defensoría del Pueblo, que este lunes reveló el mapa de riesgos que rodean los comicios parlamentarios que se celebrarán en el país el próximo domingo 9 de marzo.

La investigación de la Defensoría señaló que 221 municipios del país están vulnerables a tener riesgos de alteración del orden público durante la próxima jornada democrática.

En el 82 % de estos municipios en riesgo, es decir, 181 municipios, los riesgos provienen de la guerrilla de las FARC, aunque su accionar violento ha disminuido y se ha reducido el nivel de riesgo comparado con las elecciones del 2010, pero siguen siendo una fuerte amenaza.

Las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que en departamentos como Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño, la interferencia de la guerrilla en el proceso electoral se manifiesta a través de amenazas a simpatizantes y candidatos de movimientos políticos, así como presiones e intimidaciones contra concejales y activistas de partidos que no consideran afines a sus intereses.

De hecho, durante los últimos meses, según ha comprobado la Defensoría, las FARC han incurrido en difusión y aplicación de supuestos “manuales de conducta” con prohibiciones y advertencias a las comunidades, para que, por ejemplo, se abstengan de pertenecer o beneficiarse de programas sociales como Familias en Acción o Familias Guardabosques.

De igual forma, según la información recopilada por la Defensoría, las FARC habrían declarado objetivo de ataque a activistas políticos en municipios como Milán y Valparaíso, en Caquetá, a la vez que han proferido amenazas contra servidores públicos y personas encargadas de recolectar firmas en localidades como Algeciras, La Argentina y Oporapa, en el departamento del Huila.

Paralelamente, en regiones como Arauca, donde confluyen las FARC y el ELN, la Defensoría del Pueblo ha evidenciado presión de los grupos guerrilleros, particularmente en Fortul, Saravena y Arauquita, contra las personas igualmente encargadas de recolectar firmas para la inscripción de candidatos, lo que ha llevado a algunos partidos a denunciar falta de garantías para su participación electoral en esos territorios.

Es así como en el caso del ELN, la Defensoría señala a esta organización ilegal como fuente de amenaza en 69 municipios del país, 18 de ellos en riesgo extremo, 25 en alto riesgo y 26 más considerados en un nivel de riesgo medio

El documento, que tiene en cuenta las conductas, estrategias e influencia de los grupos armados ilegales, señala que 65 municipios se encuentran en riesgo extremo, 69 en alto riesgo y 87 más en nivel medio de riesgo, cifras que si bien encienden las alarmas de cara a la jornada democrática que se avecina, muestran también una disminución del 36 % respecto a las proyecciones establecidas para las elecciones del año 2010.

De los 221 municipios considerados en riesgo, encabezan la lista de regiones con mayor probabilidad para la ocurrencia de hechos perturbadores en la justa electoralestán: Antioquia, con 25; Cauca, con 24; Chocó, con 18; Córdoba, con 15; Norte de Santander, con 15; Valle del Cauca, con 14, y Nariño, con 12.

Para la Defensoría también es preocupante el accionar de las llamadas “bandas criminales”, quienes ejercen presión e intimidación a través del narcotráfico, al promover situaciones como amenazas y promesas forzadas de financiación de campañas a cambio de no atentar contra la vida de los candidatos ni la de sus familias.

Los departamentos que se podrían ver más afectados por circunstancias de esta naturaleza y modalidades como el constreñimiento al elector por parte de las 'bacrim' son Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.

Según la Defensoría, las bandas criminales son fuente de amenaza en 108 municipios, que corresponden al 47 % del total, 19 de ellos considerados en riesgo extremo, 40 en riesgo alto y 45 en nivel medio de riesgo.

En cuanto a las conductas que podrían significar una mayor incidencia irregular para los comicios, la Defensoría del Pueblo identificó riesgo de constreñimiento al sufragante en 198 municipios, perturbación del certamen democrático en 166, restricciones a la movilidad en 166, amenazas en 124, hostigamientos y combates en 73, retenciones ilegales en 56, corrupción al sufragante en 53 localidades y posible ocurrencia de homicidios en 17 poblaciones del país.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, exigió a los grupos armados ilegales respetar la democracia y el derecho a elegir y ser elegido, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades electorales a fin de orientar a la Policía y al Ejército para que adopten medidas de seguridad eficaces.

Otálora también instó a los alcaldes, gobernadores y fuerza pública a fin de prevenir hechos de violencia, a la Registraduría para aplicar los protocolos de seguridad necesarios en el traslado de funcionarios y material electoral, y a la Unidad Nacional de Protección para que en todo caso evalúe cerca de 140 quejas consignadas en relación con amenazas, extorsiones, actos de constreñimiento y posibles ataques contra aspirantes y militantes de los movimientos políticos.