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ELECCIONES 2014
Asesinatos amenazan el futuro de la Marcha Patriótica
Piedad Córdoba denuncia participación de la fuerza pública en asesinatos de miembros del partido político.
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La exsenadora Piedad Córdoba denunció este lunes que 29 militantes del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica han sido asesinados desde su fundación, hace dos años, por lo que planteó la posibilidad de disolverlo.
Córdoba dijo en una rueda de prensa en Bogotá, que 12 de los 26 asesinatos registrados en el 2013 habrían sido ejecutados por entes oficiales: 12 militantes por la fuerza pública, seis a manos del Ejército, cinco causados por la unidad antidisturbios de la Policía (ESMAD) y otro por un disparo de un soldado en enfrentamientos con un grupo ilegal.
Según la exsenadora, "15 son campesinos e indígenas que fueron asesinados por sicarios y miembros de la Policía Nacional de Colombia".
Esta situación trae a la memoria el caso de la Unión Patriótica (UP), que fue prácticamente exterminado mediante el asesinato de unos 4.000 de sus miembros, entre ellos dos candidatos presidenciales.
Córdoba y el presidente, Juan Manuel Santos, se reunieron hace cinco días para discutir las garantías para los partidos de izquierda. Sin embargo, la exsenadora propone ahora disolver la Marcha Patriótica con el fin de proteger la integridad de sus miembros.
"Estamos analizando si se debe continuar para garantizar la vida de quienes nos acompañan. Pensamos en acabar el movimiento, es una decisión difícil", aseguró la activista durante la rueda de prensa.
Córdoba dijo que Santos aceptó reunirse con militantes del movimiento para discutir una posible disolución, pero la fecha del encuentro todavía es incierta.
Marcha Patriótica ha denunciado, además de los 29 asesinatos, tres desapariciones y 200 procesos judiciales en contra de sus militantes.
El debate sobre el futuro político de la colectividad se da mientras el Gobierno y las FARC negocian en Cuba un acuerdo de paz para poner fin a medio siglo de conflicto armado.
En noviembre, las partes lograron un acuerdo en el segundo punto de la agenda, que tiene que ver con participación política y garantías para el ejercicio de la oposición en el país.
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