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| 2/10/2014 12:00:00 AM

Procuraduría indagará qué pasó en Convención Conservadora

La procuradora María Eugenia Carreño ordenó vigilar el proceso que adelanta el CNE y que tiene en vilo la aspiración de Marta Lucía Ramírez.

La suerte de la Convención del Partido Conservador, pero sobre todo de la candidatura presidencial de Marta Lucía Ramírez, está en manos del Consejo Nacional Electoral. Los nueve magistrados del tribunal electoral deberán determinar, en las próximas semanas, si la candidata fue elegida en un procedimiento que respetó los estatutos del partido o si, por el contrario, fue una decisión producto de irregularidades.

La decisión de los magistrados tiene un peso político específico, pues podría cambiar el ajedrez electoral si decide suspender los efectos de la Convención que, en otras palabras, no es más que ‘congelar’ la aspiración presidencial de Ramírez a nombre del Conservatismo.

Todo por cuenta de la impugnación que el exmagistrado y ex viceministro de Justicia Guillermo Reyes presentó contra la Convención que, en su criterio, no dio garantías para todos los convencionistas. Eso lo explica en que nunca se escucharon los argumentos de quienes defendía apoyar un candidato de coalición, tal como lo establecían las reglas de juego expedidas para la Convención.

Reyes también cuestionó que la votación tuvo lugar a pesar de la renuncia de tres de los cuatro miembros del comité de garantías que el partido conformó para su Convención.

Además, argumentó posibles irregularidades técnicas en el mecanismo de votación electrónica con el que se consultó la voluntad de los convencionistas, y que como resultado final impuso la decisión de tener candidato presidencial propio y que fuera Marta Lucía Ramírez la que encargada de enarbolar las banderas azules en las elecciones presidenciales.

Esta impugnación fue respaldada por 18 de los 22 senadores del partido. Concretamente de los parlamentarios que defienden su permanencia en la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos y quienes prefieren que el Partido Conservador apoye su reelección en lugar de aventurarse con una candidatura propia, que precisamente busca derrotar al mandatario en las elecciones.

El objetivo de ellos es que el CNE, como una especie de medida preventiva, suspenda los efectos de la Convención hasta tanto no falle de fondo sobre las irregularidades denunciadas.

Pero el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral tiene ahora un nuevo ingrediente. La Procuraduría, en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución, decidió ponerle su lupa a esta impugnación y ejercer vigilancia preventiva a este proceso.

Así se lo había pedido la propia Marta Lucía Ramírez al procurador Alejandro Ordóñez, y el ex viceministro de Justicia Miguel Ceballos, en calidad de miembro del partido acreditado para la Convención que se realizó el pasado 26 de enero.

La procuradora María Eugenia Carreño, delegada para asuntos electorales, le envió este lunes un oficio al magistrado del CNE Joaquín José Vives -a quien por reparto le correspondió la investigación-, en el que le pide enviar toda la documentación respecto a la Convención del Partido Conservador, y en el que además le informó que el Grupo de Apoyo de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría realizará las visitas de trámite a las que haya lugar.

Además, la procuradora Carreño le pidió al CNE remitir los estatutos del Partido Conservador para determinar si, en efecto, hubo violación a los derechos de los militantes de la colectividad durante la Convención, o si por el contrario es esta impugnación la que vulnera los derechos de los convencionistas que se impusieron para tener candidato presidencial propio.

Al interior de las llamadas bases conservadoras existe cierto nerviosismo por la decisión que adopte el CNE, pero sobre todo por la conformación de este tribunal que en su mayoría está integrado por magistrados que representan los partidos políticos de la Unidad Nacional.

Creen además que congelar la candidatura presidencial del Partido Conservador podría beneficiar las aspiraciones de Juan Manuel Santos de reelegirse en primera vuelta, pues el respaldo de los azules, que tienen un caudal electoral cercano a los dos millones de votos (según las elecciones del 2010), podría ser decisivo en las elecciones del 25 de mayo. Es por eso que la decisión del CNE es trascendental para las próximas elecciones.

El proceso al interior del tribunal electoral tendrá esta semana la práctica de pruebas. Este miércoles se escuchará la declaración del senado Roberto Gerlein, quien en la Convención era el encargado de defender la candidatura de coalición y a quien no le permitieron el uso de la palabra.
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