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Dentro del aluvión de revelaciones y acusaciones de la para-política, la semana pasada hubo una que generó especial interés, debido a la investidura del implicado. En un comunicado, el presidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, reconoció haberse reunido en 2002 con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', para lograr la liberación de su compañera sentimental, Soraya Daza. Como en la Colombia de abril de 2007 cualquier contacto con paramilitares genera suspicacias y culpabilidad implícita, la noticia generó revuelo.
De inmediato surgieron múltiples cuestionamientos a Escobar. Que un magistrado de la entidad encargada de salvaguardar la Constitución haya tenido un cara a cara con uno de los mayores delincuentes de la historia reciente del país no es un asunto de poca monta.
Todo comenzó el 4 de junio de 2002. Ese día, cuatro hombres armados irrumpieron en la casa de Soraya Daza en Valledupar. Después de degollar a la empleada de servicio, se llevaron a Daza, a quien acusaron de ser colaboradora de las Farc. Escobar, quien se encontraba en Europa, regresó al país para ponerse al frente de la situación. Soraya Daza era una mujer cabeza de una familia de tres menores. A los pocos días, el magistrado fue informado de una comunicación de paramilitares en la cual lamentaban la muerte de Daza.
Durante meses, Escobar buscó la manera de recuperar el cuerpo, pero fue en vano. En noviembre, después de una reunión entre los jefes paramilitares y la Iglesia, renació la esperanza. 'Jorge 40' le mandó decir que estaba dispuesto a hablar sobre el caso de Soraya con el magistrado. Según le comentó a SEMANA, Escobar intentó que asistieran otros familiares, pero el jefe paramilitar no cedió. Finalmente, el magistrado aceptó la petición. Allí descubrió que su mujer estaba viva. El jefe paramilitar accedió a liberarla porque se había equivocado -no era simpatizante de la guerrilla-, dijo el magistrado.
Escobar no se arrepiente de la reunión. El magistrado manifestó: "Si para SEMANA en 2002 la liberación era un acto humanitario, éste no puede cambiar de naturaleza por el cambio de las circunstancias políticas de la para-política. Es igual un acto humanitario en 2002 como en 2007. La ley natural es absoluta, eterna e inmutable".
Sin embargo, es imposible no comparar la situación de Escobar con la de los congresistas detenidos. Varios de los políticos han alegado lo mismo; que sus encuentros con los paramilitares eran involuntarios y que estaban en juego sus vidas. ¿Aplica aquí el adagio de todos en la cama o todos en el suelo? No necesariamente.
Desde mediados de la década de los 90, gracias a un fallo de la Corte Constitucional, es permitido en Colombia que los familiares negocien con los secuestradores. Igualmente, el derecho internacional humanitario acepta gestiones encaminadas a salvar la vida de un tercero. Escobar obraba dentro de esos parámetros, no es tan evidente con los políticos.
También han surgido preguntas sobre cómo actuó el magistrado en asuntos que llegaron a la Corte y que podrían impactar a los paramilitares. Hay una acusación tácita en esos interrogantes: ¿los habrá favorecido? En por lo menos tres fallos trascendentales, la respuesta es no. Apoyó la sentencia que prohibió indultos para el secuestro y desaparición forzosa. Fue ponente en el fallo en donde se decidió que este último delito nunca prescribiría. Y en la Ley de Justicia y Paz, respaldó el endurecimiento de las normas contra los paramilitares, incluida la confesión plena de los crímenes y la reparación de bienes. En cambio, las actuaciones de los congresistas detenidos e investigados en esos temas no son tan claramente contrarios a los intereses de las AUC.
Sin duda, el caso de Escobar tiene matices. Y aunque es explicable su silencio de cuatro años -fue un hecho doloroso e íntimo-, es infortunado que sólo ahora se conociera. Es una situación incómoda para un presidente de la Corte Constitucional.
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