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La aparición de un nuevo caso de corrupción a gran escala da a entender que en Colombia descubrieron la fórmula para saquear al Estado. Y lo más preocupante es que éste no parece haber encontrado la fórmula para contener el desangre.
El nuevo episodio es el de las pensiones de Telecom, por el cual el Estado, según los cálculos, como por arte de magia podría llegar a perder 650.000 millones de pesos. Es decir, la mitad de lo que cuesta construir una troncal de TransMilenio en Bogotá. Ese dinero va a parar al bolsillo de un muy bien aceitado cartel de ex empleados de la empresa estatal, abogados y funcionarios judiciales sin escrúpulos.
En noviembre pasado, la entonces ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, encendió las alarmas. No sólo denunció el desfalco sino que se dio a conocer un fallo de tutela de la Corte Constitucional que cerraba la puerta para que cualquier juez del país siguiera dando gabelas a los empleados liquidados de Telecom.
En ese momento se pensó que el desangre iba a parar. Pero estaban equivocados. Desde entonces hasta ahora, algunos jueces de Lorica (Córdoba), Carmen de Bolívar y Puerto Tejada (Cauca) han seguido concediendo las tutelas multimillonarias en contra de lo dicho por la Corte.
Hasta diciembre, esos jueces habían ordenado embargarle a lo que queda de la antigua Telecom 104.000 millones de pesos para girarlos de inmediato a los ex trabajadores que han ganado tutelas. Y ha surgido un nuevo problema. Como ya se acabó la plata que tenía Telecom en el banco, 56.000 millones de pesos, y quedan faltando los otros 48.000 millones, los ex trabajadores han entrado en furia y entablado recursos de desacato contra la cabeza visible de la liquidación.
Se trata de Alfonso Rodríguez, quien asumió en enero pasado la dirección del Patrimonio Autónomo Remanente de Telecom (PAR de Telecom). Rodríguez es un hombre bonachón que ha participado en las liquidaciones de Audiovisuales, Telecom e Inravisión. Y hasta hace unos meses fue asesor de la Ministra de Comunicaciones.
Ya tiene sanciones por tres incidentes de desacato, dos en Carmen de Bolívar y uno en Momil, en los que los jueces ordenan 35 días de cárcel. Y el viernes le anunciaron uno más de Lorica. En cualquier momento puede ser detenido. Porque, curiosamente, los jueces no piden, como está de moda ahora, la casa por cárcel.
¿Ante eso qué puede hacer el Estado? En principio parece que nada. Los 56.000 millones ya son plata perdida. Una vez el juez ordena el embargo, la plata sale del banco a los bolsillos de los que tutelaron y difícilmente el Estado la recupera. Se teme que el habilidoso cartel de abogados, mientras Rodríguez resiste el chaparrón de sanciones por desacato, se las ingenie para buscar el resto en otros bolsillos del Estado.
El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, y el propio Rodríguez acaban de poner a funcionar una estrategia para movilizar al Estado para tratar de taponar el desangre. Las abogadas de Telecom viajaron hasta los pueblos para hablar con los jueces. Se mandaron copias a la Fiscalía para que, como lo señaló la Corte Constitucional, inicie investigaciones contra los implicados por prevaricato. Se le notificó la situación también al Consejo de la Judicatura.
Lo más aberrante de esta historia es que parece calcada de otros dos desfalcos que sacudieron al país. Primero fue el caso de Foncolpuertos, que comenzó en 1991 y le ha costado al erario 2,3 billones de pesos. Después el de Cajanal, que empezó con una tutela en 2002 y le costó al país 600.000 millones de pesos. El modus operandi en los tres casos es similar. En todos participan abogados corruptos que les piden a los ex empleados que les den poder para hacer el trámite ante los juzgados. Les dicen que se van a ganar unos buenos millones y los abogados sacan su tajada. En el caso de Foncolpuertos utilizaron actas de conciliación falsas. Y en el de Cajanal hicieron una fraudulenta reliquidación de pensiones de 218 maestros en las cuales se disparaba la mesada pensional. Cuentan con la ayuda de funcionarios de juzgado o de los mismos jueces. Una vez el juez da la orden de embargo o de pago, éste se concreta. Y después, cuando el tribunal o la Corte revocan la decisión del juez, es imposible recuperar el dinero porque los beneficiarios se declaran insolventes.
En el caso de Telecom la historia parece repetirse. La empresa se liquidó en 2003. La primera tutela apareció en Montería a finales de 2008 y un juez les concedió a ocho ex trabajadores 1.300 millones de pesos porque, según él, no podían haberlos sacado de la empresa por el fuero sindical. La historia es de Macondo, piden que los devuelvan a una empresa que no existe, luego de que recibieron indemnizaciones de cientos de millones de pesos en el momento de la liquidación.
Hasta ese momento, esa tutela parecía un caso aislado. Pero a partir de marzo del año pasado se abrió el grifo. Empezaron a interponer dos y tres tutelas al tiempo. El promedio de ocho personas que reclamaban en cada tutela, se disparó hasta 97. Y el monto también: en una de ellas pedían 47.000 millones de pesos. En total, van 48 tutelas y 32 han sido concedidas por jueces de pueblos a veces perdidos de la geografía nacional. Según el zar anticorrupción, "los abogados buscan juzgados que saben que están fallando de manera ilegal". De hecho, hay una ruta de las tutelas de Telecom. Empezaron en Córdoba (Cereté, San Antero, Ayapel, Chinú, Lorica, Moñitos, Momil, San Pelayo), luego pasaron a Bolívar (Carmen de Bolívar) y a Sucre (San Marcos, Tolú, Sucre) y este año aterrizaron en el Valle (Puerto Tejada).
El debate jurídico se cae de su peso. Ya hay dos fallos de la Corte Constitucional, el último de ellos de septiembre, que revocan este tipo de tutelas en el caso Telecom. La Corte dice que una tutela no puede ser interpuesta en cualquier lugar del país y mucho menos pueden llegar en un solo paquete reclamos de distintas partes a un solo juzgado. Además, no es claro qué derecho fundamental se ha vulnerado. Algunos reclamos rayan con lo absurdo. En la más reciente tutela, de este año, los accionantes, que rondan los 50 años, argumentan el derecho a la tercera edad. Y ya cualquier excusa les sirve. Que no los podían retirar porque eran padres o madres cabeza de familia, por ejemplo. Por orden de los jueces han tenido que reincorporar a más de 100 personas a una empresa que ya no existe y están pagando nómina de 2.600 millones de pesos por no hacer nada.
Si esta fórmula prospera, dice Rodríguez, "pueden resucitar a empresas ya liquidadas como Inravisión, Adpostal, etcétera. Y le crean un déficit gravísimo al Estado".
¿Será que la Corte puede invocar un estado excepcional para evitar que la tutela sea utilizada por inescrupulosos?
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