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| 2014-09-27

Pobre Baudó: un río convertido en una prisión

  • Semana
    Un viaje excepcional y arriesgado de cerca de 300 líderes locales constató la terrible realidad de uno de los ríos más hermosos –y más peligrosos— de Colombia.
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    El río Baudó está en manos de los grupos armados y su población vive en medio de homicidios, secuestros y amenazas, obligada a desplazarse o confinada por el miedo.
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    Entre el 14 y el 18 de septiembre, unos 300 líderes campesinos e indígenas del Chocó navegaron el río Baudó, en el que viven más de 180 comunidades afro e indígenas en uno de los escenarios de guerra más duros del país.
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    El Baudó, que en lengua Noanamá significa 'río de ir y venir', es una de las regiones más pobres del departamento más pobre de Colombia.
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    Un grupo empezó en la parte alta, partiendo de Chachajo en el Alto Baudó. El otro salió de Puerto Pizarro en el Bajo Baudó. Ambos se encontraron en Puerto Meluk, en el Medio Baudó, donde culminaron el recorrido con una gran audiencia pública.
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    Con el apoyo y acompañamiento de Diakonía, agencias de la ONU como la de refugiados (Acnur), la oficina de derechos humanos (Oachnud) y la de asistencia humanitaria (Ocha), la Defensoría del Pueblo Regional Chocó y las diócesis de Istmina-Tado y Quibdó, se realizó este viaje que sus organizadores denominaron ‘Baudosiando’.
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    En el recorrido se constató que el río Baudó se encuentra militar y socialmente controlado por las FARC, el ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, herederas de grupos como Los rastrojos y Las águilas negras.
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    Todos los grupos armados ilegales luchan entre sí o hacen alianzas por el control del territorio y las economías ilícitas de las drogas y la minería ilegal.
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    La comunidad de río Baudó padece desplazamientos, amenazas, secuestros, homicidios selectivos y confinamiento de comunidades enteras.
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    En un estado de absoluta vulnerabilidad y abandonadas históricamente por el Estado, estas poblaciones se decidieron a hacer este viaje por el río para pedir cuentas a las instituciones, exponer su crisis, exigir auxilio.
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    Los grupos afro e indígenas que viven en el Baudó son presos, literalmente, de la guerra. Hay cultivos ilícitos y fumigación; tráfico de drogas, explotación ilegal de madera, oro y otros recursos naturales.
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    En el Alto Baudó, entre el 5 de mayo y el 22 de julio del 2014, más de 3.000 indígenas fueron desplazados. Líderes locales se quejan de la falta de atención integral a estas poblaciones desplazadas y de estrategias más eficaces para generar los retornos.
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    También hay quejas por la presunta debilidad en la respuesta de la Unidad de Protección a quienes son amenazados, a los que, en caso de constatación de un nivel de riesgo, se les da en general un celular, un chaleco antibalas y, en ocasiones, el pago del arriendo de un inmueble en Quibdó.
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    En la mayoría de comunidades no hay puesto de salud y, donde los hay, las condiciones son insuficientes. No hay camillas, ni instrumental o medicamentos para atender una emergencia. No existe una lancha ambulancia.
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    “Por aquí es mejor no enfermarse”, dijo una enfermera en un puesto de salud en el Alto Baudó.
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    Más de la mitad de las poblaciones carecen de energía eléctrica, y las que cuentan con plantas comunitarias no tienen combustible. No existen acueductos ni alcantarillados y en la mayoría de las poblaciones no hay agua potable. Lo que se cosecha no puede salir a ningún mercado por dificultades de movilidad y presencia de actores armados.
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    La infraestructura escolar se encuentra en mal estado, los docentes y las comunidades se las arreglan por sus propios medios para ofrecer educación e incluso, en algunos casos, para atender las demandas de los restaurantes escolares.
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    En Chachajo (Alto Baudó), por solo mencionar un caso, desde hace diez años, tras un enfrentamiento, no hay escuela; los profesores dictan clase en los galpones y algunos estudiantes deben vivir una larga odisea para llegar a las cabeceras a tomar clases.
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    “Los que terminan la escuela aquí son unos valientes. No es fácil, nada fácil”, dijo un profesor mirando la choza donde da clase bajo el calor abrasador.
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    La inversión del Estado parece esfumarse aquí a destinos privados. Se habla de inversiones que superan los 1.000 millones de pesos, pero lo que queda para las comunidades son enormes bases de hormigón casi sumergidas en la selva.
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    Desde Quibdó a Puerto Meluk (Medio Baudó) y desde Pizarro (Bajo Baudó) hasta Chachajo, por carreteras como cicatrices en la selva y en canoas coronadas con banderas blancas con logos de la diócesis, las comunidades y las organizaciones exigen una presencia del Estado que no solo se traduzca en efectivos de las fuerzas armadas.
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    “Aquí siempre hemos vivido sin enfermera, sin escuela, sin curas, a la de Dios, pero el problema real, es doloroso, es la violencia, el miedo…”, dijo como para sí mismo un funcionario de la Defensoría del Pueblo.
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