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El jueves pasado, en la sala primera del Palacio de Justicia de Cali, donde se adelanta el juicio por la muerte de 10 policías y un civil a manos de soldados del Batallón de Alta Montaña en mayo de 2006, hubo un calma inesperada. Fiscales y abogados defensores, soldados, policías, periodistas y hasta el juez cuarto penal conversaban amigablemente como pocas veces ha sucedido. La Selección Colombia había vencido a su similar Argentina por dos goles contra uno la noche anterior. El ambiente tenso, que durante la semana fue el común denominador en la continuación del juicio de Jamundí, aflojó esa mañana, gracias al sentimiento patrio que aflora cada vez que el deporte trae una alegría al país.
Pero una vez que el juez Edmundo López, quien dirige el proceso, apareció con su toga en lo alto del estrado, una sensación áspera y cargada se apoderó de nuevo de la sala. No es para menos. Más allá del asesinato de los policías y la responsabilidad que en el crimen tuvieron los militares, en el juicio de Jamundí también está en juego el prestigio del Ejército y la Policía, lo que ha desencadenado una guerra sucia.
Alicia Ledesma, hoy directora nacional de Fiscalías, entregó en julio de 2006 la primera información. En una rueda de prensa contó cómo los peritos del CTI que manejaron la escena del crimen y los investigadores de la entidad estaban siendo amenazados con llamadas a sus casas y eran víctimas de seguimiento en sus desplazamientos. La presión aumentó un mes después de esas denuncias, cuando llegaron varias cartas con amenazas contra los fiscales que habían sido enviados para adelantar la investigación. Esta situación llevó al fiscal Daniel González a renunciar al caso.
No menos extraño fue lo que ocurrió en septiembre con la declaración de John Edward Corrales, un soldado de la Tercera Brigada. El militar había dicho que era el hombre de confianza de 'Indio William', un personaje vinculado con el mundo del narcotráfico. Según Corrales, él vio pasar las camionetas en las que viajaban los policías y les avisó a los hombres del Batallón de Alta Montaña. El testimonio de Corrales fue conocido primero por el Ejército y fue el propio comandante de ese entonces de las Fuerzas Militares, general Carlos Ospina, quien lo presentó ante la Fiscalía.
Durante varias semanas Corrales fue escuchado por los fiscales que consideraban fundamental su testimonio. Sin embargo, después de haber invertido y concentrado todo su tiempo y su esfuerzo en verificar los datos de Corrales, éste decidió, luego de varios meses, retractarse de lo que había contado. Para los investigadores del caso, hoy es claro que Corrales había sido un testigo 'chimbo' enviado para hacerles perder tiempo, desviar la investigación y dilatar el juicio.
Poco tiempo después de ese incidente se presentó el asesinato de un ex informante del Batallón de Alta Montaña que trabajó en varios positivos con esta unidad y al que la Fiscalía venía entrevistando. Este hombre apareció baleado en octubre pasado en Cali. Incluso se especula que una serie de asesinatos ocurridos en diciembre contra miembros de los carteles de la gasolina y las drogas en Cali y el norte del Valle tendría relación directa con el juicio de Jamundí, ya que estarían relacionados con acciones del teniente coronel Bayron Carvajal y el Batallón de Alta Montaña bajo su comando.
Otro duro revés para el caso ocurrió en noviembre, cuando desapareció Sergio Berrío, administrador de Mi Casita -sitio frente al cual ocurrió la masacre- y quien en su testimonio afirmó que vio cómo los soldados movían los cuerpos de los policías muertos. Hoy se desconoce su paradero.
El más reciente episodio sucedió el martes pasado, cuando el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago aceptó ante los medios de comunicación que Édver Fajardo, un reinsertado de las Farc y considerado testigo clave, había abandonado el sistema de protección de testigos y ahora acusaba, ante un notario, a esa entidad y a un oficial de la Policía de haberlo obligado, bajo amenaza de muerte, a declarar en contra del Ejército.
Este ex guerrillero se había presentado voluntariamente ante la Policía y dijo que tenía una información valiosa que vinculaba al teniente coronel Carvajal con la mafia. Expertos de la Fiscalía valoraron sus declaraciones y le tomaron dos versiones juramentadas. En ellas, Fajardo cuenta que trabajó para la columna móvil Arturo Ruiz de las Farc y que manejó la zona montañosa en inmediaciones de Jamundí.
Según él, para el año 2001 secuestró a cuatro personas que transportaban 80 kilos de coca, se los quitó y le envió razón al dueño de que para devolvérselos debía pagar 600 millones de pesos. Añade en su versión que al día siguiente subió hasta su campamento un hombre de pequeña estatura de unos 40 años, quien se identificó con el nombre de Wilson Figueroa. Este le habría pagado el rescate por la coca y en los dos años siguientes continuó pagando por el servicio de protección para el transporte de su mercancía.
Fajardo narró que a finales de 2004 decidió desertar de las Farc por el temor a ser asesinado en un juicio interno. Acudió entonces a la Tercera Brigada del Ejército, donde lo tuvieron un corto tiempo y le presentaron al teniente coronel Carvajal, con quien empezó a trabajar como informante. Fajardo aseguró que en una ocasión iban con Carvajal en un jeep rojo con varios kilos de coca y llegaron a una finca donde, para su sorpresa, la persona que salió a recibirlos fue Wilson Figueroa. Este último se disgustó al ver al ex guerrillero y preguntó qué hacía allí. Según Fajardo, Carvajal lo calmó diciéndole que ahora trabajaba para el Ejército. Enseguida, dijo en su declaración, el coronel habría recibido 30 millones de pesos y luego se quedaron celebrando en una ruidosa fiesta.
SEMANA indagó por Wilson Figueroa ante las autoridades y pudo conocer que a este hombre se le adelanta una investigación por narcotráfico. Que trabaja con una red de traficantes de Bogotá y que sus envíos de droga por lo general van hacia Europa. Otras versiones no oficiales lo señalan como el responsable de cuatro toneladas de coca que incautó la Policía del Ecuador, donde también es investigado.
Según las autoridades, hay grabaciones que indicarían recientes contactos entre Carvajal y Figueroa en la penitenciaría de Palmira. Sin embargo, en la bitácora de ingresos a este penal no aparece su nombre.
SEMANA también conoció que la Fiscalía adelanta una segunda investigación contra el teniente coronel Carvajal por el decomiso de coca en Villa Colombia que supuestamente jamás habría reportado el cuestionado oficial.
Por todo lo anterior, ha causado gran conmoción el aparente cambio de versión del testigo Édver Fajardo. Hasta el cierre de esta edición, Fajardo no se había presentado personalmente ante el juez López, condición sin la cual no será tenida en cuenta su denuncia.
Tanto la Fiscalía como la Dijín preparan demandas por injuria y calumnia contra Fajardo. Ambos organismos conservan documentos que demostrarían que mantenían una relación cordial con el testigo y no una bajo presión. Entre estos hay varios pagos que le hizo la Policía del Valle por información utilizada para combatir la guerrilla. Más dicientes son los costos del nacimiento de su último hijo, que superó el millón y medio de pesos y que fue pagado por el sistema de protección de testigos.
Hasta hoy se desconoce el paradero del testigo protegido. En una de las audiencias de la semana pasada, el juez López les indicó a los abogados de la defensa que si tenía comunicación con Fajardo, le advirtieran que debe presentarse en persona al despacho para dar trámite a su denuncia.
El juicio de Jamundí parece estar confirmando un viejo dicho: "Lo único claro es que no hay nada claro".
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