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Un pool de abogados tiene esta semana uno de los más grandes retos en su carrera como penalistas: poner en práctica toda una estrategia para que los hombres del presidente Álvaro Uribe se defiendan a capa y espada del escándalo de la llamada Yidis-política. Primero tendrán que comparecer ante la Procuraduría General de la Nación, que decidió reabrir el caso por las acusaciones de Yidis Medina de haber recibido dádivas por cambiar su voto a favor de la reelección en 2004. Y luego esperar que la Fiscalía General los llame para que presenten descargos.
No es la primera vez que los funcionarios tienen que contar ante el Ministerio Público lo que sucedió en ese sonado episodio hace cuatro años. La diferencia es que ahora, Yidis se autoincriminó y está tras las rejas por admitir que la voltereta que dio de un día para otro fue a cambio de dos notarías y varios cargos en Etesa, el Sena y el sector salud. Cuando Yidis reapareció y amenazó con encender el ventilador y contar en un libro hechos que enredarían al gobierno, las alarmas se encendieron en la Casa de Nariño, sin llegar a imaginar que dos meses después las palabras de la dirigente conservadora iniciarían un proceso jurídico que tocaría las puertas de la Presidencia y enredaría al menos a cinco altos funcionarios.
Sabas Pretelt de la Vega, hoy embajador en Italia y quien para el momento de los hechos era el ministro del Interior y Justicia y el encargado de dirigir la orquesta que en el Congreso debía aprobar el acto legislativo; Diego Palacio, ministro de Protección Social, quien ha sido escudero de Uribe desde cuando reemplazó al fallecido Juan Luis Londoño en 2003; Bernardo Moreno, actual secretario general de la Presidencia, encargado del tejemaneje del apetito burocrático de los congresistas, y su antecesor, Alberto Velásquez. Y con ellos, el ex viceministro del Interior y reciente candidato a la alcaldía de Cúcuta Hernando Angarita.
El asunto pues, no es de poca monta y así le ha quedado claro al gobierno con el paso de los días, en los que se han concretado dos nuevas capturas: las de los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Días Mateus.
A pesar de que hubo preaviso -en una entrevista con El Espectador Yidis amenazó con encender el ventilador y días después, Daniel Coronell reveló la existencia de un video donde la ex congresista denunciaba la venta de su voto-, en Palacio no tenían clara la estrategia de defensa de los funcionarios. Por el contrario, empezaron a aflorar tensiones internas, divisiones y desconfianzas que amenazaban con minar la fortaleza de la versión del gobierno.
La permanencia del embajador en Roma tenía nerviosos a algunos personajes palaciegos que resentían las declaraciones radiales de Pretelt, a las que calificaban de imprudentes, y las reuniones de Yidis con el viceministro Angarita en los primeros días de la crisis. Llegó a coger fuerza la tesis de que el error mayúsculo venía del Ministerio del Interior, ya que por su despacho salen los decretos donde se otorgan las notarías.
El revuelo dentro del gobierno no era público, pero en los círculos cercanos al Presidente se oían recriminaciones mutuas. Empezaron a correr versiones que señalaban que la culpa era de Sabas por haber mandado a Angarita a hablar con Yidis, otros decían que no, que la culpa era de Moreno -el secretario general- por no estar pendiente de la congresista. Otras malas lenguas alimentaban la animadversión que ya existe hacia la Corte Suprema como la causante de todos los males.
En ese ambiente de confrontación soterrada, cada uno de los involucrados empezó a pensar en abogados para la defensa. Y como si fuera necesaria más pólvora para encender la mecha, aparecieron las diferencias entre los juristas escogidos por cada uno. Jaime Lombana, abogado del presidente Álvaro Uribe, será el defensor del ministro Palacio, y Jaime Bernal Cuéllar, el de Sabas Pretelt. El problema, sin embargo, es que Bernal y Lombana no se puede ver ni en pintura. Su animadversión mutua es de público conocimiento. Tampoco fue de buen recibo por parte de Lombana que Bernardo Moreno quisiera involucrar al ex vicefiscal Armando Otálora en el pool de juristas. El nombre de Abelardo de la Espriella estuvo en consideración de algunos más, pero fue descartado por ser abogado de varios de los parlamentarios detenidos por la para-politica.
Más que unas simples peleas entre abogados, lo que evidenciaba este panorama era que Palacio no había pensado en actuar de forma unificada en un proceso que salpica a los funcionarios por igual y lacera la imagen del gobierno. Por esta razón, a finales de esta semana, los funcionarios hicieron una especie de pacto de paz y acordaron no sólo unificar las versiones, sino decirle a la justicia el porqué de cada uno de los nombramientos de los que Yidis presenta en su indagatoria como prueba del delito de cohecho.
No la tienen fácil. Para algunos juristas ajenos a los procesos y consultados por SEMANA, los hechos que aceptó la congresista le darán un giro de 180 grados a las investigaciones que ya habían realizado la Procuraduría y el Consejo de Estado por los hechos de 2004, y que habían determinado que no había lugar a sanciones. Estos juristas creen que los funcionarios tendrán mucho que explicar ante las instancias judiciales.
Pero, según conoció SEMANA, Yidis no ha sido totalmente abierta con la justicia sobre las motivaciones que la llevaron a reaparecer este año, 33 meses después de su voto clave por la reelección. Aparentemente, la ex congresista no estaba sólo descontenta por lo que consideraba el incumplimiento del reparto de ponqué burocrático o 'participación política', como le dicen en Palacio. No, eso era lo de menos. Estaba molesta porque una empresa que ella apoyaba -Cosacol- no se había quedado con una licitación de Ecopetrol. Les dijo a los funcionarios de la Casa Nariño y a otros ex funcionarios que Cosacol merecía el contrato y pedía la intervención del gobierno a su favor. Esta empresa, que participó en la construcción del gasoducto colombo-venezolano, es controvertida en la industria petrolera. Ha tenido pleitos legales con Ecopetrol y empresas privadas del sector. El gobierno no habría accedido a la petición de Yidis.
Curiosamente, en las primeras semanas del escándalo, Yidis estaba confiada en que no corría ningún riesgo penal. Pensaba, y así se lo comentó a una fuente consultada por SEMANA, que su intervención en el Congreso era cosa juzgada. Tal vez esta fue su mayor equivocación. Queda por verse si ese error termina llevando a la cárcel a varios hombres del Presidente.
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