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Cuando el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que "las mafias propietarias de las concesiones compran sentencias judiciales", en la ciudad tembló. Las cabezas de los tribunales le exigieron rectificar y él les explicó que su pelea no era con los jueces, sino con la corrupción de la justicia.
Hoy, un mes después, las investigaciones le están dando la razón. Quedaron al descubierto las huellas del fraude judicial con el cual trataban de evitar que el Alcalde diera por terminados dos contratos que atentan contra las finanzas de Barranquilla.
Hace un año, cuando asumió el cargo, Char se dispuso a cumplir su promesa de acabar con esas concesiones "envenenadas". Y a mediados de año, el Distrito dio por terminados los contratos con Métodos y Sistemas (encargada del recaudo tributario, por lo cual recibe 20.000 millones de pesos al año en honorarios) y con Diselecsa (para el alumbrado público más caro del país, por el cual recibe 30.000 millones de pesos).
Ello desató una guerra jurídica y las tutelas no se hicieron esperar. En el caso del recaudo de impuestos, el juez le dio la razón a la Alcaldía, y en el del alumbrado ganó el contratista. Y en las apelaciones aparecieron anomalías, el Alcalde pidió investigar y se comenzó a destapar la corrupción.
Los investigadores encontraron manipulado el software que hace el reparto para elegir al juez que los corruptos deciden.
En el caso de la tutela de Métodos y Sistemas, el software fue manipulado desde una computadora no identificada. Pero se pudo saber a quién estaba asignado el equipo porque deja unas huellas algorítmicas.
El funcionario responsable, un ingeniero de sistemas, dijo que le habían robado la clave. Pero no le aceptaron la excusa porque desde su equipo personal se manipuló el reparto para que le correspondiera a un despacho cuyo titular ha sido condenado por prevaricato y está cuestionado en otros procesos
Pero esa no es la única trampa. En el caso de Diselecsa, por ejemplo, intentaron tomar un atajo: en la sección de fotocopiado adulteraron el recibido y trataron de llevarlo directamente al despacho de segunda instancia sin respetar el trámite normal de reparto.
¿En qué va todo hoy? El proceso de la tutela de Diselecsa, la del alumbrado, fue anulado y debe comenzar desde la primera instancia. Y en el caso de Métodos y Sistemas, la tutela en segunda instancia fue fallada en contra del Distrito, pero ahora quedó congelada la terminación del contrato mientras hace trámite otra demanda. Si bien en esta el Tribunal Contencioso le dio la razón al Distrito, pues dijo que la administración de los impuestos no se puede delegar a particulares, la estrategia de Métodos y Sistemas parece ser dilatar lo más posible este proceso, para que cuando llegue un fallo definitivo del Consejo de Estado ya se haya logrado sacar todo el provecho posible al contrato de recaudo de impuestos.
La empresa contratista ha decidido recusar a los magistrados del Tribunal que le dieron la razón al Distrito y eso se convertirá en un carrusel de impedimentos sin fin, pues la recusación debe aceptarla un magistrado que también fue recusado por el Distrito por haberse pronunciado un día antes del fallo. Y así hay otros casos más.
Las esperanzas del alcalde Alejandro Char están cifradas en que cuando la demanda llegue al Consejo de Estado, este se pronuncie a su favor, pues ya ha dicho que no se puede delegar la función tributaria. Y en cuanto a la tutela, espera que la Corte Constitucional la elija para revisión.
Lo más insólito es que sobre este caso, en el cual Barranquilla se está empantanando, la Corte Suprema ya dio también un primer veredicto, dijo que el objeto del contrato es ilícito, que el tiempo de 20 años es ilegal, que incurrieron en falsedad al no entregar la póliza de garantía y que pusieron en riesgo el patrimonio público. Todo esto en el marco de la acusación que se hizo en octubre del año pasado contra el senador David Char quien, como representante legal de la firma que ganó la concesión del recaudo de impuestos, firmó el contrato, que luego cedió a Métodos y Sistemas.
Mientras se resuelven los recursos jurídicos, el alcalde Alejandro Char, más tranquilo y disculpándose por sus afirmaciones, dice que está dispuesto a irse preso antes de tener que acatar una tutela que beneficia a los propietarios de concesiones y negocios corruptos.
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