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Dos temblores judiciales han sacudido la política de Sucre en las últimas semanas. El primero se dio con la captura de cuatro diputados de la Asamblea del departamento por presuntos nexos con los paramilitares. El segundo se produjo el miércoles pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a tres congresistas: los senadores Álvaro García y Jairo Enrique Merlano, y el representante a la Cámara Erick Morris Taboada.
La medida de la Corte Suprema se da en medio del escándalo sobre los vínculos entre los políticos de la Costa y los paramilitares que encendió el computador de 'Jorge 40'. Los tres congresistas sucreños están acusados de promover y financiar grupos paramilitares en la región. Ya en 2001, la Fiscalía había enviado a la sala penal de la Corte las denuncias que vinculaban a García Romero con la masacre de Macayepo en la que fueron asesinados 16 campesinos a manos de paramilitares.
La decisión de abrir investigación formal contra los tres congresistas parece una caja de Pandora que promete convertirse en una nueva versión del proceso 8.000. Hace pocos días, por ejemplo, la Fiscalía le envió a la Corte Suprema varios archivos que mencionan a los congresistas Zulema Jattin, David Char y Dieb Maloof, para que sean investigados por los magistrados y determinen si han tenido alguna relación con los paramilitares. Como si lo anterior fuera poco, hay grabaciones, apuntes, correos electrónicos y testigos que no han salido a la luz pública y que involucran con grupos paramilitares no sólo a otros congresistas de la Costa, sino a toda suerte de funcionarios públicos y mandatarios locales y regionales. También aparecen datos sobre irregularidades en las contrataciones de empresas de servicios públicos, hospitales, IPS, EPS, alcaldías y gobernaciones que favorecerían a los paramilitares.
Hasta el miércoles pasado, cuando la Corte los llamó a indagatoria, los tres congresistas costeños habían continuado con sus carreras políticas sin contratiempos. El senador por el Polo Democrático Gustavo Petro, vocero del debate en el Congreso la semana pasada, dijo que han podido permanecer tranquilos durante estos años porque tienen de su lado personas influyentes en la justicia. Petro acusó al viceprocurador general de la Nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, de haber entorpecido la investigación contra el senador García al despedir a Héctor Rodríguez, investigador que tenía el caso en la Procuraduría. El funcionario, por su parte, dice que a Rodríguez se le quitó el caso porque los términos se iban a vencer y no presentaba resultados. "Petro es un tipo amparado en la inmunidad parlamentaria y por eso lanza irresponsablemente acusaciones sin piso probatorio", le dijo a SEMANA Gómez Pavajeau.
Otro de los señalamientos de Petro involucra a Tatiana Moreno, una funcionaria de la Procuraduría que en 2005 llegó a la Corte Suprema a trabajar como auxiliar del magistrado Álvaro Pérez. El manto de duda se levanta porque la funcionaria -quien fue procuradora de Sucre entre 1999 y 2001- pidió licencia para trabajar con el magistrado que tenía las investigaciones contra el senador García y contra el senador Merlano. Ella asegura que durante el año que estuvo en la Corte, nunca conoció los procesos contra los congresistas sucreños. "Los procesos llegaron en junio de 2005, yo ya llevaba varios meses en la Corte ¿cómo iba a saber yo desde febrero que las denuncias iban a llegar?", le dijo Moreno a SEMANA.
Actualmente, la funcionaria es investigada porque durante su gestión como procuradora mandó a la Fiscalía un fax en el que un desmovilizado se retractaba de las acusaciones que había hecho contra políticos de la región. El desmovilizado le negó a la Fiscalía haber escrito esa declaración y, por el contrario, ratificó sus acusaciones contra los políticos. "Yo recibí la carta del desmovilizado y si lo mandé a la Fiscalía fue porque ahí decía que estaba amenazado de muerte", aseguró Moreno.
Le corresponderá a la justicia determinar quiénes de los que aparecen mencionados en el computador de 'Jorge 40' han tenido relaciones con los paramilitares y quiénes no tienen nada que ver. Porque así como los culpables tienen que ser castigados, los inocentes no pueden ser mancillados. Lo cierto es que la información que ha salido en los medios -y la que tiene la justicia- es un excelente punto para interrogar a los jefes paramilitares desmovilizados que se van a acoger a la Ley de Justicia y Paz. Si dicen toda la verdad, se encenderá un ventilador que hará ver el proceso 8.000 de los años 90 con el cartel de Cali como un juego de niños. Y si ocultan la verdad y esta ha salido a la luz pública, perderán los beneficios de la Ley.
En este proceso no sólo los paras se juegan su pellejo, sino que la Fiscalía se juega gran parte de su independencia y su prestigio. Más ahora, cuando aparecen datos en el computador de 'Jorge 40' que podrían implicar a funcionarios de la propia institución. En una grabación entre 'Cadena' y uno de sus colaboradores se habla de la cifra millonaria que pide una fiscal para solucionar uno de sus asuntos.
El reto que tiene la Corte Suprema con este escándalo tampoco es de poca monta. La institución, que se ha visto desdibujada por sus enfrentamientos con la Corte Constitucional, se juega su reputación en este complejo ajedrez judicial que se comienza a tejer en tierras costeñas. Este es el momento preciso para que los magistrados demuestren su independencia, la capacidad probatoria y el poder que tienen como institución.
Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema se pueden convertir en un dique de contención frente a la penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana. Porque lo que se está viviendo hoy es una reedición -pero más perversa- de lo que sucedió en los años 90 con el proceso 8.000. En su momento, el narcotráfico, a través del cartel de Cali, trató de comprar a la clase política para proteger su negocio. Hoy, el narcotráfico se está apoderando a través de los paramilitares no sólo de la clase política, sino de diferentes sectores de la sociedad: las tierras, la empresa privada, la salud, la contratación Con un ingrediente adicional: en zonas rurales donde el Estado es más débil y ejércitos fuertemente armados protegen el negocio de la droga.
Para evitar que el país siga repitiendo la misma pesadilla, se necesita que la justicia envíe mensajes ejemplarizantes al país. ¿Estarán la Fiscalía y la Corte Suprema a la altura de su responsabilidad histórica?
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