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La juez María Stella Jara es una mujer organizada. Tiene una carpeta rotulada para cada proceso penal que estudia y otra para acopiar las sentencias de muerte que le llegan. La carpeta 'Amenazas' se abre con un sufragio que dice "Nuestro sentido pésame, por su próxima desaparición junto a toda su querida familia". Esta es la más reciente intimidación que le llegó hace dos semanas a su despacho, el Tercero Especializado de Bogotá.
Antes había recibido un sobre que contenía un supuesto 'informe' de inteligencia del DAS, clasificado como 'reservado y urgente', en el que un informante aseguraba que Jara habría sido sobornada por una red de narcotraficantes para que dejara en libertad a uno de sus integrantes.
La juez habló con sus superiores y con la Policía y le pidió al DAS que estableciera la veracidad del informe, que resultó tener una firma apócrifa. Pero eso no es todo: la puerta de su residencia fue forzada; emisarios anónimos le han hecho saber que están averiguando por su vida, y vehículos sospechosos la rondan.
Jara cree que están tratando de enlodar su nombre para que los procesos que hay en su despacho sean reasignados a otros jueces. Uno de los más importantes que está por fallar es el del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, a quien se le acusa de la desaparición de varias personas durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.
La situación se ha tornado tan delicada para esta jurista que todo su esquema de seguridad fue reforzado. Incluso su hijo de 10 años tiene asignado un escolta. La semana pasada, la Corte Suprema se reunió para analizar su situación. Lo que salió a flote en ese encuentro es que el suyo no es el único caso.
En una ciudad de la Costa un juez especializado, que pidió la reserva de su nombre, permanece confinado en su casa desde hace dos semanas, cuando la Policía le informó que una 'oficina' de sicarios tiene un plan para asesinarlo. Desde entonces sólo sale a la calle cuando tiene audiencias programadas. Los sicarios quieren cobrarle el hecho de que ha condenado y enviado a la cárcel a algunos de ellos, responsables de más de 100 homicidios. "He pedido protección de todas las maneras posibles. Es inaudito que los jueces tengamos que suplicar por nuestra seguridad", le dijo a SEMANA. Sin embargo, hasta ahora no le han asignado escoltas.
En otra zona del país, en una situación similar, un fiscal especializado recibe apoyo por teléfono de un sicólogo de la corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol). En otra ciudad un juez se prohibió a sí mismo movilizarse con su familia luego de que en un allanamiento aparecieron los recibos de un 'narco' que pagó 30 millones de pesos por asesinarlo.
En Cali se vive quizá la situación más complicada. Hay por lo menos cinco funcionarios seriamente amenazados. Y todos temen tener la misma suerte de Jairo Martínez Solarte, un fiscal especializado que hace un mes murió baleado por la espalda cuando salía de su casa.
En la difícil labor de administrar justicia el mayor riesgo recae sobre los jueces y fiscales especializados, pues en sus manos están los procesos contra organizaciones criminales y redes de narcotráfico. La mayoría de los amenazados coinciden en señalar que con el nuevo sistema penal, que les exige encarar en los estrados a peligrosos delincuentes para acusarlos o sentenciarlos, aumenta su nivel de riesgo y que a pesar de ello, no se han reforzado los esquemas de seguridad. Algo que es clave para garantizar su independencia si es que el país no quiere repetir la historia de tener una justicia amordazada por las mafias, como ocurrió en el pasado.
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