Absueltos embajador Sabas Pretelt y ministro Diego Palacio

Dos meses después de haber asumido como procurador general, Alejandro Ordóñez decidió eximir de toda responsabilidad al actual embajador de Colombia en Italia Sabas Pretelt de la Vega, y al ministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt, por el caso de la llamada ‘yidispolítica’ que los involucraba en presuntas irregularidades en la aprobación de la segunda reelección presidencial en el Congreso. La medida también cobija al ex viceministro Hernán Angarita, el ex director del Das Jorge Noguera y al ex Superintendente de Notariado y Registro José Félix Lafaurie.
 
La Procuraduría argumentó que no hay razón para no creer en la primera versión de Yidis Medina, cuando justificó su votación favorable al proyecto de reelección presidencial, diciendo que lo hacía en razón de la disciplina de su partido. El Procurador Ordoñez adujo que la archivación del caso la hacía basado en el principio de la "duda razonable".

Al conocer la noticia, tanto Palacio como Pretelt se declararon satisfechos y dijeron que esperaban que la Fiscalía General, que adelanta una investigación penal, también determine la inocencia de ambos en lo penal.

A comienzos de este año, el ex procurador Edgardo Maya Villazón había elevado pliego de cargos contra Pretelt, Palacio, el ex viceministro Hernán Angarita y contra el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño (hoy preso) por incurrir en presuntas irregularidades disciplinarias.

En el caso del ministro Palacio, la Procuraduría determinó que este violó la reserva procesal “al revelar piezas obrantes en el proceso disciplinario que se le adelanta”, y se negó a “suministrar información requerida mediante derecho de petición”.

Esto porque el año pasado, Palacio reveló a los medios de comunicación, en la Casa de Nariño, los detalles de las llamadas que la ex congresista Yidis Medina (hoy detenida en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá) le hizo a los hijos del presidente Álvaro Uribe para presionar, supuestamente, el cumplimiento de las promesas hechas por el gobierno por votar a favor de la reelección presidencial en el Congreso.

Según el concepto que había emitido el Ministerio Público, Palacio había desatendido además el cumplimiento de responder un derecho de petición que presentó el abogado Ramiro Bejarano, con el argumento de una supuesta reserva procesal. La información requerida era sobre el ingreso y permanencia de algunos funcionarios públicos, congresistas y miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo de Yidis Medina.

En la misma investigación se cuestionó al ministro de Protección el abuso de su condición al ordenarle a su secretaria Privada y a su Jefa de Comunicaciones, “desplegar acciones ante los medios de comunicación y la Procuraduría, ajenas a las labores propias de sus cargos relacionadas con aspectos procesales de su defensa ante la instancia disciplinaria”.

Por otro lado, Pretelt estaba cuestionado disciplinariamente por haber ofrecido supuestamente la vinculación de recomendados al ex congresista Teodolindo Avendaño a la administración pública “con ocasión del trámite del proyecto de reelección presidencial, lo que se hizo a través de la vinculación como notario del señor Luis Camilo O´meara Riveira”.