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Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia

REVISTA DE RADIO

Así será el traspaso de los casos de parapolíticos a la Corte

Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que todos los representantes y senadores investigados por parapolítica contarán con las garantías y acceso al debido proceso.

16 de septiembre de 2009

El cambio de jurisprudencia que le permite a la Corte Suprema de Justicia tomar todas las investigaciones de senadores y representantes involucrados con parapolítica ya entró en vigencia. Esta mañana Augusto Ibáñez, presidente de la Corte habló con La FM y contó cómo se procederá y qué procesos ya se están trabajando.

Ibáñez explicó que desde ahora en adelante todos los procesos que estaban siendo investigados en la Fiscalía pasarán a la Corte Suprema y que en esta instancia se desarrollará el debido proceso.

“El cambio de la jurisprudencia nos permite retomar los casos, independientemente si hubo renuncia al fuero. El fuero es el que le da la competencia a la Corte y las variaciones en los temas procesales son de inmediato cumplimiento”.

El presidente de la Corte entregó declaraciones detalladas de cómo procederá el alto tribunal. “Si un proceso está en etapa preliminar, automáticamente pasa a la Corte, si está en etapa de sumario, pasa a la Corte al terminar el trámite correspondiente. Si está en tema de acusación, ira al tribunal para realizar la resolución correspondiente o resolver como reposición la apelación de la acusación”

De igual manera, Ibáñez explicó que si llega un caso que esté en juicio, se esperará a que se termine la audiencia preliminar –si está en esta etapa-, de estar la audiencia en desarrollo, se esperará a que termine y al terminar este proceso se esperará a la sentencia, momento en que se entrega el caso a la Corte Suprema.Escuche hasta el momento qué decisiones se han tomado en la Corte y cómo quedará organizada por sus nuevas competencias.

Ibáñez aseguró que ya se le informó al Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago sobre la decisión que tomaba la Corte, y que durante esta semana tanto esta institución como los juzgados especializados procederán al traslado de los casos.

De igual manera aclaró qué pasará con los casos para aquellos parlamentarios que se vieron involucrados con paramilitares cuando eran particulares, pero que estaban en campaña. Escuche cómo procederá la Corte ante estos casos.

En otras noticias...
El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez (foto), habló en Caracol Radio sobre la consulta conservadora para escoger candidato presidencial, pospuesta por los godos, pero que fue revertida por el Consejo Nacional Electoral que a través de una sentencia los obliga a realizarla el próximo 27 de septiembre.

Según Sánchez, el cronómetro está corriendo y los conservadores aún no han enviado el material a la Registraduría, encargada de enviar los kits electorales a todas las regiones del país.

“Todos los tarjetones (de los otros Partidos) ya han sido elaborados, y han sido enviados paulatinamente a sus destinos. Nosotros, para poner esos tarjetones en los casi 12 mil puestos de votación de todo el país, le toma unas dos semanas”, puntualizó Sánchez.

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En RCN, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, explicó cómo es el plan de seguridad que se está implementando en esa ciudad.

Según Salazar, la primera manera de hacer que disminuya la violencia y la inseguridad en Medellín “es con movilización social”. La idea es que las familias, los vecinos, el sistema educativo, la iglesia y los empresarios ayuden a convencer a los muchachos que no es bueno que participen en los combos o en los grupos armados.

Otro punto que contempla el plan de Salazar es incrementar las oportunidades para los jóvenes en los programas de reinserción. “El gobierno nacional ha abierto una modalidad espléndida de 4 mil cupos que los muchachos pueden terminar su primaria y su bachillerato y formarse para el empleo. Queremos con este punto que ningún joven pueda decir que está en la delincuencia por falta de apoyo del Estado”, comentó el Alcalde.

El tercer punto es mejorar los sistemas operativos de la Policía, incrementar el número de policías judiciales y los recursos técnicos con mayor coordinación con la Fiscalía y los jueces.