Viernes, 20 de enero de 2017

| 2008/12/29 00:00

Cargos contra William Montes y Muriel Benito Revollo por parapolítica

Cargos contra William Montes y Muriel Benito Revollo por parapolítica

La Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra el ex senador William Montes por promover y auspiciar grupos paramilitares por la firma del llamado “Acuerdo de Ralito”, un hecho que permite inferir que el congresista presuntamente tuvo vínculos previos a su elección con grupos de autodefensa. Este documento da cuenta de una reunión efectuada entre jerarcas del paramilitarismo, hoy desmovilizados con ocasión de la Ley de Justicia y Paz, con varios parlamentarios y servidores públicos.

El Ministerio Público tuvo en cuenta que Montes reconoció haber asistido a una reunión con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Edgard Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, en la casa de la ex senadora Eleonora Pineda en el 2003, para tratar temas concernientes a la elección del gobernador de Bolívar en el mismo año.

De acuerdo con las versiones del ex jefe paramilitar Edgard Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, el ex senador Montes presuntamente se plegó a las órdenes de los intereses paramilitares al firmar el acuerdo bajo su condición de Senador en forma voluntaria.

Los testimonios de varios paramilitares desmovilizados señalan al ex senador de tener nexos con grupos de autodefensa. Es el caso de Alexis Mancilla García, quien dijo: “yo mencioné al señor William Montes como uno de los que le dimos apoyo político en su campaña al Senado”.

La Procuraduría anotó que el ex senador investigado presuntamente recibió el apoyo de los grupos de autodefensa para conseguir una participación política y su posterior elección, toda vez que de acuerdo a lo dicho por miembros de la organización ilegal, nadie podía hacer proselitismo político, sin su aval.

Para la Procuraduría las reuniones entre el ex senador y las autodefensas; los resultados electorales; la no admisión de candidaturas distintas a las acordadas con el grupo paramilitar; y la imposibilidad del libre ejercicio de actividades proselitistas, son signos reveladores de los posibles acuerdos a que presuntamente llegó Montes Medina con el Bloque Norte.

El caso de Muriel Benito Revollo

La Procuraduría también elevó pliego de cargos contra la ex representante a la Cámara Muriel de Jesús Benito Revollo, y siete políticos más del departamento de Sucre, por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión cobija además a Nelson Stamp Berrío, diputado de la Asamblea departamental de Sucre; Marlon Ricardo Donado, concejal de San Onofre; los ex alcaldes de este mismo municipio; Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez y Jorge Blanco Fuentes; el ex secretario de Educación departamental; Oswaldo Ayala Bertel y Roger Augusto Padilla, gerente de la E.S.E, Hospital Local de San Onofre, Sucre.

De acuerdo con las pruebas testimoniales, el acceso al Congreso de la República por parte de Benito Revollo, al parecer fue consecuencia de las presiones de los grupos paramilitares que tenían influencia en el Departamento de Sucre, quienes presuntamente ejercieron fuertes amenazas en contra de la ciudadanía para asegurar la victoria de la ex representante.

La Procuraduría señaló que presuntamente esa labor de presión e intimidación se hizo durante una reunión política con miembros de las AUC en el sitio conocido como el Plan Parejo, donde no solamente se hizo presente la candidata a la Cámara de Representantes, sino que además estuvo acompañada de su jefe político y candidato al Senado de la República, Jairo Merlano Fernández.

Consideró la Procuraduría que quedó en evidencia que durante la época previa a las elecciones a corporaciones públicas de marzo de 2002, la ex representante era vista como la persona que contaba con un ilícito aval por parte de las Autodefensas y en concreto por uno de sus líderes con innegable influencia en el departamento de Sucre, Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’.

Al elevar el pliego de cargos, el Ministerio Público señaló que existen suficientes elementos de juicio para concluir que la ex congresista actuó de acuerdo con grupos armados al margen de la ley durante un tiempo prolongado, el cual aprovechó para promoverlos en su región.

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