Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2009/07/22 00:00

Condenada la Nación por “Operación Mariscal” en Medellín

Acogiendo un concepto de la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito condenó a la Nación por la muerte de la señora Martha Janeth Correa Murillo, quien falleció en desarrollo de la “Operación Mariscal”, llevada a cabo durante seis días, desde el pasado 21 de mayo de 2002 en la Comuna Trece de la ciudad de Medellín.

Condenada la Nación por “Operación Mariscal” en Medellín

En consecuencia, el Ministerio de Defensa –Ejército y Policía Nacional fueron condenados a pagar la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al señor Carlos Hernán Gaviria Agudelo, compañero de la víctima; y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de los hijos de la víctima, por concepto de perjuicios morales.

De acuerdo con las pruebas, la “Operación Mariscal”, que tenía como finalidad el desmantelamiento de las milicias urbanas de las FARC, los CAP y autodefensas ilegales de la Comuna Trece, incurrió en excesos, como fue la utilización de efectivos, vehículos, tanquetas, helicópteros y armas de todos los calibres, para realizar las supuestas capturas de 34 personas por delitos menores.

También se calificó como desproporcionados los “disparos de ráfagas indiscriminadas que hacían blanco en las humildes viviendas del vasto sector habitado por 4.000 personas, dando al traste con la vida de dos amas de casa y cuatro niños, quienes por lo endebles de los materiales de construcción de sus hogares, no pudieron protegerse de los disparos cruzados, amén de otras personas, que murieron en las puertas de sus casas cuando trataban de auxiliar a los heridos”.

A juicio del Ministerio público la Fuerza Pública violó el ordenamiento constitucional, así como lo contenido en los tratados internacionales sobre protección de los derechos humanos, específicamente la vida, la dignidad e integridad personal.

Agregó que “el Ejército Nacional hizo uso de las armas comprometiendo el derecho fundamental a la vida de ciudadanos colombianos que formaban parte de la población civil y por ende gozaba del estatus de personas protegidas (…)“

Para la Procuraduría resultaba previsible que con un ataque de tal magnitud, en un lugar densamente poblado por cerca 34 mil personas y con viviendas rudimentariamente construidas en bahareque se ocasionarían daños a personas y bienes protegidos por las leyes humanitarias del conflicto.

Fuente: Procuraduría

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