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| 12/10/2008 12:00:00 AM

Condenan a la Nación a pagar por la muerte de Manuel Cepeda

La familia del senador no quiso conciliar con el Estado y ahora la justicia le da la razón. Hace un año, el gobierno reconoció la culpa de algunos miembros de la fuerza pública en el magnicidio.

El Estado colombiano debe pagar más de mil millones de pesos por el asesinato ex senador Manuel Cepeda, dirigente político de la Unión Patriótica (UP).

La determinación la tomó el Consejo del Estado al considerar que a Iván y María Cepeda, hijo del ex congresista, y a Olga Navia, su esposa, hay que pagarles 140 millones de pesos por perjuicios morales y 910 millones de pesos por perjuicios materiales.

La muerte del entonces senador Cepeda ocurrió el 9 de agosto de 1994, después de haber salidos de su casa a las 8:30 de la mañana hacia el Capitolio.. Cuando pasaba por la avenida Las Américas, de Bogotá, se acercó un Renault 9 blanco al carro donde Cepeda viajaba con un chofer y un escolta.

El escota se dio cuenta de que se trataba de un grupo de sicarios y reaccionó. Sacó su revólver calibre 38 y lo descargó contra los agresores, pero no pudo defender al entonces senador Cepeda.

Una hora más tarde, pasaba por ese mismo sitio su hijo Iván. Al ver el carro de su padre, se bajo del bus en que viajaba, pensando que se trataba de un choque. Cuando llegó hasta el vehículo, el escolta le dijo “compañero, no pudimos hacer nada”. Entonces Iván vio el cuerpo sin vida de su padre en el puesto delantero del coche.

La familia Cepeda demandó al Estado por considerar agentes de la fuerza pública tuvieron culpa por acción y omisión en la muerte de Manuel. Para empezar, nunca le brindaron seguridad, pese a que el senador había denunciado varias veces que lo estaban amenazando. El chofer y el escolta que lo acompañaban habían sido subsidiados por la UP.

Además, años más tarde, la justicia encontró que en la muerte de Cepeda participaron dos militares. El 16 de enero de 2000, fueron condenados a 43 años de cárcel los suboficiales del Ejército Justo Gilberto Zúñiga y Hernando Medina, como coautores del crimen. En la sentencia que culpa a estos dos soldados, también aparece el nombre de Carlos Castaño como autor intelectual del asesinato. Éste último se atribuyó el crimen en su libro ‘Mi confesión’.

Incluso, el 6 de marzo de 2007, el gobierno reconoció la responsabilidad del Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Washington con la idea de conciliar con la familia Cepeda.

Pero los Cepeda se opusieron y dijeron que no importaba que el litigio se demorar, con tal de que se hiciera justicia en su caso. Ahora, el Consejo de Estado colombiano definió que “el estado debe utilizar todos los medio disponibles para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos”.

‘Golpe de gracia’

La Unión Patriótica fue un partido comunista que surgió después de los acuerdos de paz entre el gobierno conservador de Belisario Betancourt y las Farc. Varios integrantes de aquel grupo guerrillero se desmovilizaron y decidieron crear el partido político.

Ya con muchos de ellos en la civilidad, algunos militares y otros políticos denunciaron que se trataba de una estrategia de la misma guerrilla para llegar al poder empleando “todas las formas de lucha”. Es decir, por la vía política y por las armas. Pero la regla tal vez no aplicaba para todos los integrantes de la UP y poco se ha podido confirmar de esa supuesta estrategia.

Lo que sí se hizo general para toda la UP fue la persecución. El comunista Miller Chacón, también de la UP, denunció en el periódico Voz que había un plan llamado ‘Golpe de Gracia’ que consistía, según sus versiones, en matar a muchos integrantes de la UP. En efecto, el plan empezó a cumplirse con la muerte de Chacón en 1993.

Manuel Cepeda también denunció aquella política, incluso ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por aquellas denuncias empezaron a llover todo tipo de amenazas a la sede del partido. Pero Cepeda, en vez de amilanarse ante las amenazas, se mostró más vehemente. Siguió denunciando a pesar de las intimidaciones que recibió.
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