Lunes, 20 de febrero de 2017

| 2009/10/26 00:00

Corte advierte que con tutelas se pueden caer los procesos de parapolítica

El Alto Tribunal calificó de abuso de poder la decisión de el Consejo Superior de la Judicatura de revocar, al fallar una tutela, la condena que le había impuesto a la representante del Guainía, Sandra Arabella.

La Sala de Casación Penal de la Corte se reunirá este martes para examinar cómo le responderá al Consejo Superior de la Judicatura que en su criterio se está extralimitando.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibañez, y el vicepresidente del mismo tribunal, Jaime Arrubla, hicieron un duro pronunciamiento sobre la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de sustituir un fallo en el que el Alto Tribunal había condenado a la representante Sandra Arabella.

“Es la primera vez que el Consejo Superior hace un fallo de reemplazo. Eso quiere decir que está tomando por primera vez funciones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Ibañez.

El presidente de la Corte calificó como un abuso de poder la actuación de la Judicatura. “Ya se ha dicho que el Consejo solo tiene facultades disciplinarias no facultades de jurisdicción ordinaria, lo cual indica que es un abuso de poder frente a las decisiones de un juez especializado como es la Corte Suprema de Justicia”, agregó el magistrado Ibañez.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó este lunes la condena a seis años de cárcel y 90 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos a Arabella Velásquez, representante a la Cámara por Guanía.

La funcionaria había sido condenada por la Corte por utilizar de manera indebida un avión de la Fuerza Aérea en el que transportó volantes y colaboradores de su campaña, a Puerto Inírida, antes de las elecciones del 2006.

Sin embargo, la Sala Disciplinaria de la Judicatura resolvió este lunes una tutela a su favor, pues consideró que la Sala Penal violó sus derechos fundamentales y ordenó la liberación de Arabella.

Según la solicitud que tramitó la ex congresista a la Fuerza Aérea, el préstamo del avión era para transportar unos mercados que provenían de organismos gubernamentales y posteriormente entregarlos a las comunidades afectadas por las inundaciones que se presentaron durante la época, pocos meses antes de las elecciones parlamentarias.

La Corte, sin embargo, comprobó que las ayudas no venían de ningún organismo estatal y que el avión de la FAC también había sido tripulado por personas allegadas a su campaña electoral, por lo cual la condenó.

La Sala Penal de la Corte se reunirá este martes, en palabras del magistrado Ibáñez, “para tratar de entender algo absolutamente anómalo y de una asimetría constitucional absoluta”.

El magistrado fue más lejos y dijo que la decisión de la Judicatura era previsible “y por ese mismo camino se esperará que se caigan todos los procesos de la parapolítica, pues están dictando sentencias de reemplazo”. No obstante advirtió que la comunidad internacional tiene puestos los ojos en lo que está ocurriendo con la justicia colombiana.
El vicepresidente de la Corte, el magistrado Jaime Arrubla dijo que era absurdo que unos magistrados elegidos por el Congreso, como los de la Judicatura puedan tomar decisiones favorables a los congresistas. “Por Constitución (los congresistas) deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia”, dijo enfáticamente.

Arrubla argumentó que la Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la justicia ordinaria. Y que la absolución de los congresistas por la vía tutela “no tiene presentación ante los ojos de un observador ni nacional ni internacional. Esa es una distorsión del sistema y el Consejo de la Judicatura que tiene una función disciplinaria está obrando sin competencia… Aquí se distorsionó el mundo”, agregó.

Esta no es la primera vez que la Judicatura falla tutelas para contradecir las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En el fallo en el que la Corte condenó a la ex congresista Yidis Medina por cohecho, tras haber recibido prebendas a cambio de su voto favorable al proyecto de reelección, ordenó que se eliminara el nombre del Ministro de la Protección, Diego Palacio, al considerar que estaba violando su derecho a la presunción de inocencia.

En ese caso, la Corte Constitucional le dio la razón a la Corte Suprema de Justicia y echó para atrás el fallo de la judicatura.

La Sala de Casación Penal de la Corte examinará este martes cuáles son las consecuencias de la decisión de CSJ  y de qué manera responderá ante lo que consideran una extralimitación de sus funciones.





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