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| 2/12/2009 12:00:00 AM

Corte Constitucional tumbó la conmoción interior

La Corte encargada de velar por la defensa de la Constitución dejó sin piso legal el estado de conmoción interior, decretado por el gobierno para atender la congestión judicial.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto de conmoción interior que hizo el gobierno el pasado 10 de octubre, para conjurar la crisis generada por el paro de los trabajadores de la rama judicial.

Con esta decisión el Alto Tribunal dejó sin piso todos los decretos derivados de la declaratoria de conmoción interior, que formuló el gobierno para tratar de atender la congestión en los despachos judiciales. El argumento de la Corte Constitucional fue que el gobierno no cumplió con los requisitos necesarios para adoptar esta salida extraordinaria.

Entre las medidas adoptadas por el gobierno, estuvo la emisión de un decreto que otorgó facultades extraordinarias al Consejo Superior de la Judicatura. Éste Alto Tribunal podía nombrar jueces y también disponía de recursos adicionales en aras de descongestionar los trámites de la justicia.

En ese momento, la medida fue considerada como exagerada por algunos juristas. Incluso el Procurador Edgardo Maya argumentó que no había razones suficientes para declarar el estado de conmoción interior. Los organizadores del paro también criticaron la medida y la catalogaron como una estrategia para ejercer presión sobre los 42 mil empleados de la justicia que estaban reclamando sus derechos.

El Consejo de Estado también se pronunció y dijo que el gobierno se apresuró, “hubiera valido la pena esperar un poco más, antes de tomar una determinación tan trascendental como la conmoción interior para conjurar los efectos del paro”, dijo el vicepresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont, en su momento.

El Ejecutivo argumentó que la congestión en los despachos judiciales ponía en riesgo la seguridad de la nación y contó el número de tutelas y de casos que podían terminar en la impunidad por el vencimiento de términos, pues los jueces no estaban fungiendo.

Este argumento fue refrendado por el Consejo Superior de la Judicatura que esgrimió el argumento de que la medida estaba ajustada a la Constitución.

Sin embargo, con la decisión del Alto Tribunal, el gobierno tiene que reversar las medidas adoptadas por decreto. Entre ellas el nombramiento de varios jueces y las facultades extraordinarias dadas al Consejo Superior de la Judicatura.




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