Corte Suprema abre investigación a 8 ex congresistas por delitos de lesa humanidad

La Corte Suprema de Justicia determinó abrir una investigación preliminar por delitos de lesa humanidad a ocho ex congresistas ya condenados por nexos con paramilitares, confirmaron hoy fuentes judiciales.

La medida "se desprende de una sentencia contra el ex congresista Jorge Castro Pacheco, de mayo pasado, en la que se ordenó compulsar copias contra otros siete ex legisladores, y que son difundidas ahora", explicó a Efe una fuente del Supremo colombiano.

Los afectados con la investigación preliminar son, además de Castro Pacheco, Dief Maalof, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento, condenados por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de la ultraderecha armada). 

El alto tribunal pide investigar a los ocho ex legisladores por "la ocurrencia de hechos en los cuales, en ejercicio del plan criminal de la organización a la cual pertenecía, haya participado y se establezca su eventual grado de responsabilidad -autoría o participación-, dentro de los que figuran ataques a la dignidad humana y a la vida puestos de presente por los testigos".

Según la medida, se busca establecer si los ex congresistas patrocinaron, conocieron o ejecutaron actos relacionados con la actividad de las AUC durante el tiempo en el que recibieron apoyo de los jefes paramilitares.

La misma Sala recuerda que en sentencia emitida contra Álvaro Araújo Castro, otro ex senador condenado por vínculos con las AUC y sobre el mismo asunto había señalado que "era designio de los grupos paramilitares arrasar ciudadanos u organismos que se opusieran a consolidar su poder y expansión".

Por ello, añadió la sentencia contra Araújo Castro y recordada en la condena de Castro Pacheco, los paramilitares, "dentro de sus actividades ordinarias ejecutaron múltiples conductas criminales, entre otras calificadas como delitos de lesa humanidad: tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, etc., y ataques a la dignidad de las personas".

Resalta que estas actividades criminales fueron cometidas "sin que fuera ningún secreto para cada uno de sus miembros, dentro de los cuales inclusive se contaban servidores públicos vinculados a todas las instituciones estatales, aún desde el momento de la creación de aquellas tropas" de la ultraderecha armada. EFE