Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/05/05 00:00

"DAS orquestó una estrategia de guerra política": Gustavo Petro

El Polo calificó las irregularidades en el DAS como un delito de lesa humanidad que hace parte de una estrategia de guerra política coordinada desde la Casa de Nariño. El Gobierno rechazó la afirmación y aseguró que las pruebas judiciales han sido aportadas por el propio Ejecutivo.

Gustavo Petro calificó de delitos de lesa humanidad las irregularidades cometidas desde el interior del DAS Foto: Juan Carlos Sierra - SEMANA

En el que puede considerarse su último debate de control político en el Congreso, el senador y candidato presidencial del Polo, Gustavo Petro, expuso lo que según él son cabos sueltos del escándalo de espionaje que tiene enredados a varios ex funcionarios del DAS.
 
Y como si se tratara de un rompecabezas, Petro decidió encajarlos para lanzar una hipótesis: “el DAS orquestó una estrategia de guerra política en la que incurrió en delitos de lesa humanidad”.
 
Guerra política

Cuatro fueron las piezas con las que Petro sustentó su hipótesis de que en el DAS se maquinó una guerra política. Esas piezas, en su mayoría, se sustentaron en los hechos irregulares revelados desde hace 15 meses por la revista SEMANA y varios de los memorandos de las cuestionadas divisiones del departamento de inteligencia –GONI y G3-, en los que se impartieron órdenes a detectives del DAS y que tenían como “blanco” dirigentes de oposición, magistrados de las altas Cortes, defensores de derechos humanos y periodistas.

La primera, la campaña de desprestigio a partidos políticos de oposición. Según Petro, las cuestionadas divisiones del DAS recibieron instrucción para que a través de manipulación de encuestas, seguimientos a dirigentes, y manejo de información, se desprestigiara a organizaciones políticas como el Polo Democrático. Según el senador, las tesis de la división interna del Polo, las campañas de desprestigio a la administración de Bogotá, tuvieron origen en el DAS.

La segunda pieza, las interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Constitucional pretendían conocer quiénes estaban a favor y en contra de la reelección. Petro aseguró que a quienes estaban en contra los "amenazaron y chantajearon" para que votaran a favor de la constitucionalidad del proyecto. Recordó la amenaza a una de las hijas de una magistrada en un colegio al Norte de Bogotá.

La tercera pieza, el caso de la periodista Clara Julieta Duque, quien en 2004 denunció amenazas de detectives del DAS. La periodista investigaba el asesinato de Jaime Garzón. Petro recordó que hay miembros del departamento de inteligencia señalados de participar en ese homicidio.

La cuarta pieza, y quizás la más sorpresiva del debate, se relaciona con una supuesta irregularidad producida en el segundo atentado contra Germán Vargas Lleras. Según Petro, en las gacetas del DAS en donde se impartían órdenes de la estrategia de guerra política se habla del uso de métodos terroristas, incluido el de explosivos, y allí aparecen fotos del atentado contra el hoy candidato presidencial.
 
Petro preguntó si el DAS no habría participado en ese atentado, al relatar que el conductor, adscrito al organismo de inteligencia, no lo recogió en la noche que se produjo el atentado. “Es el mismo modo de actuar de escoltas del DAS en los homicidios de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro”.

Delitos de lesa humanidad

Con base en las piezas de ese rompecabezas, Petro adujo argumentos jurídicos para calificar que las irregularidades del DAS son delitos de lesa humanidad. Según el estatuto de Roma, dijo el senador del Polo, estos ataques son “generalizados y sistemáticos y premeditados” sobre un grupo poblacional, a través de persecución a un grupo fundado en principios políticos, hubo asesinatos de activistas de derechos humanos, hubo tortura psicológica.

Petro dijo que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados por la justicia colombiana, pero que si esta no puede o no quiere investigarlos, deben ser juzgados por la justicia internacional.

Por eso el senador Luis Carlos Avellaneda afirmó que pedirán la competencia de la justicia internacional para que investigue esta “empresa criminal contra la democracia”.

Desde la Casa de Nariño

Los senadores del Polo fueron más allá y ante el Congreso de la República consideraron que esta estrategia de guerra política fue coordinada desde la casa de Nariño. Primero, porque el DAS está adscrito al Ejecutivo, y segundo, porque -afirmaron- el Presidente de la República sí sabía, basándose en recientes testimonios del ex director del DAS, Jorge Noguera, quien le dijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le entregaban esa información al propio Jefe del Estado.

"Gobierno respeta los derechos humanos"

El director del DAS, Felipe Muñoz, reconoció que la justicia ha descubierto que el organismo ha sido infiltrado por estructuras criminales, las cuales censuró. Sin embargo, defendió cualquier insinuación de que estas conductas, que calificó de aisladas, hayan tenido origen en la Casa de Nariño. “No he recibido instrucción distinta del Presidente de la República de utilizar los elementos del DAS para combatir el terrorismo y la ilegalidad”.

En su defensa, Muñoz aseguró que escándalos del DAS han ocurrido en toda la historia del organismo, incluso en gobiernos anteriores, y que por eso el Ejecutivo presentó un proyecto, el cual es discutido en el Congreso, para reestructurar el departamento de inteligencia.

Además afirmó que el 80 por ciento de las pruebas que tiene la Fiscalía para sustentar sus hipótesis en las investigaciones que adelanta contra más de una decena de ex funcionarios, comprometidos con estas conductas de espionaje, fueron entregadas por el propio DAS, “de manera voluntaria y con la instrucción del Presidente de encontrar los responsables y colaborar con la Justicia”.

Muñoz rechazó uno a uno los argumentos expuestos por Petro, y en el caso del atentado contra Germán Vargas Lleras, aseguró que la Fiscalía capturó a tres milicianos de las Farc tras comprobar su participación en dicho atentado.

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, defendió al Presidente de la República. En su argumentación, expuso los avances del gobierno en materia de seguridad, protección a sindicalistas, garantías a la oposición, y fortalecimiento de la justicia de magistrados de las altas Cortes, y recurrió a recientes reconocimientos de organismos internacionales frente a los avances en materia de defensa de los derechos humanos del actual gobierno.
 
Por eso se preguntó: "¿un Presidente, que ha luchado por defender los derechos humanos, puede ordenar que se viole la intimidad y la integridad de las personas?"  
 
Valencia Cossio también reseñó un resumen cronológico de escándalos del DAS, también por interceptaciones ilegales, en los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, y señaló que el actual gobierno no ha advertido que obedecían a una estrategia orquestada por los gobiernos de las señaladas épocas.

Los argumentos de parte y parte, ratificaron en pleno Congreso, que hubo irregularidades en el DAS. Sin embargo, el país aún no resuelve el principal interrogante: ¿quién promovió esos hechos? Todo quedará en la órbita de la justicia.

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