Decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre masacre de Segovia responde a clamor de las víctimas

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de asumir el expediente sobre la masacre de 43 personas ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, Antioquia, y vincular nuevamente a la investigación al ex congresista por el Partido Liberal César Pérez García, responde al clamor de las víctimas, quienes esperan que por fin se establezcan las responsabilidades intelectuales sobre este crimen.

Al sentar jurisprudencia sobre este tipo de crímenes y advertir que de acuerdo a los tratados internaciones refrendados por Colombia los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo, el alto tribunal le dio la razón a diversas manifestaciones expresadas años atrás por familiares de quienes perdieron la vida en esa localidad del Nordeste y defensores de derechos humanos, que han insistido en evitar que se perdiera la oportunidad de juzgar a los determinadores del múltiple asesinato.

Adriana Arboleda, abogada e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas (Movice), indicó que desde el año 2008, cuando se cumplieron los 20 años del homicidio múltiple, se habían hecho varias peticiones para que este hecho atroz prescribiera y quedara en la impunidad.

“La decisión de la Corte Suprema de Justicia es importante porque responde a una inquietud que desde hace dos décadas tenían las víctimas de la masacre en Segovia”, afirmó Arboleda, quien recordó que por sus características esta masacre ha sido escogida por la Comisión de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación para ser investigada y presentada ante el país y el mundo como un crimen de lesa humanidad.

Desde el mismo momento de ocurrida la masacre se supo que estuvo dirigida contra miembros de la Unión Patriótica (UP) y sus simpatizantes, dado que en esa localidad este movimiento político había vencido en las elecciones al Partido Liberal, que históricamente había tenido el poder allí y era representado por Pérez García, un cacique electoral nacido en el municipio de Remedios el 5 de agosto de 1935.

En las elecciones de 1988, la UP obtuvo las alcaldías de Apartado, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó, consolidando así un trabajo político de izquierda. Por ello, para la representante del Movice, este crimen debe ser considerado como uno de los primeros casos de parapolítica en el país, “pues contempló la articulación de militares, políticos y paramilitares para retomar el poder que les había arrebatado en las urnas la UP. Luego de la masacre, el Partido Liberal recuperó su poder regional en las elecciones de 1992”.

Los indicios de su participación como determinador de esta masacre comenzaron a conocerse en 1987, cuando el grupo paramilitar Movimiento Revolucionario del Nordeste (MRN), liderado por Fidel Castaño y Henry Pérez, difundió varias “cartas abiertas” dirigidas específicamente al “pueblo del Nordeste”. En una de ellas se leía lo siguiente: “Respaldamos al gran caudillo de esta región, doctor César Pérez García, en su anhelo por la Presidencia de la Cámara de Representantes”. El comunicado finalizó con una advertencia: “saldremos con un golpe mortal”.

Otro de los indicios de la participación del político del Partido Liberal lo ofreció años después el paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir’, quien fue uno de los autores materiales del múltiple asesinato. De acuerdo a versiones entregadas a las autoridades judiciales, Pérez García supuestamente incitó a los paramilitares para que cometieran ese crimen: “él le pidió a Fidel Castaño que sacara a la UP de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión explicaron los motivos para la masacre”.

La confesión de alias ‘el negro Vladimir’ también permitió develar la participación de la Fuerza Pública en este crimen. De sus relatos se desprende que la acción armada contra la población de Segovia fue planeada en la XIV Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío y en ella habría participado el entonces comandante de esa guarnición militar, general Raúl Rojas Cubillos, así como el jefe de la oficina de inteligencia, conocida como B-2, teniente coronel Hernando Navas Rubio. También señaló al comandante del batallón Bomboná, teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo, y a varios oficiales y suboficiales de esa unidad militar, así como al comandante de la Policía en Segovia, capitán Jorge Eliecer Chacón Lasso, y a algunos directivos de la empresa Frontino Gold Mines, asentada en la localidad.

De acuerdo con las declaraciones del paramilitar, la Fuerza Pública de la zona conoció con anterioridad el plan de ataque contra Segovia: "En la base del Ejército me entrevisté con el Comandante de la Policía de Segovia y dijo que estaba de acuerdo y propuso que algunos muchachos le hicieran disparos a la estación para él poder decir que fue que lo atacaron y que no pudo salir. Después me entrevisté con el gerente de la empresa Gold Mines y dijo que estaba dispuesto a colaborar en algo".

Según relatos de sobrevivientes, la masacre fue perpetrada frente a las instalaciones de la estación de Policía y duró aproximadamente una hora. En ese tiempo, los uniformados no tomaron la iniciativa para proteger a la población y sólo cuando ya habían pasados 15 minutos de finalizada la incursión salieron del cuartel. Media hora más tarde apareció el Ejército, que previamente había desmontado varios retenes en la carretera. Ni los unos ni los otros desplegaron operativo alguno para perseguir y retener a los treinta paramilitares que cometieron el crimen, y tan solo alertaron a otros comandos y batallones de la zona dos horas después del hecho.

Un tercer indicio que involucra a Pérez García con este múltiple homicidio aparece reseñado en un documento fechado el 1 de diciembre y elaborado por el Procurador Delegado para la Policía Nacional, quien fue comisionado para practicar las primeras diligencias. Según este informe, la autoría de la masacre recaía en el grupo paramilitar Movimiento Revolucionario del Nordeste y dejó en claro que esta organización armada “surgió a partir del momento en que se desmoronó el cacicazgo de los viejos dirigentes políticos, hegemónicos hasta consolidarse en la región la mayoría política de la UP”.

Según el documento, el ataque del grupo paramilitar contra la población de Segovia tuvo dos finalidades: “una forma ejemplar de castigo” a las inclinaciones políticas de la región, mediante el terror y el ataque indiscriminado en el plaza central y "una directa retaliación" contra la UP, mediante el asesinato selectivo de varios de sus militantes.

Sustentada en esos indicios, la Fiscalía General de la Nación acusó a Pérez García de participar en la masacre y libró orden de captura el 6 de junio de 1994, la cual se hizo efectiva el 8 de agosto de 1995. No obstante, los cargos en su contra fueron retirados por haber expirado el plazo en que debían presentarse. Sólo estuvo en la cárcel quince días.

Su condición se benefició además de la decisión que tomaría el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia el 29 de agosto de 2000 tras una audiencia pública. Luego de escuchar diversos testimonios, el Juez absolvió a varios oficiales implicados en la comisión del crimen alegando que no se podía sustentar una condena sobre el testimonio de un delincuente como Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir’, y agregó que su versión no tenía “la suficiente fuerza probatoria para soportar una sentencia condenatoria”.

Además, y sin que se haya podido entender en su momento, la Corte Suprema de Justicia frente a una remisión de copias por parte de la Fiscalía se abstuvo de investigar en esa ocasión al cacique del Partido Liberal en el Nordeste antioqueño.

“La importancia de revivir este proceso es clave para evitar la impunidad, pues creo que el hecho de que no se investigara en su debido momento y con la debida diligencia dio pie para que años después otros políticos sintieran que podían hacer lo mismo, pues habría garantías de que no serían sancionados por la justicia”, indicó la abogada Arboleda.

Durante su trasegar por la vida política regional y nacional, César Pérez García, abogado de profesión, se desempeñó por cinco periodos como representante a la Cámara; además, ha sido concejal y diputado, y presidió la Federación Nacional de Diputados. En sus actividades en el sector público se desempeña como Rector y Miembro del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia a la que se vinculó desde 1976.

Su vida política ha estado asociada a prácticas de corrupción y por ello perdió la curul en la Cámara de Representantes en enero de 1994 y su asiento en la Asamblea Departamental de Antioquia en el 2010. Además, fue condenado recientemente a 8 años de detención domiciliaria tras comprobársele malos manejos administrativos cuando se desempeñó como Presidente de la Asamblea en 1998.