Denuncian injerencia de la Presidencia en juicio a Plazas Vega

Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia denunciaron la interferencia del Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, en el juicio que le sigue la Justicia al coronel retirado Alfonso Plazas Vega.
 
En un comunicado los familiares de las 11 personas que desaparecieron durante la operación militar conocida como la “retoma del Palacio”, anunciaron que llevarán a instancias internacionales las acciones legales por lo que consideran un intento de obstruir la justicia desde la Casa de Nariño.

Este miércoles el Juzgado Tercero de Bogotá que lleva el caso de Plazas por su presunta responsabilidad en las desapariciones, le devolvió a Castillo una acción de cumplimiento y una declaración extra juicio. Estos documentos fueron enviados por el asesor presidencial a la juez y buscaban que fueran tenidos en cuenta en el juicio.

Sin embargo, la juez decidió devolver la documentación por considerar ilegítima la intervención de Del Castillo. “Me permito devolverle la declaración extra proceso rendida por el señor Gustavo Alonso Velásquez López, como quiera que usted carece de legitimación para actuar dentro de la presente actuación, por cuanto no ostenta calidad de sujeto procesal", argumentó la juez.

Los documentos contenían una declaración a favor del coronel y una acción de cumplimiento, que buscaba revocar la orden de traslado de Plazas a la Cárcel La Picota.
Resulta cuando menos extraño que el Secretario Jurídico de la Presidencia, quien es la persona encargada de asesorar al Presidente en los asuntos legales de su despacho, esté tratando de influir en favor de un militar retirado acusado de crímenes tan graves.

Los familiares de los desaparecidos han denunciado lo que en su criterio es una estrategia de dilación del ex coronel, sino que recientemente también pidieron que se investigara al Inpec por no trasladar a Plazas Vega a una cárcel a pesar de que la juez ya diera la orden de recluirlo. El Inpec argumentó que el hospital Militar no ha avalado el traslado y debe comprobar su estado de salud.

En el comunicado, los denunciantes solicitaron “que se abra una investigación disciplinaria en contra de los funcionaros encargados que se han negado a cumplir la orden judicial, tanto del Hospital Militar y el INPEC, como de la misma Procuraduría General, ya que sus actuaciones han obstruido el normal desarrollo de la Justicia en este proceso”, dicen.