Dos magistrados piden devolver terna para Fiscal

La votación para elegir nuevo fiscal general de la Nación podría demorarse varias semanas, según se desprende de lo discutido hoy en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
 
Semana.com pudo estblecer que en la sesión de hoy, a puerta cerrada, dos de los ocho magistrados que tomaron la palabra pidieron devolver la terna al presidente de la República. Sin embargo, tres magistrados más replicaron, y dijeron que no había ningún sustento legal para proceder de esa manera.

Una de las propuestas que se puso sobre el tapete fue la de volver a convocar a dos de los candidatos, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina, para que respondan a la Corte sobre las inquietudes que sobre ellos han salido a relucir en los medios de comunicación.
 
En el caso de Palacio, las grabaciones reveladas por SEMANA y la emisora La W, en las cuales se ve salpicado por un posible tráfico de influencias. Y en el caso de Ospina, los comentarios de algunos columnistas y de los medios en general sobre sus relaciones con el polémico esmeraldero Víctor Carranza.

También, ocupó gran parte de las cinco horas de debate de los magistrados, las propuestas de invitar a la sala plena de la Corte las 17 organizaciones no gubernamentales que pidieron la devolución de la terna al presidente Uribe.

Ninguna de las propuestas fue votada por el pleno de la Corte, de manera que sólo se sabrá hasta la próxima sesión, programada para el lunes. 
 
Durante la sesión de hoy "se revisaron en profundidad las hojas de vida de los candidatos", dijo a Semana.com uno de los 23 magistrados que conforman el Alto Tribunal,  pero no quiso dar más detalles.

El próximo lunes los magistrados decidirán si los postulados para ocupar el cargo de Fiscal General son idoneos, o si devuelve la terna para estudiar otros candidatos.

Semana.com reveló esta mañana una grabación que salpica al candidato a fiscal Juan Ángel Palacio con tráfico de influencias.

La conversación, que tuvo lugar en octubre pasado, además, se podría convertir en un nuevo argumento para un grupo de 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del total de 23, que se proponen votar en blanco para presionar al presidente Uribe a retirar la terna. La Corte se reúne hoy para examinar los nombres propuestos por la Casa de Nariño.

En la charla telefónica un abogado que habla a nombre de la firma Coltabaco le pide a Juan Ángel Palacio que mueva sus influencias en el Consejo de Estado sobre una magistrada de la cual, según el diálogo, él es “padrino”, para que cambie el sentido en que se está proyectando un fallo y así se favorezca la empresa.

El interlocutor de Palacio es el también ex magistrado del Consejo de Estado Delio Gómez Leyva. El hoy candidato a fiscal fue consejero de Estado hasta julio del año pasado. Según le explica Gómez a Palacio, el caso lo llevaba la magistrada Ligia López Díaz y esta proyectó una sentencia adversa a la compañía tabacalera. Pero la magistrada López terminó su periodo sin que la sala acogiera el fallo y el caso quedó en manos de Martha Teresa Briceño, la nueva magistrada, quien llegó al cargo gracias a la influencia de Palacio, según lo admite él mismo en la conversación.

Delio Gómez dice que en una reunión extraordinaria convocada por Coltabaco para analizar el caso, él les propuso hacer lobby y a renglón seguido le propone a Palacio que hable con su “ahijada” para que la persuada de mantener una jurisprudencia que favorece a la empresa. “La compañía está preocupada porque les cambia el panorama”, asegura Gómez antes de preguntarle a Palacio si realmente él influyó en el nombramiento de la magistrada Briceño. Y este responde “Eso es verdad”.

En este punto Gómez le pide a Palacio que hable con la nueva magistrada en beneficio de la empresa y el aspirante a Fiscal General responde: “Ese es un trabajo que yo puedo hacer. ¿Entonces cómo es la cosa ahí?”. Sin más Gómez le responde que va a hablar con los directivos de Coltabaco pues sabe “que cuando uno está independiente toda actividad cuesta”.

Durante la conversación, los dos ex magistrados tratan de darle un piso legal al lobby que van a hacer ante la magistrada. Los dos coinciden en que de abrirse paso la anterior decisión, la proyectada por la magistrada López, el Consejo de Estado estaría contradiciendo varias sentencias proferidas por ese organismo y que fueron favorables a Coltabaco. El ex magistrado Gómez afirma que sobre el tema hay una jurisprudencia única desde hace 14 años, la cual los dos acogieron en su momento en su función de consejeros, y Palacio concluye que un cambio sería un “desajuste institucional”.

Si bien la preocupación que ambos expresan porque se mantenga la tradición jurídica puede ser loable, lo que no se justifica desde ningún punto de vista es que pretendan “corregir una sentencia” a cambio de dinero. Y menos aún tiene presentación que un magistrado, apenas tres meses después de dejar el Consejo de Estado, esté prestando este tipo de servicios a empresas que tienen procesos jurídicos con el Estado.

El tema nuevamente deja mal parado al ex magistrado Juan Ángel Palacio quien en días pasados se vio en serios aprietos para explicar otras charlas interceptadas por las autoridades, que fueron reveladas por la W, y que son igualmente comprometedoras. Pero además deja una pregunta que la propia fiscalía está en mora de responder ¿Por qué fue archivada esta investigación sobre la corrupción en la justicia si se contaban con elementos tan graves?