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| 4/14/2009 12:00:00 AM

Dudan que asesinato de investigador de la fiscalía haya sido por atraco

Al asesinato de Larry Churón en Atlántico se suman amenazas contra un fiscal de Montería y contra investigadores del CTI de Santa Marta que han trabajado en la captura de cabecillas de bandas emergentes.

En la unidad de Justicia y Paz en Barranquilla no creen que a Larry Churón Torres lo hayan asesinado para robarle una insignificante cadena de oro. Los móviles del homicidio cometido el sábado contra el veterano investigador criminalístico de la fiscalía hay que buscarlos en los centenares de casos de homicidios y derechos humanos a los que les siguió la pista.

El hecho de que en el asesinato hayan participado cuatro hombres en dos motos, fuertemente armados, y que además lo hubieran seguido y emboscado en la puerta de su casa, permite a la fiscalía tener otros indicios o hacer otras suposiciones. Además, la cadena, motivo del presunto robo, era tan insignificante como imperceptible y los atracadores no hacen un seguimiento minucioso por tan poca cosa.

Los fiscales que identificaron su cuerpo en medicina legal señalan que además no tenía maltrato alrededor del cuello, con lo cual hay que descartar esa hipótesis y los asesinos al abordarlo intentaron inmovilizarlo agarrándolo por detrás y apuntándole con un arma en su espalda.

En el forcejeo se dieron cuenta que estaba armado y cuando lo quisieron despojar de su arma de dotación, reaccionó y forcejeó con sus victimarios quienes le dispararon a quemarropa dejándolo mal herido. Él mismo, con el pulmón atravesado, la bala tenía orificio de salida, buscó ayuda para ser trasladado al hospital más cercano, pero cuando llegó al Hospital de la Policía ya estaba sin vida.

Los principales motivos para suponer que Churón Torres fue asesinado por su trabajo judicial son los casos detrás de los cuales estuvo como investigador en los últimos años. Hace varios años fue trasladado de la regional de Antioquia por amenazas de la temida y mal llamada oficina de cobro de Envigado cuyo principal cabecilla era Diego Fernando Murrilo, alias “don Berna”, extraditado en abril del año pasado a Estados Unidos con otros catorce exjefes paramilitares.

Los primeros años de su traslado estuvo en el Inpec, y después pasó a la Unidad de Homicidios y Derechos Humanos en la que participó en investigaciones como el homicidio del excongresista del Magdalena, Fernando Piscciotti Van Strahlen, cometida por el grupo paramilitar del Bloque Norte comandado por Jorge 40 en el municipio de El Banco.

También participó en las investigaciones de los homicidios cometidos por el Frente José Pablo Díaz en el Atlántico que condujo a la captura de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio.

Otro caso reciente en el que participó es la investigación de los ‘falsos positivos’ por parte de personal del Batallón La Popa en Valledeupar. Churón Torres entrevistó hace seis meses a Guillermo de Hoyos, un exparamilitar desmovilizado del Bloque Norte quien acusó al coronel del ejército, Hernán Mejía, de ser aliado y haber trabajado con el Bloque Norte. De Hoyos ha denunciado ante un juez especializado en Bogotá que han intentado sobornarlo para que se retracte en sus afirmaciones contra el oficial del Ejército y contra el exgobernador del Cesar, Hernando Aráujo Molina. En esta investigación Larry Churón hizo las primeras diligencias y la entrevista con el denunciante, pero el informe fue firmado por otros dos compañeros.

Otros casos
El asesinato cometido contra el curtido investigador judicial, quien tenía 40 años, quince de ellos al servicio de la institución, y deja viuda y dos hijas menores de edad, ha encendido las alarmas en la Fiscalía General de la Nación, pues no se trata del único caso.
 
En los últimos dos años fueron asesinados en Barranquilla y Santa Marta los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la fiscalía Frank Flórez y Judith Alvárez en el 2007. En el caso de Flórez, se presumió entonces que su asesinato estuvo relacionado con un incendio ocurrido en las instalaciones del CTI de Barranquilla y los autores lo que querían era ocultar unas pruebas.

En el caso de la jefa de la sala de análisis criminal del CTI de Santa Marta, Judith Alvarez, ocurrido el 16 de noviembre de 2007, se sabe que fueron las nuevas bandas emergentes que en el Magdalena encabezaba el criminal Jimmy Zapata Salinas, conocido con el alias de “coyote”, actualmente preso en la cárcel de Combita.

‘Coyote’ se desmovilizó con el Bloque Resistencia Tayrona y desde su reclusión es el promotor de nuevas amenazas contra los investigadores del CTI de Santa Marta, quienes han logrado en el último año detener a más de cincuenta miembros de las bandas emergentes que operan en ese departamento.

Pero no es el único caso de nuevas amenazas contra funcionarios del cuerpo investigador. Hace tres semanas el fiscal de exhumaciones de Córdoba, Germán Yesid Jaimes Sandoval, recibió una llamada en la que le decían que le daban 20 días para abandonar a Montería y el miércoles santo en un mensaje a su correo electrónico le recordaron que le quedaban diez días.

Hace unos meses, cuando estuvo trabajando en otros casos, incluido el de ‘falsos positivos’ en Valledupar, manifestó a varios compañeros sentirse amenazado, pero no hizo la petición de traslado. Como si lo hizo uno de sus compañeros del mismo grupo de investigaciones, quien expuso la situación, presentó la solicitud y fue trasladado a una ciudad del interior del país.

 
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