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| 11/14/2008 12:00:00 AM

“El proyecto de Ley de Víctimas fue descuartizado”

Liberales pedirán en la Plenaria de la Cámara que se archive el proyecto de Ley que busca la reparación de las víctimas. Víctimas y organizaciones sociales rechazaron los cambios aprobados en su último debate.

El Partido Liberal, en común acuerdo con las organizaciones de víctimas, decidió pedir a la Cámara de Representantes el archivo del proyecto de Ley de Víctimas. La decisión fue tomada tras una reunión en la que miembros de este partido que había sido el abanderado del proyecto junto con las víctimas, se reunieron para discutir la iniciativa que fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara, esta semana.

En un comunicado el partido dijo que el gobierno y sus mayorías “descuartizaron” la propuesta. Juan Fernando Cristo, senador liberal hizo una acusación que fue más allá:  “el Gobierno tiene más sentimientos a favor de quienes descuartizan que a favor de la víctimas”, dijo.

El senador liberal dijo que el proyecto volvería a ser radicado en marzo. A través de un comunicado el Partido anunció que tras el retiro de la iniciativa esta bancada “trabajará para impulsar, nuevamente, una ley verdadera que garantice los derechos de las victimas a la reparación integral, sin inclusión y sin discriminación como lo pretende el Gobierno nacional”.

En la plenaria de la Cámara, los representantes deberán votar la propuesta de archivar el proyecto de ley.

Historia de la discordia

Para el debate de la iniciativa, el gobierno pidió retirar varios artículos de la propuesta inicial presentada por el Partido Liberal. También decidió modificar varios artículos contrarios a sus afectos. Asi quedó aprobado el proyecto en el debate de la Comisión Primera que se surtió martes y miércoles de esta semana.

Los artículos cambiados “desnaturalizaron la propuesta”, denunció el representante a la Cámara Guillermo Rivera, quien fue el ponente de la iniciativa al término del debate. De los 177 artículos propuestos por los liberales, la propuesta quedó reducida a 131 que se concertaron con el gobierno. De estos se aprobaron 122. Los demás fueron modificados al gusto del gobierno.

El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, dijo este viernes que la propuesta aprobada esta semana fue “la Ley más concertada con la oposición”. No obstante, la oposición ha reiterado que los artículos cambiados son la médula y espíritu de la reparación.

Valencia Cossio también dijo que el costo fiscal que tendría la reparación es de “22 billones de pesos, sin tener en cuenta el costo que pueda representar la reparación por estos conceptos a víctimas de agentes del Estado”. El Ministro también argumentó que “el gobierno ni la coalición de gobierno en el Congreso, van a dejar que se desmejore la situación de las víctimas de los agentes del Estado”.

Sin embargo, la Mesa Nacional de Víctimas, conformada por varias organizaciones sociales, analistas y defensores de los derechos humanos que acompañaron la construcción de la propuesta liberal, no lo cree así. Tras una reunión después del debate emitieron un comunicado en el que calificaron la propuesta aprobada como “una afrenta y una burla, en la medida que desnaturaliza los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

El proyecto de Ley aprobado modificó los puntos centrales de una propuesta que fue concertada en principio por las organizaciones, víctimas y varios congresistas. Además la iniciativa contaba con el respaldo y asesoría de la ONU.
 

Los puntos de la controversia

Estos son los puntos que fueron aprobados que no satisfacen las demandas de las víctimas:

1-Delimita el universo de víctima a las que les hayan vulnerado sus derechos antes de la promulgación de la Ley. A esto se suma, que para que las víctimas puedan acceder a la reparación tienen dos años después de la aprobación de la Ley, para que se acrediten como tales. ¿Estará creyendo el gobierno que ya se acabó el conflicto?

2-Las víctimas deberán acreditarse a través de un sistema que dicte el gobierno. Esto va contra el principio de presunción de la buena fe en la víctimas que solo pide una prueba sumaria para su acreditación.

3-Las víctimas de agentes de Estado, como las madres de Soacha, deberán iniciar un proceso judicial para poder ser reconocidas como tales. Su reparación se hará solo cuando ganen la batalla judicial que puede tardar varios años, mientras que las demás víctimas (las de grupos ilegales) no tendrán qué hacerlo.
 
Walter Kälin, representante del Secretario General de la ONU para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, quien estuvo de visita esta semana en Colombia, dijo que "en derechos humanos lo importante no es el victimario sino la víctima". Así cuestionó la consideración del gobierno de tratar de manera distinta a las víctimas en razón de su victimario.

4- Si una víctima accede a la reparación administrativa, que es a través del decreto 1290 emitido por el gobierno y que fija los topes económicos de la reparación, esta no podrá acudir a los estrados judiciales para demandar al Estado para obtener recursos adicionales. Si accede a la reparación por vía judicial, es decir demandando a su victimario que puede ser el Estado o un grupo ilegal su reparación deberá ceñirse al monto que fija el decreto, que en el mejor de los casos es 18 millones de pesos, cuando hay víctimas que perdieron sus tierras que pueden costar mucho más dinero.
 


 
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