Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/06/28 00:00

En tres años de detención, Plazas Vega sólo ha pasado 6 días en prisión convencional

El pasado viernes 25 de junio, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión, fue trasladado a la Escuela de Infantería, que será su sitio de reclusión. Familiares de los desparecidos del Palacio de Justicia demandarán al Inpec por no recluirlo en una prisión convencional.

El coronel Alfonso Plazas Vega sólo ha permencido 6 días de reclusión en La Picota. Foto: León Darío Peláez - SEMANA

La "prisión hospitalaria” del coronel Alfonso Plazas Vega ha sido una de las más largas y conocidas de la historia judicial en Colombia. Desde el 26 de agosto del 2009, una habitación del Hospital Militar, en el centro de Bogotá, se había convertido en su sitio de reclusión luego de que, en julio del 2008, la Fiscalía decidió privarlo de la libertad por considerarlo responsable de la desaparición forzada de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia.
 
En la noche del pasado viernes 25 de junio, en medio del mayor sigilo, Plazas Vega salió del hospital y fue recluido en una casa fiscal de la Escuela de Infantería, en el Cantón Norte de Bogotá, que será su sitio de reclusión mientras el Tribunal Superior de Bogotá estudia la apelación que interpuso su defensa a la sentencia del Juzgado Tercero Especializado, que lo condenó a 30 años de prisión por el delito de desaparición.
 
El traslado fue ordenado por Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que, en cumplimiento de la mencionada sentencia, dispuso esa guarnición militar como lugar de reclusión del oficial.
 
La decisión fue rechazada por los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, quienes recordaron que Plazas Vega ha interpuesto numerosos mecanismos jurídicos, todos ellos fallidos, con el objetivo de dilatar su proceso y de eludir la decisión de la justicia colombiana.
 
Contemplan denuncia
 
Por eso, con la sentencia del Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, los abogados de la defensa, parte civil en este proceso, contemplan denunciar al actual director del Inpec, coronel (r) Carlos Alberto Barragán, por “fraude a resolución judicial”.
 
Según los abogados de los familiares, la sentencia proferida el pasado 9 de junio del 2010 establece que Plazas Vega debe pagar su condena en un sitio de reclusión. “La escuela de Infantería no es un sitio de reclusión establecido por la legislación colombiana, y en la sentencia no se da ningún tipo de beneficio, como prisión domiciliaria o reclusión especial”, señala uno de los abogados.
 
La parte civil del proceso tampoco descarta remitir este hecho al Tribunal Superior de Bogotá “como un elemento más del incumplimiento a esta sentencia” y dejar un precedente al considerar que "los beneficios extrajurídicos” a favor del coronel (r) Plazas Vega son un irrespeto a los familiares de los desaparecidos.
 
Para ello, piensan poner en evidencia los numerosos recursos jurídicos interpuestos por la defensa del oficial para dilatar el proceso y, sobre todo, dejar de manifiesto que, a pesar de haber sido privado de la libertad desde julio del 2007, Plazas Vega sólo ha estado seis días recluido en una prisión convencional.
 
Hospital por cárcel
 
Desde cuando Plazas Vega se entregó a la justicia, el 16 de julio de 2007, en cumplimiento de una medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía, ha alternado reclusión en guarniciones militares y luego en el Hospital Militar, aduciendo quebrantos de salud física y mental, e incluso inconvenientes a su seguridad personal.
 
Sólo el 21 de agosto del 2009, luego de que Medicina Legal certificó que su estado de salud no le impide soportar una prisión, el Inpec cumplió con su traslado al pabellón R – Sur de la penitenciaría La Picota en Bogotá, el mismo donde actualmente están recluidos varios congresistas y políticos condenados o investigados por el escándalo de la ‘parapolítica’.
 
Ese día, el traslado no estuvo exento de escándalo, pues, según los familiares del oficial, agentes del Inpec “entraron a la fuerza” a la habitación del hospital, “le bajaron la pijama y lo inyectaron”. Pero otra fue la versión del Inpec, quien señaló que Plazas Vega recibió a los agentes “con gritos, lanzado sillas y fueron los propios médicos quienes tuvieron que aplicarle un calmante”, según un comunicado que el organismo penitenciario expidió para la época.
 
Plazas Vega sólo estuvo hasta el 26 de agosto, cuando, según informaron los medios de comunicación, sufrió una baja de tensión. Seis días y cinco noches estuvo una de las celdas del pabellón de ‘parapolíticos’, custodiado por dos agentes especiales las 24 horas, ante los temores de que el coronel atentara contra su vida.
 
Desde esa fecha, Plazas Vega ha permanecido interno en el Hospital Militar. Incluso a pesar de que cuatro constancias de Medicina Legal, desde ese entonces, han certificado su “buen estado de salud”.
 
El más reciente de esos dictámenes oficiales se produjo el pasado 17 de abril en el que el Instituto certifica: “... en ninguno de los exámenes se evidencia ideación delirante ni alteración sensoperceptiva (...) Los diagnósticos anotados por los tratantes en la Historia Clínica del Hospital Militar a saber, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de adaptación, (....) por definición no comprometen el funcionamiento mental superior de manera grave”. Ese dictamen concluyó en que “... no se encuentran síntomas o signos en que indiquen la necesidad del manejo intrahospitalario”.
 
Sin embargo, sicólogos del Hospital Militar han advertido que Plazas no está en condiciones de soportar una prisión en un centro penitenciario. Pero no se conoce si el Inpec dispuso su traslado a una guarnición militar sustentado en estas opiniones clínicas.
 
 
Sin beneficios
 
Pero más allá de discutir opiniones clínicas, lo que los familiares de las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia buscan es que quien ha sido declarado responsable por la Justicia cumpla una condena ajustada a la ley y sin beneficios, porque se trata de un delito de lesa humanidad.
 
Durante el proceso, las víctimas han cuestionado algunas de las gavelas que ha sido objeto el coronel Plazas Vega, quien estando sujeto a un a medida cautelar de privación de la libertad, ha tenido, desde celular las 24 horas del día, hasta la custodia y el traslado por parte de miembros del Ejército, y no de guardias del Inpec, como establece la Ley.
 
Incluso, en junio de 2009, la juez que conoció el caso de Plazas Vega se pronunció con idignación por el hecho de que el oficial en retiro siguiera ejerciendo funciones de catedrático en la Universidad Nueva Granada, pese a estar en reclusión. Daba clases de "Guerra Jurídica", y el Ejército explicó que hacían parte de su "redención de pena", argumento injustificable porque en ese entonces apenas estaba culminando la etapa de juicio, y ni siquiera había una condena en su contra.    
 
El punto final
 
Aunque la evasión de una reclusión penitenciaria ha sido una de las constantes en este proceso, el caso de Plazas Vega también será recordado como uno de los más dilatados.
 
El ex comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército tuvo ocho abogados distintos en dos años; sus defensores recusaron en cinco oportunidades a la juez María Stella Jara; en dos oportunidades reclamaron vencimiento de términos; dos hábeas corpus fueron presentados reclamando libertad inmediata; una vez se pidió el traslado del proceso a la justicia penal militar; y en una oportunidad recusó a la fiscal que investigó el caso.
 
Otros procesos paralelos en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia también se han visto envueltos por maniobras jurídicas que han buscado su dilación. Y las partes vinculadas a la investigación, más allá de fortalecer sus argumentos de defensa, han reucurrido a este tipo de recurso con el fin de evadir la acción judicial.
 
Otra prueba de ello es el proceso contra el ex comandante del B2 del Ejército, coronel Edilberto Sánchez Rubiano, y cuatro suboficiales adscritos a esta misma dependencia. Ellos siguen a la espera de una decisión de la justicia, pero hoy se encuentran en libertad por vencimiento de términos.   
 
En el caso de Plazas Vega, aún queda el recurso de apelación a la sentencia condenatoria, para que el caso del coronel llegue a su punto final. Su defensa interpuso este recurso en el Tribunal Superio de Bogotá, que a final de año podrá decidir si ratifica la sentencia de primera instancia o revoca esa decisión.
 
A esta segunda instancia le quedaría un escenario definitivo en la justicia ordinaria, como es la casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
 
Pero también hay un eventual escenario internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, tiene abierto un expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
 
Los familiares de las víctimas le han pedido a este tribunal dar tránsito del proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el argumento de las presiones que ha hecho la rama ejecutiva tras la condena en Colombia a Plazas Vega.
 
Si es la Corte, con sede en Costa Rica, la que analice el proceso, deberá determinar la desaparición de once rehenes del Palacio de Justicia es un crimen de Estado.

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